Las consecuencias del traslado de gran parte de la infraestructura y recursos de la Secretaría de Salud al IMSS-Bienestar, está costando mucho a BC
La última gran crisis que ha sacudido al gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, tenía cinco años gestándose, postergándose, pero era inevitable y se dio por medio de una decisión plagada de buenas intenciones, pero cimentada en una base de ocurrencias, cuando definió que la infraestructura, recursos e insumos de la Secretaría de Salud, pasaran a formar parte del proyecto IMSS-Bienestar, esquema que pretende ofrecer cobertura a todas las personas que viven en la informalidad o sin derechos mutualistas en todo el país.
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La intención de un sistema de salud universal se ha gestado por medio de la presión y a través de un salto de fe por parte de las entidades gobernadas por políticos de Morena, quienes respaldaron la propuesta del ex primer mandatario Andrés Manuel López Obrador y se sigue materializando en la administración de Claudia Sheinbaum, aun cuando no tiene resultados positivos, sino todo lo contrario: ha devenido en un mayor desabasto de medicamentos, falta de personal y de insumos médicos, lo cual hace la tarea de la atención ciertamente muy difícil.
Para 2025, la proyección del presupuesto de la Secretaría de Salud de Baja California se redujo sustancialmente, y trasladó un total de 128 mil 624 millones de pesos de su presupuesto al IMSS-Bienestar. La redistribución de estos recursos impactó sustancialmente en Baja California, que es el último gobierno en ingresar a este esquema, lo que desfondó por completo el presupuesto que maneja el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, quien, de dirigir a poco más de 4 mil 300 trabajadores y administrar toda la política de salud en el Estado, prácticamente se quedó con algunas direcciones como Coepris, IPBC, las Jurisdicciones, entre otras pequeñas dependencias.
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Si bien, gran parte de la nómina de salud ya estaba federalizada, en ese contexto es imposible no cuestionar la carga administrativa que se tiene dentro de la dependencia estatal, pues ahora la mayoría de la operatividad correrá por cuenta del IMSS-Bienestar y no por un ente local que ahora prácticamente administra una nómina que no requiere tanto personal. Es decir, ¿qué van a administrar los más de 4 mil 300 trabajadores cuando la gran responsabilidad ya no será cubierta por el Estado? ¿Requerimos una Secretaría de Salud y un Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado como lo conocemos actualmente? ¿Cuál es el siguiente paso en la proveeduría en el pago de insumos, nómina, que ahora serán por cuenta de la Federación?
La crisis del IMSS-Bienestar no tuvo que esperar ni un mes para evidenciar al Sector Salud que antes de la “universalidad” de la salud ya se sostenía con alfileres. La gobernadora no objetó, por el contrario, no tuvo mayor problema en ceder las responsabilidades del Estado al Gobierno de México, sin importar que ello generó una inmediata escasez de medicamentos, de cobertura de salarios, insumos y demás artículos de primera necesidad.
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El IMSS-Bienestar comenzó con un gran número de protestas en todos los municipios, además de reclamos de funcionarios de la misma institución que llegaron a anunciar que no se brindaría atención médica debido a la precariedad en la que se encontraba.
La gobernadora y su secretario, han sido perseguidos y hostigados por este tema, e incluso tanto la diputada Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, como legisladores del PAN, como Diego Echevarría, han solicitado la renuncia del funcionario estatal. Sin embargo, sus motivaciones rondan más lo político que las necesidades innegables del Sector Salud.
Mientras se define al futuro de Medina Amarillas al frente de la Secretaría de Salud -pues ya prácticamente no administra ni dirige nada- para mitigar los incendios generados por el exabrupto cambio, la mandataria destinó 70 millones de pesos al sector salud que ya no le pertenece y no tuvo contratiempos en cederlo en cuanto el Gobierno Federal se lo pidió.
Aunque ya no es su problema jurídicamente hablando, la crisis persiste y puede observarse con sólo cruzar frente a los centros hospitalarios con pancartas y lonas que evidencian el trabajo bajo protesta. Para empeorar el escenario, nadie da certezas sobre tiempos o responsabilidad en la atención de salud, pues mientras la Secretaría traslada las quejas al IMSS-Bienestar, éste lo redirige a la primera mencionada.
Marina del Pilar cedió la salud casi de la misma forma que ocurrió con el tema de
seguridad, toda vez que también fue cedido por medio de un nombramiento de un secretario de Seguridad Ciudadana de corte militar, de nombre Laureano Carrillo, quien no conocía ni a la gobernadora ni a la entidad que ahora se encargaría de dirigir.
Personas en espera de medicamento, atención médica que se debe trasladar a otras instituciones y un gran número de necesidades laborales que no se cubren en beneficio de los “héroes sin capa y sin aguinaldo”, nos dice que no sólo no somos Dinamarca, sino que ya no somos ni el México de hace 15 años, y que la actual Secretaría de Salud del Estado debe desaparecer, tal cual lo hizo su presupuesto.
