El ISSSTE la reduce, el ISSSTECALI en una encrucijada:
aumentarla, detenerla o disminuirla
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El 23 de junio de 2025, el Gobierno Federal rompió el paradigma previsional: anunció que la edad de jubilación para maestras y maestros del régimen transitorio del ISSSTE se congelará desde este año y se reducirá gradualmente hasta los 53 años para mujeres y 55 para hombres, en 2034. El anuncio fue presentado como una corrección histórica en nombre de la justicia social. Pero se dio sin resolver problemas torales como el pago de pensiones en salarios y no en UMAS, sin estudio actuarial, sin previsión financiera ni diálogo intergubernamental. Fue, con todas sus letras, una decisión política.
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En Baja California, donde se discute una reforma profunda al Issstecali -que incluso contemplaba elevar la edad de retiro a 68 años-, el anuncio federal sacudió el tablero. Aquí, desde 2024, ya se exige tener 60 años para acceder a la pensión por edad y años de servicio. Y para quienes aspiran a jubilarse con 30 años de contribución, aplica una tabla de gradualidad impuesta desde la reforma de 2015: en 2025-2026 se requerirá tener al menos 56 años, y la edad irá subiendo cada dos años hasta alcanzar los 60 en 2033.
Peor aún, las nuevas generaciones del magisterio estatal deberán esperar hasta los 65 años, mientras que sus pares en la burocracia lo harán a los 60. Esta diferencia carece de justificación técnica y constituye una inequidad estructural dentro del régimen.
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En 2018, el colectivo de maestras y maestros Defensa Jubilación Dinámica propuso al Congreso del Estado una salida razonada: rectificar la edad impuesta al magisterio en 2015, reconocer derechos adquiridos y dar un trato equitativo a las generaciones afectadas. La propuesta fue ignorada. Hoy, ese reclamo cobra nueva vigencia.
Además, la medida federal debilita el discurso técnico que ha sustentado las reformas en los estados. Baja California justificó su endurecimiento con base en estudios actuariales, proyecciones de esperanza de vida y sostenibilidad intergeneracional. El propio Plan de Desarrollo Institucional del Issstecali estimó que los pensionados vivirían entre 5 y 8 años tras el retiro. Pero ahora el argumento de que “no se puede” ha sido rebasado por una decisión política desde la Presidencia. Este nuevo supuesto rompe con los fundamentos sobre los que se construía la narrativa de viabilidad, y deja sin piso el tan anunciado estudio actuarial.
El decreto también pone en entredicho la jurisprudencia vigente. Durante más de una década, la Suprema Corte validó reformas regresivas apelando a la expectativa de derecho y al interés público. Hoy, sin reforma legal ni base técnica, se reduce la edad por decreto. ¿Con la nueva conformación de la SCJN seguirá vigente ese estándar constitucional?
Y mientras tanto, ¿cómo reaccionarán los trabajadores activos, los liderazgos sindicales y los pensionados ya afectados por la reforma de 2015? ¿Cómo se resolverá la encrucijada financiera si el nuevo estándar es un retiro más temprano, más justo… pero también más costoso?
Baja California tiene tres caminos: mantener su modelo actual con creciente tensión social y legal; copiar la medida federal sin planeación financiera; o construir su propio camino hacia una justicia social sostenible. Copiar sin sustento sería irresponsable. Ignorar la nueva realidad también. Y ojo: la sinrazón o el seguirlo administrando ineficiente e irresponsablemente tampoco salvará al Instituto, cuyas finanzas ya están al límite.
La justicia social no puede repartirse por gremio ni por coyuntura. No basta con rectificar lo decretado: hay que reparar lo vivido. La autonomía estatal no debe ser pretexto para perpetuar el agravio, sino oportunidad para rediseñar un modelo justo, razonado y con visión de futuro.
Porque la verdadera justicia previsional no se decreta. Se diseña. Y se sostiene. Para todos.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
