Tal como lo aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum el 17 de marzo, no hubo una “verdad histórica” en el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, sino más bien, una “verdad política”, que es la que ha construido el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, al reiterar de una forma simple que en ese predio sólo hubo un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y no un centro de exterminio ni hornos crematorios, como lo aseguraban miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Por cierto, a partir de que se investiga este asunto, dos mujeres que formaban parte de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco han sido asesinadas. Una de ellas fue Teresita González, integrante del grupo Luz de Esperanza, quien murió días después de que fue baleada el 27 de marzo dentro de su domicilio, en Guadalajara. Y la otra, María del Carmen Morales, del colectivo que denunció los hechos del narcorrancho de Teuchitlán, junto con su hijo de 26 años, también atacados con impactos de armas de fuego en una zona barrial del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Publicidad
Los crímenes de estas mujeres que buscaban a sus hijos y hermanos desaparecidos se suman a las de otras 30 personas que en el país han encontrado la muerte por hacer la tarea que las autoridades no realizan, ya sea por inoperancia o negligencia, ya por complicidad o protección a organizaciones delincuenciales que participan de las desapariciones forzadas.
De 2010 a la fecha han sido asesinadas 32 personas buscadoras, las de los primeros años independientes, y las de 2015 a la fecha adheridos en su mayoría a algún colectivo, de los muchos que se han creado ante la crisis generada por este fenómeno criminal.
Publicidad
De acuerdo con la cantidad de casos compilados de recuentos periodísticos realizados por ZETA y otros medios de comunicación, 13 de las víctimas eran de sexo masculino, sobre todo en los inicios de este conteo, y 19 mujeres, que son quienes persisten en el rastreo y búsquedas de personas desaparecidas. Guanajuato se lleva el deshonroso y sangriento primer lugar, pues ahí se han registrado ocho de los homicidios de personas buscadoras; le sigue Jalisco, con cuatro crímenes; enseguida están Guerrero, Michoacán y Sonora, con tres asesinatos, respectivamente; Sinaloa y Zacatecas, con dos en cada entidad; y los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, tienen una muerte cada uno.
Publicidad
CRÍMENES
La noche del miércoles 23 de abril fueron asesinados a balazos una madre buscadora y su hijo de 26 años de edad, en el fraccionamiento Las Villas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. La Fiscalía Estatal confirmó los homicidios de María del Carmen Morales, de 43 años, miembro del grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales. Los hechos ocurrieron en un parque público del fraccionamiento cuando aproximadamente a las 23:30 horas dos sujetos arribaron en una motocicleta y perpetraron la agresión en contra de ambos.
La primera versión, a través de un comunicado por parte de la Fiscalía Estatal, señalaba que los asesinos llegaron directamente para disparar sobre Jaime Daniel, y cuando la madre intentó defender al joven, también fue lesionada por los agresores. Finalmente las dos personas perdieron la vida. María del Carmen buscaba a su hijo, Ernesto Julián, de 19 años, quien desapareció el 24 de febrero de 2024 en ese mismo fraccionamiento, y desde entonces formaba parte del colectivo. Durante la madrugada del jueves 24, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un comunicado en el que calificó el crimen como un ataque devastador a su organización.
Raúl Servín, representante del colectivo, exigió a nombre de madres y padres buscadores una investigación inmediata de los hechos para detener a los responsables del doble homicidio. También reclamó de las autoridades federales y estatales continuar con la búsqueda de Ernesto Julián, cuyo caso sigue sin resolver. “Pedimos a la Presidenta (Claudia Sheinbaum) que ejerza presión sobre el estado de Jalisco para que se tomen medidas concretas para prevenir la violencia y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias”, detallaba el documento.
Por su parte, la Fiscalía del Estado refirió a través del boletín de prensa que “el Ministerio Público reúne de manera exhaustiva los testimonios y evidencias para precisar el móvil del ataque contra el joven”. La dependencia aseguró que “no existen al momento elementos que indiquen que ello tenga relación con la actividad de su madre como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas”.
El comunicado fue un golpe al colectivo, que de inmediato cuestionó la rapidez del Ministerio Público para señalar que María del Carmen originalmente era ajena a la agresión. La oficina de Comunicación Social tuvo que enmendar un día después y decir que el ataque a la señora Morales se mantenía como una de las líneas de investigación, que se había malinterpretado su información.
María del Carmen participó activamente junto con Guerreros Buscadores de Jalisco en el descubrimiento de cientos de prendas localizadas en el rancho Izaguirre, en la delegación de La Estanzuela, en Teuchitlán, calificado por el colectivo como un “centro de exterminio”. Raúl Servín lamentó la muerte de su compañera de búsqueda y afirmó que ella fue amenazada en diversas ocasiones para que no buscara a su hijo. También pidió más seguridad para los integrantes del colectivo. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la Presidenta Sheinbaum lamentaron el asesinato, lanzando las clásicas frases de “se investigará” y “se hará justicia”.
GERTZ MANERO
El martes 29 de abril, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, rindió el tan ansiado informe sobre el caso Teuchitlán, que presuntamente arrojaría luz sobre los hechos ahí ocurridos durante años. El funcionario se limitó a decir que, tras concluir los análisis periciales efectuados en el rancho Izaguirre, no se encontraron elementos que confirmen que hubiera crematorios ilegales ni restos humanos, mucho menos que fuese un centro de exterminio humano. Lo que sí reiteró fue que se trataba de un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“¿Había ahí un sitio de cremación? No hay una sola prueba q e acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Se encontraron lugares, zanjas, y algunos agujeros que se han hecho donde hacían fogatas. Como había muchas dudas sobre estas zanjas y sobre estas horadaciones que había en el terreno, los peritos de la fiscalía levantaron todas las huellas de tierra, piedras, materiales de construcción, pero sobre todo de esas áreas donde podía haber habido una prueba de esa naturaleza, y no encontraron niveles de calentamiento arriba de 200 grados”, dijo Alejandro Gertz.
En cuanto a las prendas de vestir y calzado localizados en el lugar por las personas integrantes del colectivo que dio aviso el 5 de marzo a las autoridades, Gertz Manero explicó que todos esos objetos no estaban en el lugar durante el cateo realizado por la FGR en septiembre de 2024, cuando fueron detenidas diez personas tras un enfrentamiento con la Guardia Nacional, rescatados dos secuestrados y hallado un cadáver “emplayado”. Dichas prendas serán puestas a disposición de los contingentes o de las personas que así lo requieran. Agregó el fiscal que, desde 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) notificó a las autoridades de Teuchitlán sobre los actos ilícitos que se realizaban en el rancho Izaguirre, pero no hubo medidas al respecto.
Por su parte, la CEDHJ respondió a través de un comunicado que, en abril de 2021, emitió la Recomendación 104/2021 dirigida al Ayuntamiento de Teuchitlán por incumplimiento en la implementación de acciones suficientes y efectivas para la prevención de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Tras la mediatización del caso, también se abrió una investigación sobre el rancho Izaguirre y se dictó medidas cautelares para garantizar la seguridad de las personas, remitiendo las actuaciones del acta de investigación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
COLECTIVOS
Colectivos de personas buscadoras de personas desaparecidas y sus representantes, entre ellos Raúl Servín, de Guerreros Buscadores de Jalisco, calificó las conclusiones vertidas en conferencia de prensa por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como una farsa, pues pone en duda lo que las propias madres y familiares de desaparecidos vieron respecto a la incineración de cuerpos y hallazgo de restos humanos en el rancho Izaguirre. “Es una burla que nos hizo hacia nosotros, y te digo, estamos indignados. Todo lo que dijo es falso. Yo estoy dispuesto a acompañar al señor siempre y cuando decida venir y yo escarbar el lugar donde encontramos los restos de personas quemadas, para que vea legalidad, que sí hay indicios de lo que nosotros estamos hablando y no como él lo anuncia”.
Guerreros Buscadores de Jalisco rebatió la versión oficial de que no existía evidencia de que en el predio hubiera crematorios clandestinos. El colectivo publicó un video con fotografías aéreas tomadas por el satélite Sentinel-2, donde se advierten concentraciones elevadas de cenizas y una densa franja negra justo en el sitio donde presuntamente se localizaban los hornos. Se señala que las imágenes son del 22 de febrero de 2019, y no pueden ser vestigios de simples fogatas. El colectivo aseguró que habrá más pruebas que irán mostrando en días siguientes para probar que en el rancho Izaguirre sí desaparecieron cuerpos humanos a través de la acción del fuego.
Al conocer de la inconformidad de las agrupaciones de madres buscadoras por el informe presentado por el fiscal, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía es autónoma, pero escuchará a los familiares de desaparecidos que le dicen que Gertz le miente.
“Él fue muy explícito en muchos de los temas y además nuestro respeto a su autonomía y el trabajo que desarrolla. También hay que oír a las madres y ver este tema en particular que están planteando, por qué no se analizó, por qué está esta situación. Nosotros siempre hemos dicho: vamos a estar del lado de las víctimas y buscar que no haya estas contradicciones, sino que se resuelvan”, dijo la mandataria.
IZAGUIRRE RANCH
Así como se conoció de un Izaguirre Ranch, en el estado de Texas, en Estados Unidos, y que presuntamente no está relacionado con el predio ni sus dueños en Teuchitlán, ahora aparece una empresa en Georgia, en ese país, que también lleva el nombre de Izaguirre Ranch, misma que fue registrada el 22 de septiembre de 2022 como una sociedad de responsabilidad limitada nacional y que estuvo operando durante 11 meses y 16 días hasta que fue disuelta el 8 de septiembre de 2023. La compañía tenía como giro la promoción de entretenimiento, artes escénicas, deportes y eventos similares.
El agente registrado de esta sociedad es un individuo de nombre Efraín I., con domicilio en la localidad de McDonough, en Georgia, y quien tiene antecedentes de formar otras empresas en la unión americana dedicadas a la consultoría y construcción. Una persona con el mismo nombre, mismos dos apellidos, originaria de la región Valles, ha presentado demandas de amparo en juzgados de distrito de Jalisco y Colima, después del redescubrimiento del rancho Izaguirre en marzo pasado, en contra de posibles órdenes de aprehensión o presentación al Ministerio Público o jueces de Tequila y la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se desconoce la relación que tenga con el asunto.
