Las investigaciones por irregularidades en la contratación de una empresa financiera mediadora para lograr un crédito bancario para el Ayuntamiento de Los Cabos, ha desembocado en la solicitud oficial por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción para que el Congreso del Estado retire el fuero constitucional a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Alondra Torres, y al subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal del Gobierno del Estado, Ariel Castro Cárdenas.
La Fiscalía Anticorrupción hizo llegar la solicitud a la Mesa Directiva de la XVII Legislatura, hoy encabezada por la diputada presidenta, Arlene Moreno Maciel (PT), para que inicien con el trámite del juicio de procedencia.
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Desde hace meses, integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, así como el fiscal Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, han estado presionando para que se elimine la figura del fuero constitucional, establecida en el artículo 159 de la Constitución Política de Baja California Sur.
A pesar de que contaron con el apoyo de la diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, para que el tema entrara en discusión, éste fue bajado del Orden del Día en octubre de 2024, debido a que no hubo consenso por parte de Morena, PT y aliados.
“Al solicitar el retiro de la protección constitucional en contra de los dos servidores públicos, y en caso de proceder dicha solicitud, la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur podrá ejercer la acción penal correspondiente ante los tribunales del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, y llevarlos ante la justicia para que respondan por actos de corrupción”, enfatizó la dependencia.
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Ahora, debido a que los diputados de Morena y PT impidieron la erradicación de esta figura que evita que decenas de funcionarios en la entidad sean procesados penalmente, la Fiscalía debe insistir por un juicio de procedencia.
Ariel Castro y Alondra Torres son investigados en una carpeta por el delito de abuso de autoridad por simulación, previsto y sancionado por el artículo 276 del Código Penal para el estado de Baja California Sur, en agravio del Ayuntamiento de Los Cabos.
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En este sentido, el Fiscal Anticorrupción ha subrayado que el fuero constitucional es excesivo en el estado, al grado de que no sólo el gobernador, presidentes municipales y diputados gozan de esta protección, sino también secretarios, subsecretarios, directores generales, jueces, magistrados, consejeros de la judicatura, procurador, subprocuradores, fiscales, regidores, síndicos y hasta delegados municipales.
EL DELITO QUE INVESTIGAN
La Fiscalía precisó que Alondra Torres y Ariel Castro anteriormente fungieron como servidores públicos en el XIV Ayuntamiento de Los Cabos, como síndica municipal y secretario general respectivamente.
Se les señala por haber tenido participación directa con autorización, celebración y firma de un contrato con una empresa dedicada a la gestión de servicios de trámites financieros, para que sirviera como intermediara en la asesoría, gestión y contratación de un crédito simple a corto plazo en 2022.
Sin embargo, esta empresa nunca llevó a cabo dicho servicio financiero al Gobierno Municipal que en ese momento lo encabezaba como alcalde, Óscar Leggs Castro.
A pesar de que se detectó que no otorgó la gestión ni ninguna intervención para que la contratación del préstamo bancario, autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos procedieron a pagar a la compañía un total de 14 millones 170 mil 560 pesos.
En enero de 2025, la Fiscalía Anticorrupción logró ya la vinculación a proceso del exalcalde, Óscar Leggs Castro, y del extesorero de Los Cabos, Martín Talamantes, por este mismo caso, luego de que evadieran la audiencia inicial en más de una ocasión.
Es por ello en que la instancia puntualizó que la solicitud de procedencia de ejercicio de la acción penal en contra de los servidores públicos que cuentan actualmente con el llamado “Fuero Constitucional” es una obligación legal que la Constitución Política de Baja California Sur concede a la Fiscalía Anticorrupción.
“El no hacerlo se estaría en contra del mandato Constitucional y de la propia ciudadanía de Baja California Sur, en virtud de que es un derecho humano que la sociedad viva libre de hechos de corrupción”, recalcó la instancia.
Las autoridades buscan ejercer acción penal ante los tribunales del Poder Judicial del Estado ya que, reiteran, el fuero no permite avanzar con las diligencias correspondientes para resolver este caso.
Ahora la XVII Legislatura del Congreso del Estado cuenta con la carpeta de investigación y deberá responder a la solicitud del juicio de procedencia.
TORRES OBSERVA PERSECUCIÓN POLÍTICA
En réplica ante los diversos señalamientos por el juicio de desafuero solicitado, la diputada del PT, Alondra Torres, afirmó que observa que hay persecución política en su contra; sin embargo, dijo confiar en las leyes y advirtió que todavía hay un proceso por agotar.
Declaró que, con respecto a este caso, tanto ella como su familia se han enfrentado a afectaciones políticas, sociales, emocionales y económicas por la forma en la que se maneja la información en medios de comunicación o por cómo se difunden.
Calificó estos actos como una desventaja y que incluso observa alevosía en la forma en que es presentada ante la sociedad.
“Yo les informo la ciudadanía que hay un proceso: que obviamente yo tengo el derecho a réplica, yo tengo el derecho a mi defensa, yo tengo el derecho a desahogar y a saber qué se me está imputando porque hasta el momento yo no conozco el fondo del asunto porque no he sido notificada”, dijo.
En este escenario, Alondra Torres enfatizó en que ella, como síndica municipal en la administración de Leggs Castro, no tenía ninguna facultad ejecutiva y que su deber era firmar los puntos de acuerdo aprobados por el Cabildo.
“Ya que se me notifique, que se haga el trámite entraremos a materia de estudio legal, jurídico y apegado a la ley. Simplemente se me ordena por un punto de acuerdo que firme un contrato… Creo que es por la firma por lo que el fiscal viene a tocar la puerta”, argumentó.
“Hay un proceso que agotar todavía; no es que ya se vaya a llevar aquí y ya venga por mí la patrulla espiritual, es un procedimiento que internamente hay que agotar”, agregó.
Recordó que el Congreso del Estado realizará una especie de juicio, donde ella tendrá la oportunidad de presentar medios de prueba, anticipando que “a lo mejor nos llevamos una sorpresa”.
“Confío en el derecho y apegada a la ley, a la norma; así es como llevaré este debido proceso. Yo con la frente en alto como siempre y vamos a ver qué dice la historia”, compartió.
“Más adelante van a tener datos; hay que ser respetuosos, yo también voy a ser respetuosa en el proceso. Créanme que al final de la historia yo también voy a hacer varias aclaraciones con respecto a lo que me estás preguntando”, añadió.
Para finalizar confirmó que no solicitará licencia ya que, expone, al separarse del cargo continúa manteniendo el fuero constitucional.
HABRÁ IMPARCIALIDAD: GARANTIZA PRESIDENCIA DEL CONGRESO
La diputada presidenta de la Mesa Directiva, Arlene Moreno Maciel, aseguró ante medios de comunicación que habrá imparcialidad y que actuarán con transparencia en el juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.
“Realmente no tenemos decisiones al respecto. La ley es muy clara, le vamos a dar proceso como lo dicta la ley; esta Presidencia, cuando se tomó, yo lo dije: voy a ser abierta, voy a ser plural al diálogo y voy a darle proceso a todo lo que se tenga que turnar”, manifestó.
“Va a ser todo hecho con transparencia, como lo dije en mi discurso: independientemente de la filiación política, se van a hacer las cosas tal cual se apega al marco normativo”, dijo.
Moreno Maciel garantizó que en breve subirán la solicitud de la Fiscalía al Orden del Día para que inicie el proceso.
“No nos piden una fecha, digamos, la solicitud no está en solicitud inmediata para el proceso; yo bien podría aguantarlo un mes, dos meses, esto va a estar en el Orden del Día”, insistió.
Asimismo, aclaró que, aunque pertenece al PT, al ser presidenta de la mesa directiva se separa de la fracción para atender con imparcialidad todos los casos, incluyendo esto; sin embargo, desde una perspectiva personal considera que no había necesidad de algo como un desafuero en contra de Alondra Torres.
“Yo en lo personal no veo necesidad de algo tan grande como un desafuero, ese es mi punto de vista, pero es como diputada y no como presidenta; yo como presidenta mi facultad es ser imparcial, dirigir los trabajos y escuchar los votos a favor y en contra de los compañeros que se cuenten, que se turne a la comisión correspondiente, que se haga la Comisión Instructora y que se haga todo el procedimiento”, dijo.
Cabe recordar que ya hay dos antecedentes de desafuero en Baja California Sur: en la XVI Legislatura se quitó esta protección al entonces diputado, Juan Pérez Cayetano, y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Elías Camargo, por denuncias de delitos sexuales.
Tras formar una Comisión Instructora, tendrán un plazo de 45 días hábiles para resolver con una extensión de otros 15 días. Posteriormente se presentará un dictamen que será sometido a votación por el pleno y ahí se definirá la situación de Alondra Torres y Ariel Castro.
“Tengo que darle el respeto y la soberanía a nuestro Congreso y las facultades que a él se le atribuyen; esa es mi postura, así me siento como presidenta porque tengo una labor muy importante que hacer por y para los sudcalifornianos”, comentó Arlene Moreno.
“Lo que yo considere o no de la persecución, creo que es irrelevante; yo ahorita simplemente como presidenta le voy a dar proceso con prontitud, con transparencia, lo voy a pasar a la Comisión correspondiente. No voy a hacerme de la vista gorda, voy a hacerlo lo más rápido posible; debió de haber estado el día de hoy en el Orden del Día”, finalizó.
El Semanario ZETA buscó la réplica del subsecretario Ariel Castro Cárdenas antes del cierre de esta edición, sin embargo, no hubo respuesta satisfactoria; el funcionario argumentó estar en reuniones que son parte de su agenda como subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal.
