El 7 de diciembre de 2023, el Gobierno Federal publicó los “Lineamientos para el Protocolo de Erradicación del Acoso Escolar en Educación Básica”, un marco normativo detallado, integral y con perspectiva de derechos humanos, para atender la violencia escolar en sus múltiples formas: física, verbal, psicológica, social, sexual y ciberacoso. Este esfuerzo normativo obliga a todas las autoridades educativas estatales a emitir o actualizar protocolos locales en un plazo máximo de 90 días, para armonizar leyes y procedimientos con un enfoque restaurativo y preventivo.
Sin embargo, a más de 14 meses de esa publicación, Baja California sigue sin cumplir este mandato fundamental. Las leyes locales, como la Ley de Educación del Estado, la Ley de Seguridad Escolar y la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar, permanecen desactualizadas, fragmentadas y en conflicto con los Lineamientos federales. Tampoco se ha actualizado el protocolo integral estatal que garantice la protección, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar que diariamente se reportan en nuestros planteles.
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La violencia en las escuelas de Baja California no es un problema menor ni anecdótico. Se manifiesta de múltiples formas: desde agresiones físicas directas y maltrato verbal, hasta exclusión social, acoso sexual y un creciente fenómeno de ciberacoso que afecta el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes. Estos actos vulneran derechos fundamentales y afectan el desarrollo académico y personal de miles de estudiantes.
Los Lineamientos federales establecen que la atención debe ser inmediata y coordinada, con un cuerpo colegiado en cada plantel escolar responsable de intervenir, documentar, canalizar y dar seguimiento a los casos. Esto incluye la elaboración de actas de hechos, cartas de compromiso con agresores y tutores, así como la implementación de medidas restaurativas que involucran a toda la comunidad escolar, siempre respetando la dignidad y evitando la revictimización.
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Además, se exige un sistema estatal de registro y monitoreo estadístico de los casos, base imprescindible para diseñar políticas públicas informadas y efectivas. También se promueve la vinculación interinstitucional con instancias de salud, procuración de justicia y servicios sociales, para brindar atención integral a víctimas y agresores.
No obstante, Baja California carece de este sistema, y la falta de recursos humanos, técnicos y presupuestales es evidente. Los esfuerzos han sido dispersos y carecen de la urgencia que demanda la realidad cotidiana de nuestras escuelas.
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El Congreso local, responsable de reformar y armonizar la legislación estatal, también ha mostrado inacción frente a este desafío. No se han aprobado reformas que atiendan el mandato federal, ni se ha garantizado el financiamiento necesario para un protocolo efectivo. La opacidad y la falta de compromiso político prolongan la indefensión de miles de estudiantes.
Esta omisión no sólo incumple con una obligación legal, sino que prolonga el sufrimiento de niñas, niños y adolescentes, comprometiendo su derecho a una educación libre de violencia y a un desarrollo integral. La prevención y erradicación del acoso escolar requieren voluntad política, recursos adecuados y coordinación interinstitucional urgente.
Hacemos un llamado firme y claro a la Secretaría de Educación de Baja California, al Congreso del Estado y al Ejecutivo Local, para que en cumplimiento del Acuerdo federal publiquen y apliquen ya una armonización legislativa y emitan un protocolo estatal integral conforme a los Lineamientos. Deben destinar presupuesto, formar equipos especializados y garantizar la participación de madres, padres, tutores y la comunidad en general.
Los Lineamientos federales no son una opción, sino una obligación inaplazable que busca reconstruir la convivencia escolar en un entorno seguro y respetuoso. Solo con voluntad, transparencia y trabajo conjunto podremos erradicar el acoso escolar y proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes.
Baja California no puede seguir esperando. La educación y la dignidad de nuestra niñez exigen acción inmediata.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
