La violencia sexual en las escuelas es un problema creciente en México, afectando a miles de niñas, niños y adolescentes (NNA) cada día. Esta crisis resalta la urgencia de crear entornos seguros que promuevan su desarrollo y bienestar. En respuesta a esta situación crítica, el 30 de mayo de 2025, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el acuerdo número 17/05/25, que establece lineamientos para la prevención y atención de la violencia sexual en la educación básica (preescolar, primaria y secundaria).
Este protocolo se centra en tres áreas clave: prevención, atención y medidas de no repetición. En la prevención, se busca capacitar a docentes y personal educativo en la identificación de signos de violencia sexual y en la promoción de una cultura de respeto y consentimiento. Se proponen programas educativos que informen a los NNA sobre sus derechos, el consentimiento y las relaciones saludables, fomentando un ambiente de confianza.
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La atención es otro pilar esencial del protocolo. Se pretende establecer mecanismos claros para la denuncia y gestión de casos de violencia sexual, incluyendo canales de comunicación confidenciales y accesibles. Estos espacios están diseñados para que las víctimas y sus familias puedan reportar incidentes sin temor a represalias, garantizando el acceso a apoyo psicológico y legal, asegurando que cada víctima reciba la atención necesaria para su recuperación.
Las medidas de no repetición son críticas para evitar que los actos de violencia sexual queden impunes. Esto implica establecer políticas disciplinarias claras y efectivas para quienes cometan tales actos, así como capacitación continua para los docentes en la gestión de estas situaciones. Sin embargo, la implementación de este protocolo enfrenta limitaciones en términos de voluntad y recursos, lo que podría complicar su efectividad.
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Un aspecto crítico del protocolo es la consideración de la trata de personas, un problema interconectado con la violencia sexual. En México, más de 112,000 niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos o no localizados desde 1964. En 2024, se registraron 2,541 casos de desapariciones de menores, un incremento del 65% respecto al año anterior. En los primeros cinco meses de 2025, se han registrado 2,785 denuncias de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años, de las cuales 1,068 siguen activas. Particularmente preocupante es la situación en Baja California, donde se estima que hay alrededor de 21,800 personas desaparecidas, según Elementa DDHH. Este contexto resalta la necesidad de un enfoque que integre la prevención de la violencia sexual con la lucha contra la trata de personas.
El 6 de junio de 2025, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el protocolo para el uso de procedimientos y recursos para el rescate y asistencia, atención y protección de víctimas de trata de personas. Este documento enfatiza la importancia de que los primeros en detectar estas situaciones sean los servidores públicos de diversas instituciones, como fuerzas policiales, autoridades migratorias y personal docente de escuelas públicas.
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Es fundamental aprovechar la oportunidad de armonizar el protocolo de violencia sexual, el cual tiene un plazo de 90 días para su implementación a partir de su publicación, estableciendo una fecha límite de cumplimiento aproximado para el 30 de agosto de 2025. Esto también permite verificar la actualización de otros documentos relevantes, como los lineamientos y cualquier otro relacionado con la seguridad escolar, asegurando así un enfoque integral hacia la protección y el bienestar de nuestros NNA.
La pregunta que surge es: ¿podría estar ocurriendo la trata de personas dentro de nuestras escuelas? Aunque el protocolo de seguridad escolar se enfoca principalmente en la prevención de la violencia sexual, su conexión con la trata sugiere que es necesario estar alertas a la posibilidad de que esta problemática también se manifieste en el entorno escolar. La detección temprana de señales de alarma por parte del personal educativo podría ser crucial para abordar este fenómeno.
Erradicar la violencia sexual y la trata de personas en las escuelas requiere un esfuerzo colaborativo. Instamos a las comunidades, padres y educadores a unirse en esta lucha, creando un entorno seguro para los NNA. Es momento de actuar y exigir que cada voz cuente en la lucha por la justicia y la protección de nuestros NNA.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
