Luego de que en octubre de 2024, los diputados de Morena y aliados en la XVII Legislatura frenaron la iniciativa para eliminar el fuero en Baja California Sur, actores del Sistema Estatal Anticorrupción han retomado la discusión pública sobre esta reforma con el objetivo de que vuelva a presentarse ante el pleno del Congreso del Estado.
La diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, organizó una mesa informativa en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) en donde divulgó la importancia de la eliminación de la protección constitucional con la que hoy gozan decenas de servidores públicos en la entidad.
Publicidad
Vázquez Jacinto fue quien intentó llevar la reforma hasta comisiones para su análisis, sin embargo, sus homónimos del Partido del Trabajo (PT) y Morena determinaron bajar la iniciativa del orden del día de la sesión pública.
Ahora el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Baja California Sur, Lenin Ortiz Amao, no quita el dedo del renglón al remarcar que el fuero es excesivo al punto en que hasta delegados cuentan con la protección.
Publicidad
“Es algo que nosotros desde la Fiscalía hemos impulsado; efectivamente en octubre del año pasado se presentó la iniciativa y se bajó del orden del día bajo la explicación breve de que no hubo consenso entre las fracciones”, reiteró.
“Consideramos que todas las iniciativas que causan impacto deben ser socializadas, los congresos se han alejado de estas actividades y presentan iniciativas, incluso, en contra del sentido social”, añadió.
Publicidad
El funcionario señaló que esta mesa informativa sirve para reactivar la iniciativa, explicando a estudiantes de la Máxima Casa de Estudios de Baja California Sur el alcance de la eliminación del fuero.
Aún no hay una fecha para que la reforma se presente de nuevo a la XVII Legislatura, sin embargo, es importante recalcar que Baja California Sur es una de las 14 entidades que aún no desaparece esta figura de protección para funcionarios.
El gobernador, secretarios, directores generales, legisladores, jueces, magistrados, consejeros de la judicatura, procurador, subprocuradores, fiscales, presidentes municipales, regidores, síndicos y hasta delegados municipales, son los funcionarios que tienen este escudo que impide que sean vinculados a proceso, es decir llevados ante un juez en caso de que estén sujetos a una investigación judicial.
