Ortiz Franco: 21 años de impunidad

La normalidad de la mañana de aquel martes 22 de junio del 2004 se quebrantó cuando empezó a circular, de manera extraoficial, la información del homicidio del editor de ZETA, Francisco Ortiz Franco. Los sicarios acabaron con su vida impunemente frente a sus dos hijos pequeños.

Primero, no parecía posible creer que una horda de criminales, traficantes, envenenadores, repulsivos, le quitaran la vida a un hombre justo, tranquilo, íntegro y ecuánime sin afanes protagónicos; al compañero periodista, al editor, al maestro.

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Inmediatamente después el golpe de realidad fue opresivo. Después, no fue posible evitar el enojo ante la injusticia.

Ortiz Franco fue asesinado a plena luz de día, a 300 metros de las oficinas principales de la Fiscalía General del Estado. Nadie fue detenido. Los homicidas abandonaron su vehículo en la misma vialidad donde cometieron el crimen, apenas unas cuadras rumbo al este, pero, aun así, las autoridades tardaron horas en encontrarla.

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Las primeras investigaciones determinaron tres hipótesis, con un lugar común: los sicarios estaban ligados al cártel Arellano Félix. Después de 21 años sin que los responsables hayan sido detenidos, juzgados y sentenciados, se evidencia que las fiscalías estatal y federal decidieron no avanzar.

En la primera hipótesis, se indicaba que el traficante Arturo Villarreal Heredia -detenido junto a Javier Arellano Félix “El Tigrillo” el 14 de agosto de 2006 y procesado en los Estados Unidos- ordenó su muerte, dado que el licenciado Ortiz Franco exhibió las relaciones del gobierno con el cártel, al publicar en un reportaje los rostros de 71 sicarios del CAF con credenciales oficiales como agentes ministeriales de la PGJE de Baja California.

La segunda era por el mismo motivo, aunque involucraba como autores materiales a agentes ministeriales del estado, con pistoleros de los Zetas, y sicarios del Barrio Logan en California. En la tercera los asesinos también eran del CAF, sin embargo, el móvil era la revisión que Ortiz Franco estaba haciendo de la carpeta de investigación por el homicidio del codirector de ZETA, Héctor Félix que involucraba a Jorge Hank Rhon.

Este sábado 22 de junio se cumplieron 21 años de la tragedia, y la respuesta de los gobiernos y sus fiscalías continúa siendo el silencio cómplice.

En este contexto, Francisco no solo fue víctima de los asesinos materiales e intelectuales del CAF que lo privaron de la vida. Muerto, las autoridades estatales y federales lo revictimizaron con la ausencia de justicia. Y esta impunidad alcanza a las otras víctimas, su familia, Gabriela, su viuda y sus tres hijos hoy adultos con vidas hechas, quienes también han sido expuestos al desdén gubernamental.

Hace cuatro años, el 15 de febrero de 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la familia Ortiz enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informando su “voluntad de iniciar un proceso de solución amistosa” con el Estado Mexicano para la reparación del daño sufrido por la familia.

En aquel momento, la CIDH remitió un comunicado al gobierno federal informando que había decidido “ponerse a disposición de ambas partes con miras a alcanzar una solución amistosa” y solicitó que la federación “tenga a bien manifestar, dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, si tiene interés en iniciar el procedimiento”. Cuatro años y cuatro meses después, el Estado sigue sin responder.

Sin la participación del gobierno, el 20 de febrero de 2025, la CIDH informó “que el caso se encuentra procesalmente listo en la etapa de fondo”, lo que únicamente significa que la CIDH podrá pronunciarse sobre el asunto “con base en la información disponible en el expediente”.

Ante el evidente desaire del gobierno federal, se le preguntó a Carlos Lauria, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) si han explorado algún otro camino para buscar el resarcimiento del daño. El representante de periodistas explicó que si la CIDH emite un informe con recomendaciones al Estado y estas no se cumplen en un plazo razonable, la Comisión podría decidir, someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así las cosas, después de 21 años, la indolencia del gobierno continúa ampliando, extendiendo, el camino de impunidad que la famlia enfrenta.

Por eso, de nuevo como se ha hecho de manera permanente desde el año 2004, esta casa editora exige a los gobierno y fiscalías estatal y federal que retomenn la carpeta de investigación que tienen en el abandono, que identifiquen a los autores materiales
e intelectuales, los procesen, que los castiguen, y que cumplan con su obligación de atender a la familia Ortiz con el respeto que merecen todas las víctimas en un país donde la libertad de expresión está amenazada.