Tal y como lo anunció previamente, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de la XVII Legislatura del Congreso del Estado, Arlene Moreno Maciel, ha enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia la solicitud del juicio de desafuero contra la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Alondra Torres, y el subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal, Ariel Castro.
La diputada presidenta precisó que la Comisión correspondiente deberá realizar ahora un dictamen, en un plazo de 15 días hábiles, en el que se argumente si hay elementos o no para proceder con el juicio de procedencia que pidió la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur.
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“Ya no está en mis manos, yo lo que acabo de hacer ahorita cuando lo turné es pasar digamos el balón a la siguiente cancha. ¿Quién es la siguiente cancha? La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia”, reiteró.
En caso que se dictamine que el juicio procede, se turnará a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para formar una nueva comisión, que se integrará por tres diputados y diputadas de la XVII Legislatura.
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“Aquí lo que yo creo es que se tiene que revisar (el expediente); para eso se turna, para que se revise: yo no te puedo decir si está bien integrado o no, porque los que lo van a revisar son los de la Comisión”, detalló.
La Comisión Instructora contará con 45 días hábiles para presentar un nuevo dictamen, incluso pueden solicitar una extensión de otros 15 días.
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El proyecto deberá definir si se procede con el desafuero de Torres y Castro o no, y deberá alcanzar un mínimo de 14 votos para ser aprobado.
En este sentido, Moreno Maciel afirmó que este asunto debe quedar finiquitado antes de que termine el periodo ordinario en junio de este año.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción señala a Torres y Castro, quienes fungieron como síndica municipal y secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos en 2022, por el pago de más de 14 millones de pesos a una empresa que debía fungir como intermediaria financiera para que el gobierno municipal consiguiera un crédito; sin embargo, no realizó ningún servicio y aun así se erogó este monto.
Por este caso ya están vinculados a proceso el exalcalde y extesorero de Los Cabos, Óscar Leggs Castro y Martín Talamantes.
Alondra Torres ha mencionado que confía en las leyes y que este asunto conlleva una persecución política en su contra, mientras que Ariel Castro no ha respondido a la solicitud de réplica precisando que primero revisará el asunto de fondo para dar declaraciones sobre lo que se le imputa.
