¿Legitimados?

El viernes 13 de junio, el IEE entregará constancias de mayoría a vencedores de la elección judicial, en maratónica sesión de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde

Con una votación menor al 10 por ciento y ubicando a Baja California como una de las entidades con menor participación en el pasado proceso electoral judicial -el primero en la historia-, pareciera que la legitimación de los próximos togados, tanto a nivel local como federal, no tendrían una legitimación social como la que se pretendía plasmar con los resultados electorales.

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Sin embargo, el análisis de la reforma judicial no puede ser tan simplista como medir el éxito con la cantidad de votantes. No es por hacer malabares, pero hay cosas que los candidatos -impulsados por el acarreo gubernamental- pueden presumir, y recibir cierto nivel de legitimación… al menos entre ellos mismos.

Uno de los ejemplos más claros es la designación del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), donde evidentemente funcionó la maliciosa estrategia de beneficiar a los “candidatos comunes”.

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El nuevo tribunal, que sólo tendrá algunas modificaciones, pues la mayoría repetirá en el cargo, otorga una medición clara de que hubo traiciones internas o repudio popular. Y es que resulta incomprensible cómo el todavía magistrado presidente, Alejandro Isaac Fragozo López, quedó en penúltimo lugar, sólo por encima de Nelson Alonso Kim Salas, con 139 mil 211 y 137 mil 914 votos, respectivamente, cuando la magistrada Karina Acosta Dueñez, alcanzó los 151 mil 917 sufragios.

En teoría, el proyecto de impulsar las candidaturas comunes ofrecería una seguridad de obtener la misma cantidad de votos, pero al menos hubo alrededor de 12 mil personas que decidieron votar por la magistrada Acosta Dueñez, que por Fragozo López, pese a que este último ha sido el portero que entregó las llaves del Poder Judicial al Ejecutivo.

Esto sin contar que el mismo Fragozo López -por la naturaleza de su cargo- ha ocupado espacios mediáticos protagónicos, es entrevistado como representante del Poder Judicial y hasta se sienta con la gobernadora en los eventos políticos.

¿Traición o la subordinación les cobró factura?

Mientras, Karla Patricia Amaya y Salvador Avelar (la segunda con mayor votación y el hombre más votado en la lista) coincidentemente son amigos impulsados por el diputado Juan Manuel Molina.

Ahora, en lo que respecta a las posiciones de jueces dentro del Poder Judicial local, contamos con sufragios hasta de 13 o 14 mil votos en el respectivo partido judicial, lo que representa una legitimidad comparada con la de algunos diputados locales, como la emecista Daylín García Ruvalcaba; la petista, Yohana Gilvaja; o la legisladora del PES, Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza.

A diferencia de Gilvaja, quien forma parte del frente de Morena, aunque discursivamente se opone a gran parte de la política morenista local, la realidad es que los resultados obtenidos por jueces alcanzan o superan los nombramientos de diputados, que tienen mucho mayor ingreso para campañas, exposición mediática y una vida dedicada a la política.

Esto, sin duda, tampoco le brinda una legitimación a magistrados y jueces locales, pero sí debería hacer analizar a la oposición, bien nombrada como el PAN, PRI y MC, que sus ofertas políticas en Baja California son tan poco atractivas que reciben el mismo apoyo popular que los jueces y magistrados de Baja California.

O el caso de Francisco Fiorentini Cañedo, candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Mexicali, que recibió más de 100 mil votos, cuando un magistrado en la entidad alcanzó entre 137 y 151 mil votos.

Los partidos políticos opositores, cuya fundamentación y origen del recurso público que reciben cada año es promover la participación ciudadana, no aportaron una representación al pasado proceso electoral; no hacia un candidato específico, sino hacia el ejercicio pseudo democrático que recibimos el pasado primero de junio.

Mientras que por un lado simulan una democracia participativa, por el otro no brindan una oferta política en la que los ciudadanos se sientan identificados, y prefieren no participar con el objetivo de boicotear un proceso electoral constitucional.

Sí bien Morena no gana políticamente en este pasado ejercicio -aunque sí se apodera del Poder Judicial local y federal-, la oposición demuestra una vez más que no está a la altura del debate ni de las problemáticas sociales; y hasta en los peores escenarios electorales para los proyectos morenistas, le ganarían -en este momento- en una elección.