El paro magisterial avanza en Baja California Sur. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) son ya casi 230 escuelas las que se han unido a la suspensión de clases en los cinco municipios por la lucha de la abrogación de la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 2007, situación que no ha sido bien recibida por el gobernador Víctor Castro Cosío.
Y es que en un evento en el que se promocionó el voto en las elecciones del Poder Judicial en el municipio de Comondú, el mandatario dedicó unos minutos para abordar el paro magisterial y advertir a los casi dos mil 500 docentes que han detenido el servicio educativo que “se aplicará la ley”.
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“Se los digo de una vez con todas las letras, tenemos que aplicar la ley. No puedo faltar a la hora que me dé la gana y acusar al ‘Puchas’ de represor”, sentenció el gobernador.
Según información proporcionada por la SEP de Baja California Sur, hasta el momento más de 46 mil estudiantes se han visto afectados por el paro magisterial.
Por ello, Castro Cosío aseguró que en sus años de lucha por el magisterio sudcaliforniano, cuando era profesor, “jamás abandonaron a los chamacos” en las aulas y que cuentan con testimonios históricos para constatarlo.
“Y que no dejen a las niñas y los niños sin clases y alguien me dijo: ‘usted ni enseño’, tú ni nacías cuando yo estaba luchando. Así me dijo y no tiene ni 30 años”, contó.
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En este sentido, aseguró que la misma ciudadanía está pidiendo que se aplique la ley ante la ausencia de los profesores que están en el movimiento.
“No, no vamos a reprimir a nadie, sólo vamos a aplicar la ley”, justificó el mandatario sobre su decisión.
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“Que nadie se equivoque: en Baja California Sur nosotros representamos la ley y lo vamos a hacer con justicia porque es lo que queremos que cambie, pero también de allá para acá y de aquí para allá”, agregó.
Cabe recordar que el magisterio ha llevado a cabo diversas acciones, como el bloqueo del puente “Mano Amiga”, en la colonia 8 de octubre en la ciudad de La Paz, así como una asamblea en la que lamentaron las expresiones del mandatario.
A través de intervenciones en esta asamblea, donde profesores y voceros del movimiento hacían uso del micrófono, recriminaron las declaraciones de Castro Cosío y las calificaron como una amenaza contra un gremio que se supone que representa por haber sido maestro.
No obstante, recalcaron que la lucha magisterial es más grande que cualquier amenaza o represalia ya que de este movimiento depende que logren jubilaciones dignas y se garanticen un futuro sin precariedad.
Aunque coinciden en algunas demandas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Baja California Sur hay otros temas por los que también están saliendo a las calles.
Voceros como el profesor Carlos Betancourt, recalcaron que exigen que el pago de quinquenios pase a ser una responsabilidad de la Federación para que se vea reflejado en todas las prestaciones que ya reciben, puesto que, actualmente, este beneficio está a cargo de recurso estatal.
Además, demandan que ya no se les tase con base en la Unidad de Medida de Actualización (UMA), sino en Salarios Mínimos.
Se amparan contra reparto de plazas
En otro extremo de luchas magisteriales, 39 profesores, principalmente educadoras de nivel preescolar, promovieron un amparo directo en contra del reparto de plazas por antigüedad en la entidad.
Esto luego de que el titular de la SEP federal, Mario Delgada, anunció que este año otorgarán 500 plazas nuevas para Baja California Sur: 300 para personal administrativo y 200 para docentes.
Tras este anunció, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elmuth Castillo Sandoval, y el gobernador, advirtieron que el reparto de plazas se haría con base en la antigüedad.
No obstante, educadoras como la maestra Isabel Peña intervinieron para dejar en claro que la asignación de plazas debe realizarse conforme a la Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en donde se prepondera la evaluación y otros criterios antes que la antigüedad.
Isabel Peña e Ingrid González, como representante del movimiento, interpusieron el amparo directo ante los jueces de distrito de la ciudad de La Paz del Poder Judicial de la Federación (PJF) para que se haga valer la ley.
Esto ante el inicio de mesas técnicas entre el SNTE y la SEP, en donde líderes sindicales y autoridades insistieron en que el reparto se haría por antigüedad.
El amparo es contra la SEP federal y estatal para que las bases se den conforme a la lista de prelación de quienes se evaluaron y concursaron las convocatorias de admisión, de nuevo ingreso y de la convocatoria de promoción vertical 2024-2025.
Por último, las representantes del movimiento reiteraron que cualquier otra forma de asignación de bases es un acto de ilegalidad que estaría violando la Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
