La exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur, Rosalva Cuadras López, fue sentenciada a tres años de prisión, esto luego de que se diera un fallo condenatorio en su contra por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción inició una investigación en contra de la exservidora pública debido a que se detectó que, el 9 de septiembre de 2021, se autoliquidó con un millón 718 mil 212.73 pesos.
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Estando aún en el cargo, la exdirectora se otorgó este monto por concepto de “liquidación por término laboral”, sin que el Consejo del INVI tuviera conocimiento.
Rosalva Cuadras, quien fue funcionaria de esta institución durante el mandato del exgobernador panista, Carlos Mendoza Davis (2015-2021), además de cumplir estos tres años en prisión, también deberá devolver el monto con el que se autoliquidó y estará inhabilitada para ejercer en cargos públicos por 10 años.
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El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, Lenin Ortiz Amao, enfatizó que se trata de un avance muy importante ya que es la primera sentencia condenatoria que logra la institución que dirige.
No obstante, el fiscal aclaró que Rosalva Cuadras podrá apelar la decisión del juez ante una instancia superior.
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El artículo 280 del Código Penal de Baja California Sur establece que el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades puede ser sancionado con una pena de entre dos y diez años de prisión y una multa de entre 30 y 40 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA).
Cabe mencionar que aunque la Fiscalía solicitó una sentencia de ocho años de prisión como sanción para Cuadras López, el juez determinó una pena de tres años.
El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, comentó que se trata de un tema que está en manos del Poder Judicial, no obstante, enfatizó que no se tolerará la corrupción y que continuarán investigando.
Castro Cosío subrayó que quien robe tendrá que pagar las consecuencias; sin embargo, hizo hincapié en que cada caso debe demostrarse y comprobarse y, si hubo “mala fe” por parte de un servidor público, se sancionará conforme a la ley.
“Mis respetos a todos, pero tenemos que seguir investigando. La corrupción no se tolera, es muy fácil acusarnos, incluso a un servidor; prueben y yo, con todo gusto, si he cometido un acto equivocado, ahí les dejo. Yo he luchado con decencia toda mi vida”, declaró.
