Apenas han pasado dos meses desde que el Gobierno del Estado se vio en medio de señalamientos por ser la entidad con mayor monto sin transparentar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no obstante, la administración de Víctor Castro Cosío nuevamente entra en el ojo del huracán por situaciones que permiten la opacidad respaldada por el Poder Legislativo.
Y es que el gobernador del Estado envió un documento al Congreso Local, en el que solicitó a la XVII Legislatura que se aprobara una prórroga de 30 días naturales para entregar la Cuenta Pública 2024 de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS).
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El 30 de abril vencía el plazo para que las instituciones presenten su cuenta, para que la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS) inicie con los procesos de fiscalización.
En sesión pública del 29 de abril, la diputada de Morena, Teresita Valentín, procedió con la lectura del documento enviado por Castro Cosío, solicitud que fue aprobada por el pleno.
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En la explicación leída por la legisladora se precisó que, en un oficio con fecha del 9 de abril, dirigido a la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Arlene Moreno Maciel, el director de APIBCS, Narciso Agúndez Gómez, dio detalles del supuesto ataque que sufrió la empresa paraestatal.
El director aseguró que sufrieron un ataque malicioso informativo por un virus, que afectó directamente los procesadores físicos de almacenamiento de datos, así como los servidores donde guardan la información.
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Sin embargo, es importante recalcar que el Gobierno del Estado y APIBCS no informaron con anterioridad sobre este supuesto ataque, solo hasta que se pidió la prórroga fue cuando este tema salió a la luz pública.
En este escenario, Narciso Agúndez argumentó que esta agresión cibernética ocasionó una grave afectación, que impide el acceso para ejecutar los sistemas administrativos y operativos de APIBCS.
Expuso al Congreso del Estado que por medio de asesoría informática externa y los medios internos de la misma empresa, se enfocan en recuperar la información que deben presentar para la fiscalización de la Cuenta Pública.
No obstante, adelantó a los legisladores que existe incertidumbre sobre si podrán recuperar toda la información ya que, advierte, pudo haberse perdido parte de ella debido a la complejidad del virus con el que se perpetró este “ciberataque”.
El Congreso del Estado precisó que el gobernador, también en su calidad de presidente del Consejo de APIBCS, recurrió al artículo 64 Fracción XIII Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, para hacer esta solicitud.
El Poder Legislativo explicó que el artículo 64 Fracción XXX Párrafo IV de la Constitución del Estado establece que solo se podrá ampliar el plazo de presentación de una cuenta pública cuando sea el Gobernador quien haga esta petición y que justifique lo suficiente esta solicitud, esto último a juicio de los diputados.
El plazo para entrega no deberá exceder de 30 días naturales y la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS) contará con el mismo tiempo adicional para la presentación de los informes de la Fiscalización de la Cuenta Pública.
De acuerdo con información del Gobierno del Estado, al año APIBCS ejerce más de 400 millones de pesos, cifra que deberá justificar ante el órgano.
Por otra parte, la administración de Víctor Castro fue señalada recientemente por la no comprobación de más de tres mil 200 millones de pesos ante la ASF.
El mandatario arremetió en contra de quienes cuestionaron los motivos por los cuales la Secretaría de Finanzas no cumplió con la documentación necesaria para demostrar el ejercicio del recurso público en la Cuenta Pública 2023.
Recientemente informó que ya se enviaron todas las pruebas para comprobar el uso de estos montos millonarios, sin embargo, falta que la ASF apruebe dicha documentación.
Ante las críticas que le costaron a Castro Cosío esta solicitud al Congreso del Estado, el Gobierno estatal envió un comunicado en el que aseguró a la ciudadanía que no hay afectaciones económicas por el ataque que sufrieron con el virus.
Asimismo, reiteraron que tampoco se registraron pérdidas de recursos públicos en la empresa descentralizada.
“La única afectación identificada consistió en el acceso temporal a la información digital, sin embargo, API-BCS cuenta con respaldo físico, contable y documental de toda la información correspondiente al ejercicio fiscal 2024, lo que garantiza certeza, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos”, expuso la instancia.
Las autoridades argumentaron que se llevó a cabo la recaptura de datos del sistema para cumplir en tiempo y forma con la entrega de la Cuenta Pública 2024, lo que motivó a pedir la prórroga de 30 días al Congreso del Estado.
“La API-BCS reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por ello se continuará brindando información veraz y oportuna a la ciudadanía sudcaliforniana, así como a las propias entidades fiscalizadoras”, finalizó la empresa.
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