Alrededor de diez procesos sancionatorios por el caso Fisamex continúan vigentes en la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP), así como en el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California.
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El caso Fisamex se refiere a los contratos que fueron otorgados por las Comisiones del Agua en la administración estatal de Jaime Bonilla Valdez a la empresa Romafam S.A. de C.V. (conocida comercialmente como Fisamex) para que hiciera dictámenes sobre consumo de agua y conexión de servicios a usuarios industriales y comerciales.
Dictámenes que permitieron a las Comisiones del Agua obtener ingresos por 1,810 millones de pesos y a Fisamex cobrar más de 354 millones. A la postre, la administración estatal regresó lo cobrado a usuarios industriales y comerciales que ganaron juicios contra los dictámenes de Fisamex.
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Un Informe Específico de la Auditoría Superior del Estado dio cuenta de que la contratación fue ilegal y los dictámenes elaborados por Fisamex no presentaron “una sofisticación técnica” que justificara importes pagados por cada uno.
A pregunta expresa de ZETA, la titular de la SHFP, María Gabriela Monge Pérez, dijo que en la dependencia que encabeza existen siete procedimientos por falta no grave, y hay tres asuntos por falta grave en el TEJA, que contemplaría abuso de funciones.
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En los aproximadamente siete casos en la Secretaría de Honestidad, en algunos casos ya se desarrolló la audiencia. Mientras que, una vez que el TEJA recibe el expediente, inicia el proceso administrativo y cuando reúne todos los elementos y cierra la instrucción emite resolución.
Hasta el momento dichos asuntos no han sido resueltos, por lo que María Gabriela Monge no proporcionó más detalles en atención a medios.
No obstante, la funcionaria indicó que las personas involucradas podrían hacerse cargo a sanciones que van desde una amonestación privada o pública, una suspensión, una destitución hasta una inhabilitación. O una resolución de no elementos.
