Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-40′ y ‘Z-42′, respectivamente, dos ex líderes de Los Zetas, comparecieron, el 11 de junio de 2025, ante el juez Trevor McFadden, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C., donde se formalizaron los cargos en su contra, por supuestamente participar en una empresa criminal continua; conspiración de tráfico de drogas; delitos con armas de fuego; y conspiración internacional de lavado de dinero.
De ser encontrados culpables, los capos tamaulipecos -que fueron entregados a por el Gobierno mexicano, el 27 de febrero de 2025- podrían enfrentar pena de muerte, especialmente por el cargo de crimen organizado.
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Durante la audiencia, Kirk Kenneth Handrich, fiscal asistente de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), presentó un conjunto probatorio de 4.9 millones de archivos recopilados por agencias gubernamentales estadounidenses y mexicanas.
El “Z-40” compareció en persona, vestido con uniforme azul carcelario, una playera blanca debajo y lentes oftálmicos, custodiado por elementos del Servicio de Alguaciles de EE. UU. (US Marshals, por sus siglas en inglés)
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Con el cabello casi a rapa y una creciente barba, el capo tamaulipeco saludó de mano a cada uno de sus abogados. Escuchó atento las palabras del juez, del fiscal Handrich y de sus defensores. Llevaba en la mano un cuaderno rojo con varias anotaciones.
Entre los abogados del “Z-40” se encontraban Eduardo Balarezo, conocido por haber defendido a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, así como Frank Pérez, también abogado de Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”.
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El juez McFadden permitió continuar la audiencia pese a la ausencia del “Z-42”, quien no asistió por problemas de calendario. También estuvo presente Alfredo Rangel Buendía, alias “El Chicles”, otro de los acusados en el mismo expediente.
Durante la audiencia la Fiscalía de EE. UU. denunció un posible conflicto de interés en la defensa legal de los hermanos Treviño Morales, debido a que Balarezo también representaba a Gilberto Barragán Balderas, alias “El Tocayo”, otro coacusado en el caso. Ante ello, el juez solicitó una revisión de la situación, aunque el litigante aseguró que continuaría con la defensa del “Z-40”.
Según Handrich, la oficina en Houston, Texas, de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), aportó evidencia obtenida en el marco de operaciones dirigidas contra ocho objetivos prioritarios de Los Zetas, entre ellos los hermanos Treviño Morales.
El expediente incluía 490 mil llamadas telefónicas interceptadas, transcripciones de conversaciones, informes de inteligencia y documentos judiciales, evidencia adicional proveniente de las oficinas de la DEA en Dallas, Laredo y del Gobierno mexicano.
En total, según detalló Handrich, había al menos 4.9 millones de archivos identificados y todo el material -mayoritariamente en español- sería compartido con la defensa de los hermanos Treviño Morales y podría utilizarse en juicio. Asimismo, habían dispuesto traductores oficiales para garantizar el acceso equitativo a la información.
“Los acusados son los últimos tres dentro del caso que no se han declarado culpables, ¿cierto?”, preguntó McFadden. “Sí, su señoría, de los acusados que están en custodia del gobierno de Estados Unidos así es”, respondió Handrich.
El juez programó la próxima audiencia para llevarse a cabo el 14 de octubre de 2025. En esa sesión, la Fiscalía de EE. UU. prevía informar si pediría pena de muerte para los líderes de Los Zetas, renombrado como Cártel del Noreste (CDN) y que el 20 de febrero de 2025 fue nombrada como organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).
Handrich previó que para la próxima audiencia se tuvieran avances del progreso del Departamento de Justicia de EE. UU. con respecto al inicio de su Protocolo de Pena de Muerte, es decir, si pediría que los hermanos fueran ejecutados en caso de ser encontrados culpables.
“Sólo para el caso del señor Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales”, aclaró el fiscal del fiscal asistente de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del DOJ, dejando claro que para Alfredo Rangel Buendía no se contemplaba pedir la pena capital.
Según informó el diario Milenio, el 6 de junio de 2025, la defensa de los líderes de Los Zetas solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que entregaran todos los documentos y pruebas relacionados con el operativo que permitió expulsarlos -sin extradición de por medio- desde México, el 27 de febrero del mismo año.
La moción -dirigida a los fiscales Melanie Alsworth y Kirk Handrich, presentada ante el juez McFadden- fue firmada por el abogado Eduardo Balarezo, quien se acababa de integrar al equipo de defensores de los hermanos Treviño Morales; luego de haber sido abogado de “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, enemigos de Los Zetas.
“Se solicitan todos los documentos relacionados con las circunstancias que dieron lugar a la expulsión del Sr. Treviño Morales de México a Estados Unidos, incluyendo comunicaciones entre representantes de ambos gobiernos y documentos internos de agencias y oficinas del gobierno de EU, incluyendo los Departamentos de Justicia y Estado y la Casa Blanca”, indicaron los abogados de los líderes de Los Zetas.
La defensa de los hermanos Treviño Morales explicó que esto era necesario para verificar si no existieron irregularidades en torno a al procedimiento de traslado de los capos tamaulipecos a EE. UU., que se realizó sin que completaran los procedimientos de extradición que estaban en curso.
Apoyado en jurisprudencias como Brady v. Maryland y Giglio v. United States, el abogado los hermanos Treviño Morales exigió que la Fiscalía estadounidense entregara toda evidencia que pudiera resultar exculpatoria para sus clientes o que pudiera ser usada para desacreditar a los testigos del Gobierno de EE. UU.
Esto incluía historiales criminales de testigos, actos previos de mala conducta, problemas de salud mental o consumo de drogas, y cualquier declaración contradictoria. En el caso específico de las intervenciones telefónicas, la defensa de los hermanos Treviño Morales pidió que se entregara los documentos sobre cómo se solicitaron dichas escuchas, para verificar si se efectuaron con apego a la legalidad.
Mientras que en el caso de potenciales testigos colaboradores que la Fiscalía de EE. UU. ya ha dicho que contaba, la defensa pedía que también se entregaran, no solo los contenidos de sus dichos, sino la negociación realizada con ellos y los beneficios que se les habían ofrecido, en caso de estar contemplados para ser presentados en juicio.
A nombre de sus clientes, Balarezo solicitó, además, acceso a toda evidencia tangible -desde documentos, fotografías, teléfonos celulares y discos duros, hasta registros bancarios obtenidos de instituciones financieras-, que estuvieran en poder del Gobierno o de agencias federales y el Departamento de Justicia de EE. UU.
Los abogados de los hermanos Treviño Morales también solicitó revisar los elementos que el Gobierno de Estados Unidos no planeaba usar en el juicio contra sus clientes, en la medida en que pudieran ser relevantes para preparar la defensa.
Asimismo, Balarezo exigió conocer el paradero de cualquier evidencia que hubiera sido destruida, extraviada o retirada de la custodia del Gobierno de EE. UU., y solicitó que se ordenara su preservación inmediata.
El 10 de junio de 2025, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que hasta ese momento no tenia conocimiento de que fueran a declarar contra algún funcionario de pasadas administraciones.
Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el funcionario federal explicó que había varios procesos contra delincuentes mexicanos en Estados Unidos, pero que también existían otros procesos llevados por la Fiscalía General de la República (FGR).
“[…] está en comunicación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y están informándose de lo que está ocurriendo allá”, aseveró García Harfuch. “¿Creen que algún tipo de declaración involucre algún tipo de funcionarios del gobierno anteriores vinculados al crimen?”, le preguntó un reportero.
“¿Del ‘Z-40’ y ‘Z-42’? No tenemos conocimiento, pero si es así pues también nos compartirán la información [las autoridades estadounidenses], y trabajaremos con ellos”, respondió el titular de la SSPC Federal.
El 15 de mayo de 2025, el diario Milenio reportó que en el equipo de abogados de los hermanos Treviño Morales, estaban, por ejemplo, el ex fiscal federal Michael McCrum, quien en su momento estuvo a cargo del proceso en contra del entonces gobernador de Texas y aspirante a la candidatura republicana a la presidencia, Rick Perry.
Así como Manuel J. Retureta, quien había representado a Juan Orlando Hernández Alvarado -ex presidente de Honduras del 27 de enero de 2014 al 27 de enero de 2022-, y a familiares de otros ex mandatarios en acusaciones de narcotráfico.
Según el mismo rotativo, también formaban parte del equipo de abogados defensores de los capos tamaulipecos, Erich C. Ferrari, litigante especializado en el tema de sanciones económicas, lavado de dinero y derecho de seguridad nacional.
Los hermanos Treviño Morales se declararon no culpables, el 14 de marzo de 2025, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el ‘Z-40’ y el ‘Z-42’ fueron acusados de participar en una empresa criminal continua; conspiración de tráfico de drogas; delitos con armas de fuego; y conspiración internacional de lavado de dinero.
Ambos capos tamaulipecos comparecieron ante el juez McFadden, vestidos con uniforme de presidiarios de color azul y con los pies encadenados. Durante la audiencia estuvieron custodiados por elementos del Servicio de Alguaciles de EE. UU.
Uno a uno, se leyeron los cargos en su contra, y representados por sus abogados, Frank Pérez para Miguel Ángel y Clark Birdsall para Omar, los hermanos Treviño Morales se declararon no culpables, tras lo cual se estableció que iban a volver a la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C., para audiencias de estatus, o de seguimiento.
El juez federal fijó una nueva audiencia para las 14:00 horas del 13 de junio de 2025 (tiempo local). De ser encontrados culpables, los ex líderes de Los Zetas podrían enfrentar pena de muerte, especialmente por el cargo de crimen organizado.
Los hermanos Treviño Morales fueron extraditados, el 27 de febrero de 2025, a Estados Unidos, según lo informó la oficina de Martín Cuellar, sheriff del condado de Webb, ubicado en Laredo, Texas.
“El 27 de febrero de 2025 se llevó a cabo la extradición de dos miembros de alto rango del cartel, Miguel Ángel Trevino-Morales (Z-40) y Oscar Omar Trevino- Morales (Z-42), de México a Estados Unidos. La Oficina del Sheriff del Condado de Webb está instando al público a ejercer precaución al visitar Nuevo Laredo y otras partes de Tamaulipas. Incidentes anteriores han demostrado que el cartel tiende a responder con extrema violencia contra las entidades del gobierno mexicano, lo que aumenta el riesgo para los ciudadanos en Nuevo Laredo”, indicó la oficina del sheriff, en su cuenta de la red social Facebook.
“El 3 de febrero de 2025, la ciudad de Nuevo Laredo vio un dramático aumento de violencia, con batallas de armas en toda la zona. La Oficina del Sheriff del Condado de Webb está trabajando para informar al público sobre el potencial de violencia en la región. El sheriff Martin Cuellar y su equipo están bien preparados con personal calificado y tecnología de vanguardia para salvaguardar la frontera contra cualquier posible violencia que entra a los Estados Unidos. Aconseja a los viajeros tener en cuenta los problemas de seguridad y sugiere encarecidamente que los residentes locales tomen precauciones más elevadas”, agregó la citada institución texana.
La Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, acusó, el 16 de octubre de 2024, a los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-40′ y ‘Z-42′, respectivamente, dos ex líderes de Los Zetas, en ese momento presos y con procesos de extradición pendientes, continuaban dando órdenes, desde la cárcel, al Cártel del Noreste (CDN) y a las Tropas del Infierno.
“Se hizo pública una acusación formal en el Distrito de Columbia que acusa a los líderes de la violenta organización de tráfico de drogas conocida como Los Zetas, y su organización sucesora, el Cártel del Noreste (CDN), de participar en una empresa criminal continua; conspiración de tráfico de drogas; delitos con armas de fuego; y conspiración internacional de lavado de dinero”, indicó el Departamento de Justicia de EE. UU., en un comunicado.
“Según la acusación formal, Miguel Treviño Morales, de 51 años, también conocido como Z-40, y su hermano, Omar Treviño Morales, de 48 años, también conocido como Z-42, supuestamente asumieron el control de Los Zetas después de más de una década como miembros de la violenta organización de tráfico de drogas”, recordó el Gobierno estadounidense.
“Los Zetas anteriormente sirvieron como un ala militarista armada para el Cártel del Golfo para mantener el control de las rutas de tráfico de drogas en todo México. Desde que se convirtieron en líderes de Los Zetas en 2012, al que luego rebautizaron como Cártel del Noreste, los acusados suelen haber continuado su historia y patrón de uso de la violencia extrema para controlar grandes franjas del norte de México, incluso a lo largo de la frontera con Estados Unidos”, agregó el Departamento de Justicia de EE. UU.
“Con base en las acusaciones en la acusación formal, Miguel y Omar Treviño Morales fueron encarcelados en México en 2013 y 2015, respectivamente, pero continuaron controlando el CDN a través de varios medios, incluso instalando a varios miembros de la familia para dirigir las operaciones a su orden”, abundó el Gobierno estadounidense.
“Se presume que Miguel y Omar Treviño Morales son personalmente responsables de cometer decenas de asesinatos y de dirigir asesinatos, secuestros y actos de tortura por parte de miembros de Los Zetas y el CDN para promover y proteger las actividades de narcotráfico del Cártel y enriquecer a sus miembros”, reveló el Departamento de Justicia de EE. UU.
“Como se alega en la acusación formal, los acusados dirigían una organización transnacional de tráfico de drogas que era responsable de cometer actos de violencia extrema y de traficar cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia estadounidense.
“El Departamento de Justicia está comprometido a responsabilizar a los líderes de los cárteles como los acusados por envenenar a las comunidades estadounidenses y fomentar la violencia aquí y en el extranjero. También estamos comprometidos a trabajar con nuestros colegas nacionales e internacionales en este esfuerzo, y estamos agradecidos a nuestros socios de las fuerzas del orden mexicanas por su continua colaboración en este caso”, insistió Argentieri.
“Esta acusación formal sustitutiva subraya el compromiso del Departamento de Justicia de perseguir a los líderes de los cárteles de drogas más peligrosos del mundo, sin importar cuánto tiempo lleve […] Los crímenes prolíficos y los actos extremos de violencia de los acusados han causado estragos en el Distrito Este de Nueva York y en todo el país, y esperamos que los acusados rindan cuentas ante un tribunal de justicia de los Estados Unidos”.”, comentó, por su parte, Breon Peace, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York.
“Durante décadas, estos individuos han controlado una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México, cometiendo y dirigiendo la comisión de horribles atrocidades contra nuestros vecinos, el pueblo de México, y también en los Estados Unidos […] Nada es más importante que llevar a individuos peligrosos como este ante la justicia. Esperamos trabajar con el Gobierno de México para llevar a estos brutales líderes del cártel ante la justicia por los numerosos crímenes que han cometido”, indicó Jaime Esparza, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.
“La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional [HSI, por sus siglas en inglés] está con nuestros socios en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales para proteger a nuestros ciudadanos de sus acciones ilegales […] El daño causado por el cártel de Los Zetas llega mucho más allá de nuestras fronteras, dañando a las comunidades y arruinando vidas aquí en los Estados Unidos”, expresó Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de dicha institución.
“Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales”, finalizó el Departamento de Justicia de EE. UU.
Hasta ese momento, el “Z-42” se encontraba preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 12 ,“CPS Guanajuato”, ubicado en el municipio de Ocampo. Junto con su hermano Miguel Treviño Morales, también conocido como “El Z-40”, Óscar Omar era considerado como uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, sin embargo, fue detenido el 4 de marzo del 2015.
Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) aprehendieron a “El Z-42” en una residencia ubicada en la colonia Fuentes del Valle, del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde le iniciaron cuatro procesos penales.
En julio de 2019, Treviño Morales fue sentenciado en un juicio a 18 años de prisión, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por el capo -nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas-, conocido por su perfil extremadamente violento.
EE.UU. buscaba la extradición de “El Z-42”, con base en una orden de captura librada el 15 de mayo de 2009 por la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, por cargos de exportación y distribución de cocaína y mariguana.
“El 42” era uno de los 19 mandos de Los Zetas contra quienes se ordenó la captura en dicha Corte Federal estadounidense, entre ellos su hermano Miguel Treviño Morales, “El Z-40”; así como Jesús Enrique Rejón Aguilar, “El Mamito”, y Jaime González Durán, “El Hummer”.
Según la Agencia Antidrogas de EE.UU (DEA, por sus siglas en inglés), el presunto líder criminal coordinaba el tráfico de grandes cantidades de cocaína y mariguana en la frontera de Coahuila, además de que recibía dinero en efectivo de las ganancias en territorio estadounidense.
Con la captura de Omar Treviño Morales, quien a su vez fue sucesor del “Z-40”, la organización de Los Zetas se dividió en dos facciones: una liderada por Omar Lormendez Pitalua, alias “Z-10”, y la otra por Juan Francisco Treviño Morales, otro de los hermanos, y cuya célula fue renombrada como Cartel del Noreste (CDN).
Según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011, Oscar Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, y su hermano, Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, ordenaron a sus sicarios tomar el municipio de Allende, en Coahuila, en busca de cuatro de sus integrantes quienes supuestamente los traicionaron, y les robaron cinco millones de dólares.
Los líderes del Cártel de Los Zetas ordenaron masacrar a sus familiares, quemándolos y derritiéndolos en ácido. De las 300 víctimas que documentaron medios estadounidenses y Raúl Vera López, entonces obispo de Saltillo, el expediente de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila sólo reconocía a 26, basado en 61 testimonios y no en pruebas periciales, según reveló un informe del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (COLMEX), publicado en octubre de 2016.
Por otra parte, a finales de julio del 2021, el “Z-40” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 15, CPS Chiapas, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán. Antes, en marzo del 2017, Treviño Morales fue trasladado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al CEFERESO No. 9, de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
