La mina “El Boleo” ha iniciado el proceso de una solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con el objetivo de que se les autorice una ampliación de superficie de explotación dentro del predio propiedad de la empresa.
Actualmente tienen una concesión vigente por 13 años, por lo que pretenden expandir el terreno de extracción de minerales (como cobre, cobalto y zinc) de más de 446 hectáreas a más de 757, según el documento ingresado en Semarnat.
Publicidad
“El proyecto corresponde a 757.325107 (hectáreas), divididos en 26 polígonos, para la extracción de minerales mediante minado superficial, para la extracción de cobre, cobalto y zinc, los cuales serán procesados dentro de la planta de beneficio existente, ya con autorización en materia de impacto ambiental distinta a la de la presente solicitud, S.G.P.A.-DGIRA.DDT.-2395.06, la cual cuenta con la infraestructura y servicios para el manejo de recursos y residuos”, expone la empresa en su petición a la dependencia federal.
Minera y Metalúrgica El Boleo S.A.P.I. de C.V. pide autorización para usar los polígonos que se encuentran en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, recalcando que esta actividad económica está permitida por el Programa de Manejo.
“El Proyecto tiene considerado realizar actividades de minado superficial durante 13 años de explotación, lo cual considera las etapas de preparación del sitio, actividades de explotación minera, cierre y abandono, paralela y progresivamente”, indicaron.
Publicidad
Detallaron que implementarán la técnica de Backfill en etapa de cierre y abandono, simultánea a la explotación, esto para dar continuidad a lo previamente autorizado en materia ambiental. De esta manera rellenarán las áreas antes de avanzar a otra zona, progresando con la restauración ecológica.
Actualmente “El Boleo” pretende extraer anualmente 30 mil toneladas de cobre fino, 800 de cobalto metálico y mil 187 de sulfato de zinc monohidratado, esto tras el tratamiento de 18.7 millones de toneladas métricas secas de mineral al año.
Publicidad
Cuentan con más de mil 49 millones de dólares para inversión y operación; de este monto se reserva un cinco por ciento para restauración y cuidado ambiental.
“Las nuevas áreas de explotación del Proyecto no serán adicionales en cuanto a producción a las áreas previamente autorizadas, sino más bien serán un sustituto a las mismas, sin incrementar la capacidad de producción previamente autorizada para planta de beneficio”, precisan en el proyecto.
Por lo anterior, la empresa argumentó que no habrá necesidad de modificar la planta de beneficio, la cual continuará con la infraestructura existente y los servicios con que actualmente cuenta para el manejo de recursos y residuos.
Dentro del polígono de explotación se identifican seis tipos de vegetación: matorral desértico, micrófilo, matorral sarcocaule, matorral sarco-crasicaule, mezquital xerófilo, vegetación de galería y vegetación halófila xerófila, así como un tipo de vegetación secundaria arbustiva correspondiente a matorral sarcocaule.
La empresa propone realizar el rescato total de las plantas pertenecientes al estrato cactáceo, ya que, subraya, son especies de importancia ecológica. Asimismo, se ofrece para rescatar el 100 por ciento de las especies que aparecen en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Con respecto a los impactos residuales, “El Boleo” identifica 12 en la preparación de la zona, siete en la exploración minera y dos en el cierre y abandono.
“Considerando los impactos acumulativos, 42 corresponden a la etapa de preparación del sitio y 28 a la etapa de explotación minera. Los impactos sinérgicos identificados en la etapa de preparación del sitio fueron 15, mientras que durante la explotación minera son 13 y sólo uno en la etapa de cierre y abandono”, describió en la MIA.
Para ello, “El Boleo” trazará programas para prevenir o minimizar los impactos ambientales que se generen con la actividad minera durante los 13 años que quedan a la concesión.
GOBIERNO ESTATAL RESPALDA AMPLIACIÓN
El subsecretario de Economía del Gobierno del Estado, Alonso Gutiérrez Martínez, confirmó que la administración estatal respalda el que se mantenga activa esta empresa en el norte de Baja California Sur, esto por los beneficios económicos que ha traído principalmente para más de mil 800 familias de Santa Rosalía.
“Nosotros como Gobierno del Estado somos coadyuvantes para que haya más desarrollo, para que haya más empresas. Tengo entendido que la minera ‘El Boleo’ requiere de toda esa expansión para poder seguir manteniendo la productividad dentro de sus empresas”, dijo.
“Somos muy apegados a lo que dice la ley; si la empresa lo que está solicitando está muy apegado a la ley y se lo permite el Gobierno Federal, nosotros estaremos apoyando e impulsando esta empresa para que siga manteniendo e, incluso, que genere nuevos empleos”, agregó.
En este escenario, Alonso Martínez añadió que el objetivo es que esa parte del territorio sudcaliforniano pueda tener mayor crecimiento.
Por ello, directivos de “El Boleo” se han reunido ya con el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, para plantear todas las necesidades para que siga operando la mina.
“La verdad es que es un número muy interesante de trabajadores que tiene esa minera, para nosotros es muy importante que se mantenga. Estaremos de parte de ellos para que las autoridades federales puedan otorgar lo que ellos ocupan de permisos para seguir ejerciendo su trabajo”, declaró.
Cabe recordar que en junio de 2021 se llevó a cabo una Consulta Pública, que tuvo el 80 por ciento de abstención en la participación de las y los habitantes de las comunidades de San Bruno, Heroica Mulegé, Santa Rosalía y San Ignacio.
12 mil personas podían votar para decidir si se aprobaban o no los permisos de ampliación de 446 hectáreas la zona de extracción de cobre y cobalto por otros 16 años más.
Apenas dos mil 481 ciudadanos acudieron a votar; de estos, el 89 por ciento dio su aprobación para que continúen las actividades mineras de “El Boleo”, por lo que el entonces Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la Semarnat dieron su “visto bueno”.
Cecilia Fischer, colaboradora de la organización y colectivo Mantén Loreto Mágico, y residente de Loreto por más de cuatro décadas, expuso la otra cara de la moneda, que contrasta con el beneficio económico:
Durante años, en la comunidad de Loreto se ha estudiado el impacto que ha tenido la actividad minera en “El Boleo”, destacando que hay estudios que confirman que existe un alto grado de contaminación no sólo en las playas de Santa Rosalía.
“Nos preocupa muchísimo qué está pasando con nuestro vecino del norte porque estamos directamente adjuntos a ellos por la vía marítima, la vía terrestre y compartimos votos en el Congreso del Estado”, comentó.
Recordó que es la tercera vez que solicitan un proceso ante Semarnat; la primera vez fue cuando la abrieron, la segunda fue cuando pidieron una ampliación a la concesión vigente en 2021 y la tercera ocurre ahora.
“En el caso de la mina de ‘El Boleo’, ésta tiene un desecho directo hacia el mar constantemente. No sabemos qué tiene; el Instituto Politécnico Nacional en 2011 y 2013 tomaron muestras de la costa de Santa Rosalía en 17 puntos y también 18 kilómetros alejados de la costa para saber qué había ahí y cuándo llegó ahí”, comentó.
En este escenario, expuso que a través del análisis de los grupos de metales pesados que se encontraron en las muestras en las playas de Santa Rosalía se pudo determinar el proceso metalúrgico que los produjo, ya que esos metales pesados no se hallan juntos naturalmente.
Todo esto se convierte en una firma de quién los produjo: “El Boleo”, con niveles altamente contaminantes de arsénico, cadmio, cobalto y plomo, según la activista.
Expuso que es estos cuatro metales, por la forma en que se hace la medición tiene un índice geológico del departamento de medio ambiente de Estados Unidos, y los niveles que son encontrados en las playas de Santa Rosalía, están entre cinco y seis, que son desde “moderadamente contaminante” a “irreversiblemente contaminante”, lo que califica como severo.
“Es indudable que las playas de Santa Rosalía han sido contaminadas por la mina ‘El Boleo’ que está operando en este momento”, reiteró.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha hecho más de 20 o 30 publicaciones para explicar qué es lo que pasa cuándo contaminas tu medio con metales pesados.
Con este antecedente, con recursos propios de la comunidad, contrataron a investigadores del IPN para hacer esta misma investigación dentro de las playas del Parque Nacional Bahía de Loreto, particularmente las que apuntan al norte, donde pudiera haber un arribo de sedimentos.
Cecilia Fischer confirmó que el estudio arrojó que la misma firma de metales pesados encontrados en San Rosalía ya había llegado a las playas de Loreto, con una concentración inferior en un nivel tres y cuarto.
“Esta información tiene que ser tomada en cuenta cuando una industria, cualquiera que sea, quiere hacer una continuación de su trabajo en ese sitio para que se hable. ¿Por qué llegó eso ahí? ¿Cómo van a evitar que llegue eso ahí?”, enfatizó.
En 2021, cuando “El Boleo” pedía su ampliación a Semarnat, activistas como Cecilia Fischer pidieron que se aplicara el Acuerdo de Escazú, firmado por el Gobierno Mexicano en conjunto con otros países de Latinoamérica, debido a que se está concesionando el territorio a empresas mineras sin que se explique qué sucede con el agua, con la tierra, con el aire; recalcando que la ciudadanía tiene derecho a que no se le mienta, que sea convocada y se comparta toda la información.
Sin embargo, denuncia que hace casi cuatro años se negaron a aplicar el Acuerdo de Escazú para explicar a la gente de Santa Rosalía, no querían hablar de esto e incluso se mintió diciendo que no había ningún tipo de contaminación.
“¿En qué momento el dinero de la mina El Boleo se volvió más verde, más útil que la generación de empleo de otras industrias que también cohabitan ahí y se necesitan? Sin mencionar que el pescado y la almeja es una forma de proteína necesaria”, cuestionó.
“Todos han peleado a su manera esto y les ha tocado ver cómo sus casas se cuartean y olores que sufren por los minerales que acumula la empresa. Tal vez no había leyes apropiadas hace 80 años, la LGEEPA lleva existiendo en una forma muy robusta desde 1991. No se vale que sigamos tratando a la gente como cuando ni siquiera existían leyes laborales para proteger que los niños no llegaran a las minas o que las mujeres no podían votar”, aseveró.
