La imputación penal al presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la operación de los ranchos Izaguirre y La Vega como campos de adiestramiento criminal, contradice algunos de los datos aportados por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, durante los dos informes públicos rendidos sobre el caso, en los meses de marzo y abril, dejando en duda la verdad sobre los acontecimientos registrados en esos predios en los años recientes.
Con toda firmeza, el fiscal Gertz declaró en conferencia de prensa el 29 de abril de 2025 que el rancho Izaguirre, en la delegación La Estanzuela, en Teuchitlán, Jalisco, sí era un centro de entrenamiento del grupo delictivo, pero que se descartaba que hubiese existido la cremación de cuerpos o la localización de restos humanos. Si acaso, dijo, había una vasija con algunos fragmentos de huesos con mucha antigüedad.
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Sin embargo, al ser imputado el alcalde Ascensión Murguía, conocido en el pueblo como “Chon”, esas versiones quedan en entredicho, pues el Ministerio Público Federal, dependiente de la FGR, es quien, en su teoría del caso, en los alegatos de apertura dio a conocer datos relevantes de la carpeta de investigación.
El edil por el partido Movimiento Ciudadano, odontólogo de profesión, que cumplía su tercer mandato al frente del municipio enclavado en la región Valles de Jalisco, a 60 kilómetros de Guadalajara, fue aprehendido la tarde-noche del sábado 3 de mayo por agentes ministeriales de la FGR en las inmediaciones de su domicilio. Murguía circulaba a bordo de una camioneta Ford F-150 de color rojo, de su propiedad, cuando dos camionetas de color blanco le cerraron el paso y le obligaron a descender. Sus interlocutores iban encapuchados, pero con ropas distintivas de la Policía Ministerial Federal, provenientes de Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de la Ciudad de México.
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La camioneta de Chon quedó abandonada en el sitio. Vecinos dieron aviso a las autoridades y a su familia. Tras un compás de espera, se enteraron casi a las diez de la noche que su nombre aparecía en el Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); su estatus señalaba: “En traslado”. El nombre y la descripción coincidieron; no había error y se trataba del alcalde, quien esa noche fue internado en la Comisaría para Sentenciados del Estado de Jalisco, antes Centro de Reinserción Social (CRS), en vez de la Comisaría de Prisión Preventiva, a manera de protección.
La madrugada del 4 de mayo, el abogado Carlos Rodolfo Santos Zabalegui presentó una demanda de amparo indirecto para conocer el paradero, los motivos de su privación de la libertad de Ascensión y que no fuese incomunicado, pues desconocía detalles de la captura. Por ello señaló entre las autoridades responsables al director general de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado de Jalisco y muchas otras. El juez de amparo ordenó localizar al alcalde en comandancias, cárceles municipales, prisiones militares, hospitales y los penales de Puente Grande para que ratificara la demanda promovida en su favor. En el CRS, Chon negó estar incomunicado y no ratificó la demanda de garantías.
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Ese domingo, a primera hora, fue programada la audiencia de imputación en el Juzgado de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Federal, en Puente Grande, Jalisco, donde Ascensión fue presentado con la misma ropa con la que fue detenido: playera color guinda, pantalón de mezclilla y zapatos de color negro. Ahí, el Ministerio Público de la Federación le imputó su probable participación en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas en agravio de la sociedad, presentando cuatro cajas con datos de prueba, principalmente documentales.
Durante la audiencia de imputación, que inició con unos 40 minutos de retraso, al preso le fue designada una defensora federal pública, ante la ausencia y falta de nombramiento de abogado particular. Un fiscal imputó a Murguía tener relación con miembros del CJNG, como José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Comandante Lastra”, y Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo” o “El 90”, con quienes se reunió en diversas ocasiones entre abril y junio de 2024, siendo alcalde saliente de Teuchitlán. Ya como presidente municipal reelecto, Chon se habría encontrado con Lastra en una brecha que conduce de San Marcos a Etzatlán, para pactar un pago de 70 mil pesos mensuales para facilitar la operación de la agrupación delictiva en su demarcación.
El fiscal señala que un testigo es quien aportó dicha información y que para tales reuniones utilizaban teléfonos celulares económicos que desechaban para no dejar evidencias. Otro de los señalamientos, por parte de otro testigo, destaca que Chon llegó a acudir presencialmente al rancho Izaguirre, lugar donde el 18 de septiembre de 2024 la Guardia Nacional se enfrentó a balazos con miembros del CJNG, allanó el predio, detuvo a diez de los sicarios, rescató a una persona secuestrada y localizó a otra sin vida, emplayada en plástico.
Señala el testigo citado en la carpeta de investigación por el Ministerio Público, que en una de esas ocasiones, entre 15 y 20 días antes del enfrentamiento, Lastra y José Ascensión llegaron de madrugada al rancho Izaguirre y despertaron a un sujeto apodado “El Rojo”, para que abriera una fosa con una retroexcavadora y arrojara una bolsa con órganos y restos óseos.
Otro señalamiento refiere que el presidente municipal prestaba elementos de la Policía Municipal de Teuchitlán con sus armas de fuego de cargo para que realizaran tareas de vigilancia en las inmediaciones de los ranchos y así detectar a los reclutas que se fugaban.
Mientras que el testigo aseguró que en el rancho Izaguirre se obligaba a las víctimas a comer carne humana como parte del adiestramiento, en el rancho de La Vega, ubicado a unos 26 kilómetros del primero, en la delegación La Vega, a los reclutas les obligaban a elaborar drogas sintéticas.
Por lo anterior, el fiscal federal imputó al alcalde en su forma de intervención como “autor material y directo” de las actividades criminales descritas en alegato de apertura. Al tocarle turno para defenderse, Chon se reservó el derecho de hacerlo y en cambio solicitó a la juzgadora le permitiera hablar con su abogado particular, pues no había tenido oportunidad.
La jueza de control autorizó la llamada al imputado y decretó un receso de dos horas, tiempo en el que el litigante Carlos Rodolfo Santos Zabalegui fue autorizado como defensor y solicitó imponerse de las actuaciones argumentando que no conocía la carpeta de investigación. Para reanudarse la audiencia, el Ministerio Público Federal pidió a la juzgadora que no hubiese presencia de medios de comunicación, tema que se acordó con el defensor y el imputado. La jueza informó a periodistas que la audiencia se celebraría puertas cerradas. señalando como excepción al principio de publicidad lo establecido en el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La audiencia continuó, hubo otro receso y tras la nueva reanudación, ésta se prolongó pasadas las seis de la tarde. En ella se resolvió como medida cautelar que Murguía quedara en prisión preventiva en el centro penitenciario de Puente Grande. Al preguntar la juzgadora al imputado por las opciones del término constitucional para resolver su situación jurídica, Chon, previa consulta con su defensor, se acogió a la ampliación del plazo a 144 horas, las cuales vencen mañana sábado 10 de mayo, pero en caso de no haber datos de prueba que ofrecer, podría resolverse el viernes previo.
Trascendió que la orden de aprehensión contra el presidente municipal fue dictada desde el 25 de marzo, pero las autoridades federales, a quienes les fue obsequiado el mandamiento judicial, no lo habían ejecutado, sin que se conozcan las razones.
José Ascensión Murguía Santiago ha sido alcalde de Teuchitlán en tres periodos: la primera como abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de 2012 a 2015; la segunda, por Movimiento Ciudadano (MC), de 2021 a 2024; y la última, por reelección para el periodo 2024-2027 por el mismo instituto político.
CONTRADICCIÓN DE GERTZ
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, ha hablado en tres ocasiones del caso Teuchitlán: dos de ellas a manera de informe, y otra, durante una de las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Al fiscal siempre le urgió descartar que se tratara de un centro de exterminio y que hubiese crematorios, luego de que llegara la presión internacional por las impresionantes imágenes de cientos de pares de calzado, ropa y mochilas encontradas en el rancho Izaguirre por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, hechos que el 5 de marzo último fueron puestos en conocimiento de las autoridades, a pesar de que éstas habían intervenido el rancho el 18 de septiembre de 2024, tras las diez personas detenidas en balacera y de lo que ya se ha escrito.
En el primer informe rendido el miércoles 19 de marzo de 2025, Gertz Manero, aún sin tener la carpeta de investigación en sus manos, acusó a las autoridades estatales de haber incurrido en diversas irregularidades y no realizar una investigación exhaustiva del operativo sobre el caso Teuchitlán. Habló de la falta de rastreo de indicios, identificación de huellas, no hacer el registro de las prendas de vestir y calzado localizados en ese sitio y de permitir que les robaran tres vehículos asegurados en el rancho. Esa vez confirmó el hallazgo de restos humanos, pero dijo no tener más datos, por lo que no podía asegurar que el lugar era utilizado como un campo de exterminio.
Sin embargo, Gertz expresó en esa ocasión que se llegará a la verdad del caso pese a que el asunto estaba muy manoseado: “Yo creo que hay tal cantidad de información y de pruebas que la verdad va a salir; pero sin lugar a dudas, yo no tengo ninguna duda y se lo digo por experiencia. Cuando los asuntos han sido ya tan tratados y han tenido tanta participación, inclusive con las fallas que pueda haber por lo que haya sucedido anteriormente, el cúmulo de datos da un resultado generalmente muy cercano”.
Habló también de policías del municipio de Tala involucrados, los cuales fueron detenidos días después, al igual que Lastra.
El 8 de abril, en la mañanera, el fiscal, ya con la responsabilidad de la indagatoria, pero sin avances aún de las investigaciones, afirmó que hasta ese momento no había indicios de que en el rancho Izaguirre hayan existido hornos crematorios. “Nosotros tenemos ya en este momento la ubicación: primero, mandamos a hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente; le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información”.
Finalmente, en el segundo informe, el martes 29 de abril, Alejandro Gertz se mostró ufano con su conclusión: Ni crematorios ilegales, ni restos humanos en el predio.
“¿Había ahí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Se encontraron lugares, zanjas, y algunos agujeros que se han hecho donde hacían fogatas. Como había muchas dudas sobre estas zanjas y sobre estas horadaciones que había en el terreno, los peritos de la fiscalía levantaron todas las huellas de tierra, piedras, materiales de construcción, pero sobre todo de esas áreas donde podía haber habido una prueba de esa naturaleza, y no encontraron niveles de calentamiento arriba de 200 grados”, dijo el fiscal.
Ante las prendas localizadas en el rancho por las madres buscadoras, aseguró que no estaban ahí durante el cateo realizado por la FGR en septiembre de 2024 y reiteró que serán puestas a disposición de los contingentes o de las personas que así lo requieran.
Lo que no ha aclarado el fiscal Gertz Manero es si ese predio seguía en uso del grupo criminal, pues así podría desprenderse del retiro de los tres vehículos, que tal vez no fueron robos, sino “retirados” tranquilamente por sus dueños. Además, vecinos de La Estanzuela aseguran que todavía unos días antes de que estallara el escándalo, al poblado llegaban jóvenes a bordo de taxis con sus pertenencias. “Se hacían hasta tres cuadras de fila de taxis dejando personas con sus mochilas, luego venían en camionetas por ellos”, declararon.
Los colectivos rechazaron las declaraciones del fiscal y consideraron el informe como una burla que los hacía quedar mal parados, después de haber localizado los objetos y por lo menos seis lotes con restos humanos. También refutaron las pruebas de calor con fotografías tomadas por el satélite Sentinel-2, que evidencian concentraciones elevadas de cenizas y una densa franja negra justo en el sitio donde supuestamente se usaron los crematorios clandestinos.
Ahora la detención del alcalde José Ascensión Murguía arroja datos de que en el rancho si hubo o se llevaron restos humanos, según lo dice la propia acusación del Ministerio Público. Y la versión de que a los reclutas les daban a comer carne humana.
POLÍTICOS Y DELINCUENTES
De lo que hay duda, aunque el tema ya no fue abordado por Alejandro Gertz Manero, es de que en el rancho Izaguirre hubo omisiones y quizá complicidades para no investigar: La autoridad federal que se deslindó de su participación tras la balacera del 18 de septiembre, donde el primer respondiente fue la Guardia Nacional. La posterior integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Estatal de Jalisco por el secuestro y homicidio que se descubrieron en el sitio. Era el final de la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y los funcionarios de seguridad y procuración de justicia por él nombrados.
De la omisión de procesar la totalidad del predio se pretende inculpar a una agente del Ministerio Público del fuero común que estaba adscrita a la Delegación de la Fiscalía en Tequila, Jalisco, Ana Berenice Zúñiga Vargas, quien al parecer ya no labora en la dependencia. Sin embargo, quien encabezó las acciones fue la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD), Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, quien repitió en el mismo cargo en la nueva administración del ahora gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro, a partir del 6 de diciembre de 2024.
También recaería responsabilidad en funcionarios como el exfiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz; el ex coordinador estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, y que ahora en Morena forma parte del equipo de Citlalli Amaya, en la Secretaría de las Mujeres; el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano; el director de la Policía Investigadora; comandantes; jefes de grupo; policías ministeriales; funcionarios y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); así como policías municipales, algunos de los cuales ya fueron detenidos por colaborar entregando a jóvenes detenidos al CJNG.
Algunos de los funcionarios referidos ya son investigados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco desde el 12 de marzo, cuando el titular de esa fiscalía especializada, Gerardo de la Cruz Tovar, inició una carpeta de investigación. Las pesquisas se toman en cuenta desde el operativo de septiembre pasado, cuando la Guardia Nacional intervino el rancho, pero dejó la custodia a la Fiscalía de Jalisco. Las pesquisas incluyen citaciones a exfuncionarios y servidores públicos incluso de alto nivel, que sean señalados en las irregularidades del caso del rancho Izaguirre.
Por lo pronto, el excoordinador general operativo de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Héctor Daniel Hernández Salazar, ya presentó una demanda de amparo en contra de actos del fiscal Anticorrupción y del titular de la Agencia 02 de Ministerio Público de ese mismo órgano por presuntas omisiones al “no informarle por escrito los hechos que se le imputan dentro de una carpeta de investigación (la menciona), así como la clasificación jurídica de tales hechos”. Sin embargo, del oficio que adjunta el quejoso se observa que el agente del Ministerio Público que señala como responsable le entregó, a través de un dispositivo USB, copia digitalizada de la totalidad de las constancias de la citada carpeta de investigación y se corroboró que los documentos transferidos al dispositivo de almacenamiento electrónico se podían visualizar.
Mientras eso ocurre en el sector público, de los narcotraficantes nadie habla. De Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que estaría detrás del reclutamiento forzado y voluntario de jóvenes para ingresar a las filas del grupo criminal. De su lugarteniente, Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo o El 90, que presuntamente es el que operaba los ranchos de la Región Valles de Jalisco, entre ellos el Izaguirre y La Vega, teniendo como su brazo derecho al hoy detenido José Gregorio Lastra Hermida, El Comandante Lastra. Tampoco la FGR informa de las acciones para detener a otros jefes de células o grupos élite como Ricardo Ruiz Velazco, “El Doble R” o “El Tripa”; o Audias Sandoval Flores, “El Jardinero”. Todos ellos encargados de operar para el cártel en Puerto Vallarta, Michoacán, Nayarit y Zacatecas.
La FGR se conforma con informar genéricamente que hay 15 detenidos por caso Izaguirre, como lo hizo el fiscal Gertz Manero el martes 8 de abril. El titular de la FGR se limitó a decir ese día que a esas 15 personas se les acusa de delincuencia organizada: “Hubo una serie de detenciones del fuero común en las cuales a estos individuos ya se les había iniciado un procedimiento por delitos del fuero común. Entonces todas estas personas ahora están involucradas en delincuencia organizada y llevan un proceso paralelo; pero es la misma persona, no son personas diferentes”.
