El exalcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, y la contralora del Gobierno del Estado, Sonia Murillo Manríquez, lograron que el juez de control les otorgara un aplazamiento para las audiencias iniciales, esto ante el hecho de que, tras más de dos años de investigaciones, por fin fueron llamados para comparecer ante la justicia sudcaliforniana.
Lo anterior por carpetas de investigación que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción abrió por diversos casos.
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En la situación específica de Sonia Murillo, hay distintas situaciones que la Fiscalía Anticorrupción señala en su contra.
Anteriormente se dio a conocer que Murillo Manríquez, quien fungió como contralora durante la administración del exgobernador panista, Carlos Mendoza Davis (2015-2021), era investigada por una supuesta relación con el caso de “Viajes Perla”.
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Esta empresa que servía como agencia de viajes recibió contratos por hasta 200 millones de pesos, según declaraciones del gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, durante el sexenio panista.
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El conflicto
La Fiscalía Anticorrupción detalló que esta agencia era propiedad de un familiar del exsecretario de Finanzas, Isidro Jordán Moyrón, por lo que advirtieron un conflicto de interés que valió la vinculación a proceso del exfuncionario del gabinete de Mendoza Davis, esto por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento del Gobierno del Estado.
Sin embargo, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que en esta ocasión Sonia Murillo está siendo señalada por el delito de peculado debido a que, supuestamente, cada diciembre se autootorgaba bonos de un recurso etiquetado.
En su primera comparecencia con el juez de Control, la también exdiputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) argumentó un cambio de representantes legales, por lo que se otorgó un plazo para que su nueva defensa pudiera estudiar la carpeta de investigación.
Por ello, la audiencia inicial de Murillo Manríquez se difirió, fijando el 16 de mayo como la nueva fecha para determinar si es vinculada o no a proceso.
Rubén Muñoz y Punta Norte
En la misma situación se encuentra el expresidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, quien se desempeñó en el cargo desde 2018 hasta 2021.
El caso por el cual ha sido llamado ante las autoridades judiciales es por las investigaciones que se abrieron por una presunta aprobación ilegal de permiso de cambio de uso de suelo al proyecto inmobiliario “Misión Punta Norte”.
El 25 de marzo de 2021, el Cabildo del XVI Ayuntamiento de La Paz realizó una sesión pública en la que se aprobó el cambio de uso de suelo al promovente del consorcio, Sinow Century 21.
Esta decisión del Cabildo de La Paz otorgaba la autorización final que la empresa necesitaba para iniciar con la construcción de más de dos mil 600 viviendas en predios ubicados cerca de la carretera hacia la comunidad de San Juan de la Costa.
Misión Punta Norte pretendía poner a la venta casas en más de cuatro mil 600 lotes para más de mil 500 personas; sin embargo, con el cambio de gobierno municipal en 2021 y la llegada de Milena Quiroga Romero a la alcaldía se advirtió un “pequeño detallito”.
La autorización de cambio de uso de suelo que dio el Cabildo de Rubén Muñoz fue calificada de inmediato como ilegal por Quiroga Romero, ya que el máximo órgano municipal no cuenta con facultades para otorgarla, por lo que el Ayuntamiento de La Paz inició el proceso legal para dejar sin efecto este permiso.
El caso llegó ante la Fiscalía Anticorrupción y a finales de 2023 se buscó ante el Congreso de la Unión el desafuero de Rubén Muñoz y de Sonia Murillo, quienes se desempeñaban en ese momento como diputados federales de Morena y el PAN respectivamente.
Señalado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, Muñoz Álvarez compareció ante el juez, sin embargo, logró que se aplazara la audiencia inicial hasta el 29 de mayo.
Lo anterior debido a que sus representantes legales alegaron el no haber podido abrir un Compact Disc (CD) que contenía el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), por lo que argumentaron que no contaron con el tiempo suficiente para verificar y preparar la defensa.
En respuesta, la representación jurídica de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por su titular, Lenin Ortiz Amao, recalcó que los discos se entregaron desde marzo, mientras que tienen acceso a la carpeta de investigación desde febrero.
Por ello, la autoridad competente determinó otorgar un plazo para que la defensa legal de Rubén Muñoz se prepare, citándolo para el 29 de mayo de este año.
Afuera de la audiencia, integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) se manifestaron. Desde 2020, esta organización acusa diversos riesgos si Misión Punta Norte llegara a operar, debido a que La Paz ya se encuentra en estrés hídrico.
Cabe mencionar que los exfuncionarios no respondieron a la solicitud de réplica antes del cierre de edición; en el caso específico de Rubén Muñoz, se destaca que no accedió a responder a los cuestionamientos de la prensa al finalizar su audiencia.
