A pesar de cuestionamientos en su contra, varios candidatos a juzgadores pasaron los filtros de “idoneidad” de los diversos comités de evaluación de los tres poderes, fueron avalados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y aparecerán en las boletas del 1 de junio de 2025, como candidatos a jueces de Distrito y magistrados de Circuito.
Algunos son o fueron abogados de narcotraficantes, otros son jueces con sanciones administrativas, además de que hay aspirantes que son miembros de cultos religiosos, con denuncias por violencia de género o acoso, o con acusaciones de portación de arma de fuego y posesión de droga, hasta los que son acusados de asesinato.
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Diversas organizaciones no gubernamentales, como o Defensorxs, Artículo 19, Laboratorio Electoral, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Práctica: Laboratorio para la Democracia y el Observatorio Sonora por la Seguridad, entre otras, han detectado perfiles no idóneos, entre quienes pretenden ocupar un cargo de elección popular en el Poder Judicial de la Federación (PJF) o en los poderes de impartición de justicia locales.
Por ejemplo, Francisco Herrera Franco, ex fiscal regional de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, durante la administración del entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo, competirá en la próxima elección judicial, pese a haber sido señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y estar supuestamente relacionado con el asesinato de dos periodistas.
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Según el listado definitivo de candidaturas, aprobado el 21 de marzo de 2025, por el INE, Herrera Franco aparecerá en la boleta electoral del circuito 11 del estado de Michoacán, postulado por el Poder Legislativo para ocupar un cargo como juez federal en materia penal.
Ello a pesar de que Herrera Franco fue destituido de su cargo en la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en mayo de 2022, luego de que se filtraron unos audios donde se le escuchaba presuntamente pactando con un líder criminal de la entidad.
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Pese a lo anterior, en el sistema del INE llamado “Conóceles” -plataforma en la que los ciudadanos pueden consultar los perfiles de las y los candidatos al PJF- Herrera Franco asegura que una de sus propuestas es trabajar en contra de “la impunidad y la corrupción [que] han sido problemas determinantes para un distanciamiento entre los ciudadanos y los jueces”.
Ciudadanos acusaron al entonces fiscal regional de operar para el grupo conocido como “Cártel de los Cristaleros”, ligado al Cártel de la Familia Michoacana, que opera entre los límites de Michoacán y el Estado de México. Este grupo es señalado por la fabricación, tráfico y venta de metanfetamina, además de extorsiones, despojo de propiedades y cobro de piso.
Una llamada entre el entonces fiscal regional de Apatzingán y Edwin Rivera Padilla, alias ‘El Barbas’, presunto líder criminal en el oriente de Michoacán, derivó en el despido de Herrera Franco.
Según la agencia de noticias local 90 Grados, en esta llamada Herrera Franco y Rivera Padilla -asesinado junto a otras 19 personas en un palenque clandestino en Zinapécuaro- discutieron sobre un homicidio cometido por un miembro del grupo de “El Barbas”, y le pidieron ayuda al entonces fiscal regional de Zitácuaro.
En la llamada, Herrera Franco aconsejó a su interlocutor que su socio se entregara para simular un delito culposo y no uno cometido con dolo. Al finalizar la llamada, Rivera Padilla agradeció la ayuda al fiscal regional, manifestando que “sabe que estoy ‘al cien’ con usted, lo que pida se le trata de apoyar, yo sé que usted igual”. A lo que el funcionario estatal respondió: “Ya sabes que jalamos bien”.
Armando Linares López, director del medio digital Monitor Michoacán, fue asesinado el 15 de marzo de 2022, al interior de su domicilio particular, ubicado en el cruce de las calles Miguel Carrillo y México 68, en la colonia Carabanchel, en el municipio de Zitácuaro. El comunicador era jefe de Roberto Toledo, quien también fue ejecutado el 31 de enero del mismo año.
Linares López denunció amenazas en su contra, así como contra el medio digital que dirigía, debido a varias notas periodísticas en las que señalaba actos de corrupción de políticos y del ex fiscal regional de la FGE en Zitácuaro.
En entrevista para Milenio, el periodista reveló que el medio digital Monitor Michoacán había recibido amenazas desde 2021, luego que denunció actos de corrupción del Gobierno de Zitácuaro, cuyo presidente municipal era Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela -militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, y de quien era el fiscal regional, Herrera Franco.
“Las amenazas eran prácticamente para todo el equipo de Monitor Michoacán, las cuales comenzaron hace un año cuando exhibimos una corrupción del fiscal regional, que estaba en Zitácuaro, Francisco Herrera Franco”, aseguró Linares López.
“Las amenazas surgieron hace poco más de un año y tres meses cuando empezamos a exhibir algunas situaciones graves con el ex fiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrara Franco, quien fue señalado por el ahora autogobierno de las comunidades de pretender invitarlos a que se unieran a una célula delincuencial”, agregó el periodista.
“Posteriormente llega la nueva Administración municipal y estas amenazas se hicieron más fuertes, estas llamadas eran muy continuas y muy directas de que le bajáramos en tono con el fiscal como con el Gobierno”, abundó Linares López, en entrevista con la periodista Azucena Uresti Mireles, en Radio Fórmula.
“Tras varios años de sembrar el pánico y abusar del poder conferido, este martes trascendió que Francisco Herrera Franco ya no es el fiscal regional de Zitácuaro, en lo oscurito y por la puerta de atrás, el hasta hoy fiscal de este municipio fue cambiado al municipio de Apatzingán, según fuentes extraoficiales de esa dependencia. Su lugar será ocupado por Alberto Núñez Mora, quien desempeñó ese mismo cargo en Uruapan”, publicó Monitor Michoacán, el 3 de noviembre de 2021.
Tras el asesinato de ambos comunicadores, el medio digital Monitor Michoacán tomó la decisión de cerrar en definitiva sus plataformas, al asegurar que “las autoridades deben actuar oportunamente y no esperar a que un periodista sea asesinado”.
Otro caso que la organización Defensorxs advirtió era el de la candidata a juez penal en Chihuahua, Silvia Delgado, aspirante al distrito 12 en la elección local, propuesta por el Poder Ejecutivo, quien se integró al equipo de defensa de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, en agosto de 2016.
“Durante su participación en el caso, promovió un amparo en diciembre de 2016 solicitando una cobija adicional para su cliente, argumentando que las bajas temperaturas en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 9 de Ciudad Juárez afectaban su bienestar”, acusó la ONG.
“En enero de 2017, también denunció que un custodio del penal acosaba a Guzmán Loera durante las revisiones, aunque otro de los abogados del equipo desmintió que el narcotraficante hubiera denunciado haber sufrido acoso sexual”, indicó la organización no gubernamental.
Defensorxs asegura que la aspirante trabajó con los abogados José Refugio Rodríguez Núñez y Andrés Granados Flores, quienes también fueron los principales defensores de “El Chapo” en México, incluyendo su proceso de extradición.
“Bajo la coordinación de estos abogados, su papel consistió en servir como enlace directo con Guzmán Loera, revisando amparos interpuestos y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica”, apuntó la ONG.
“Estoy convencida que para ser juez no sólo se necesita preparación, se requiere carácter y temple para tomar las decisiones de manera imparcial, pero sobre todo: darle el valor que se merecen las personas”, afirmó, sin embargo, la candidata a jueza en su propaganda.
Otro de los aspirantes considerado por Defensorxs como “altamente riesgoso”, es Fernando Escamilla Villarreal, quien busca ser Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Cuarto Circuito (NL), a pesar de que ha sido abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, “Z40”, y Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”, líderes de Los Zetas extraditados a Estados Unidos.
En 2016, según recordó la ONG, fue detenido y sentenciado en primera y segunda instancia, por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Resoluciones que dejó sin efecto, con un amparo en el que alegó deficiencias procesales.
Otro abogado con antecedentes penales es Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a Juez de Distrito en Materia Penal por el Cuarto Circuito de Nuevo León, quien en 2023 fue detenido con un arma de fuego y 17 dosis de droga.
Defensorxs señaló también a Job Daniel Wong Ibarra, candidato a magistrado de Circuito en Materia de Trabajo por el Tercer Circuito de Jalisco, quien es ministro de la Luz del Mundo y ha defendido públicamente al líder de esa organización religiosa.
Un aspirante más con un pasado polémico es Francisco Martín Hernández, candidato a magistrado de Circuito en Materia Penal por el Primer Circuito de la Ciudad de México. En 2013, cuando era juez penal en Jalisco fue denunciado por trabajadoras del PJF por abuso sexual, investigado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y destituido de su cargo en 2015.
Un aspirante más con antecedentes por delitos sexuales es Edgar Agustín Rodríguez Beiza, quien aspira a ser magistrado de Circuito en Materia Penal por el Primer Circuito de la capital de la República.
En 2017, Rodríguez Beiza, quien es Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número dos del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, fue acusado de abuso sexual por una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas.
Otro de los candidatos considerado por Defensorxs como “altamente riesgoso”, es Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, candidato a magistrado de Circuito en Materia Mixta por el Quinto Circuito de Sonora, quien fue coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, de 2021 a 2024.
“Durante su gestión en el sistema penitenciario de Sonora ocurrieron múltiples incidentes graves, incluyendo la muerte sospechosa de una reclusa, intoxicaciones masivas y filtración de drogas en penales. Además, tiene vínculos empresariales con funcionarios penitenciarios, lo que genera un posible conflicto de interés”, señaló la ONG.
Otro aspirante es Andrés Montoya García, quien busca hacerse con la Magistratura del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, y es hermano de José Antonio Montoya García, ex Policía Judicial de Sonora acusado de ser el autor material de la desaparición en 2005 del periodista de El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota.
Montoya García se desempeñaba como subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora y él mismo ha reconocido que se reunió con el reportero, especializado en temas de narcotráfico, el día de su desaparición.
“A pesar de estos antecedentes y de diversas menciones en investigaciones periodísticas, Andrés Montoya García nunca ha sido formalmente investigado o procesado por el caso”, insistió la organización no gubernamental.
Además está Margarita Garzón Munguía, candidata a Jueza de Distrito Mixta por el Quinto Circuito de Sinaloa, quien el 9 de septiembre de 2014 atropelló y asesinó a una persona mientras manejaba maquillándose.
En tanto que María del Socorro Pérez Córdova, candidata a magistrada de Circuito en Materia Penal por el Cuarto Circuito de Nuevo León, fue removida de su cargo como Jueza de Control por liberar en 2017 a tres presuntos violadores.
Según reportes periodísticos, Pérez Córdova ordenó la liberación de los acusados, con el argumento de que no se justificaba que hubieran sido detenidos por familiares de los afectados, quienes posteriormente los dejaron en manos de las autoridades.
También, como candidatos altamente riesgosos, Defensorxs identificó a Madián Sinaí Menchaca Sierra, candidata a magistrada en Materia Administrativa en el Tercer Circuito de Jalisco; Betzabeth Almazán Morales, aspirante a Jueza de Distrito en Materia Civil por el Tercer Circuito de Sonora.
Mientras que Jacqueline Silva Betancourt, candidata a Jueza de Distrito en Materia Mixta por el Segundo Circuito del Estado de México, fue suspendida en marzo de 2025, por el Consejo de la Judicatura Federal, tras haber sido exhibida reteniendo a un trabajador de su juzgado y solicitándole la renuncia.
Asimismo, según lo reveló la organización no gubernamental, en diciembre de 2024, ya se había iniciado una investigación administrativa en su contra por acoso laboral.
Estas tres personas, además de Cinthia Teniente Mendoza, quien busca ser magistrada en materia de trabajo en el Décimo Sexto Circuito en Guanajuato, fueron denunciadas por Defensorxs ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que no cumplen con el requisito de “buena reputación”.
