Desde el lunes 31 de marzo, 111 aspirantes a diversos juzgados y magistraturas del Décimo Quinto Circuito de BC, salieron a campaña en redes sociales y medios de comunicación
Lo que inició como una rabieta y un capricho político por parte del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que provocó ríspidas protestas e inconformidad por parte de la alta burocracia judicial de México, esta semana comenzó a materializarse: la elección judicial.
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El pasado lunes 31 de marzo arrancó formalmente el periodo de campaña para que juristas de diversos ámbitos arranquen el proceso para obtener la simpatía de ciudadanos, pero principalmente de los gobiernos que tiene la capacidad de movilizar las estructuras electorales del país.
Durante la primera semana hemos visto abogados litigantes, jueces y magistrados, mostrando sus facetas “populares”, exhibiendo la perspectiva que tienen sobre lo que la ciudadanía busca en un representante del Poder Judicial. Algunas de las campañas son acartonadas, otras, insultantes; pero ninguna de ellas está centrada en garantizar justicia. Bromas, albures y hasta el uso de ciertos atributos físicos, son parte de la oferta jurídica del país, donde se está tomando la banalidad como un requisito para ocupar cargos dentro del Poder Judicial de la Federación.
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Pero también ha sido una oportunidad para que personas inconformes con los resultados de sentencias o de abusos perpetrados desde el Poder Judicial, sean expuestos públicamente. El pasado los persigue a todos.
El Décimo Quinto Circuito, que corresponde a Baja California, cuenta con un total de 111 aspirantes a magistrados y jueces federales, de los cuales prácticamente la mitad aspira a ocupar espacio en las salas de segunda instancia.
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En la lista podemos ver a ex funcionarios del PAN y Morena, principalmente; también a perfiles ligados a los actuales gobiernos. Todos tienen la intención de colocarse en los espacios de poder mediante el voto popular, pues en este circuito sólo se cuenta con 17 espacios para jueces de distrito y 14 magistraturas.
A diferencia de los topes de campaña de aspirantes a puestos locales, los magistrados y jueces federales tendrán topes de campaña modestos, pues según el INE, aspirantes a ministros, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y del Tribunal de Disciplina, podrán gastar un tope de un millón 468 mil 841 pesos, mientras que magistrados regionales electorales, podrán erogar 881 mil 304.80 pesos, magistrados de circuito y de apelación 413 mil 111 pesos; y jueces federales sólo con 220 mil 326 pesos.
Entendiendo que los aspirantes a togados a nivel federal tendrán un mes más de campaña, pues los aspirantes a magistrados y jueces locales iniciarán campaña hasta el 29 de abril, el recurso público que tienen como gasto máximo de campaña, confirma que sus pocas herramientas de comunicación y acercamiento con la sociedad serán a través de redes sociales. Y, por ende, el acceso a la ciudadanía -sobre todo la más vulnerable- se reduce de manera sustancial.
El gobierno morenista colocó las carpas para convertir la elección de funcionarios judiciales en un circo, pero también los mismos juristas están definiendo la calidad de las campañas que se están realizando, bajo la óptica de obtener simpatías por encima de beneficios para los justiciables.
Para el siguiente mes, cuando los aspirantes a magistrados y jueces locales se unan a la campaña, veremos el nivel de exposición que tendrán aspirantes para obtener la simpatía del electorado que no se encuentra consciente de las dimensiones de la decisión, y no propiamente por su culpa, sino por el improvisado ejercicio emprendido por el gobierno morenista.
