La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra la Mujer por Razón de Género, vinculó a proceso a Viridiana “N” por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y feminicidio agravado en grado de tentativa, cometidos en agravio de su hija, una menor de edad informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según las investigaciones, la menor fue víctima de amenazas constantes y agresiones físicas. Uno de los incidentes más graves ocurrió en abril de 2025, cuando la imputada presuntamente golpeó fuertemente en el rostro a la menor, lo que provocó que se desvaneciera. Posteriormente, la agredió mientras se encontraba en el suelo, siendo auxiliada en ese momento por un testigo.
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Fue a través de la Fiscalía Especializada, en conjunto con los oficiales de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad de Género, se cumplimentó el pasado 13 de mayo una orden de aprehensión contra la imputada en el municipio de San Quintín, Baja California.
Durante la audiencia inicial, la agente del Ministerio Público presentó ante el juez de control los datos de prueba que establecen que Viridiana “N” ejerció de manera reiterada violencia psicológica y física contra su hija de 7 años, desde el mes de febrero hasta el 9 de mayo de 2025.
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En un segundo hecho, el 9 de mayo de 2025, la víctima fue nuevamente agredida física y psicológicamente. De acuerdo con las investigaciones, la imputada llevó a la menor a un barranco en el fraccionamiento San Ramón, donde la arrojó a una profundidad aproximada de cinco metros, dejándola abandonada y lesionada. No logró privarla de la vida, ya que la menor logró incorporarse y regresar, lesionada, a su hogar. Fue al día siguiente cuando la menor pidió ayuda a una persona, quien reportó los hechos a las autoridades.
Como resultado de las investigaciones, el 12 de mayo se libró una orden de aprehensión contra Viridiana “N”, la cual fue cumplimentada gracias a la rápida actuación de los agentes investigadores.
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En audiencia celebrada el 14 de mayo de 2025, el Juez de Control resolvió vincular a proceso e imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de otorgar un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
