El Gobierno del Estado de Baja California Sur nuevamente figura dentro de la lista de las entidades más opacas de la República Mexicana, esto según resultados de la tercera y última entrega de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023.
De acuerdo con las publicaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador morenista, Víctor Castro Cosío, no comprobó el uso de tres mil 232 millones 539 mil pesos en el 2023.
Publicidad
Con esto continúa con la tendencia marcada desde 2022, cuando destacó entre los gobiernos menos transparentes de México. Asimismo, en la segunda entrega de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023, que se dio en el último trimestre del 2024, Baja California Sur resaltaba ya por ser el primer lugar nacional con mil 421.2 millones de pesos sin aclaración.
El desglose que hizo el órgano público descentralizado precisa que el Gobierno del Estado ejerció 21 mil 261 millones 626 mil pesos, por lo que para realizar 35 auditorías tomó el 92.60 por ciento de este monto para su fiscalización.
Publicidad
En la revisión de los 19 mil 689 millones 238 mil pesos que representan ese 92.60 por ciento, se obtuvo un resultado de 227 observaciones por diversas irregularidades o falta de documentos para comprobar el uso de recurso público.
Las autoridades responsables de la verificación del ejercicio del erario lograron solventar un total de 143 observaciones, sin embargo, 84 de ellas se marcan como pendientes en un estatus definido como “observaciones y acción”.
Publicidad
Dentro del documento, la ASF precisó que ya ha solicitado el inicio de dos procesos Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) ante la autoridad tributaria, para que ejecute los actos que sean de su competencia.
Estos procedimientos implican que han detectado que el Gobierno del Estado pudo haber incurrido en una posible evasión fiscal, o que pudo registrar errores aritméticos u omisiones en las declaraciones, solicitudes o avisos fiscales revisados.
Por otra parte, la ASF también solicitó a la Contraloría del Gobierno del Estado que inicie 27 investigaciones a través de procesos denominados como “Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)”.
En esta etapa, el Órgano de Control Interno (OCI) de la entidad fiscalizada, en este caso la Contraloría del Estado investiga las irregularidades detectadas por la ASF.
La contralora de Baja California Sur, Cristina Buendía, confirmó que han iniciado con las diligencias encomendadas por el órgano federal, aclarando que se trata de faltas no graves.
Con respecto al que todavía haya 84 observaciones con acciones pendientes, la ASF especifica que hay evidencias y conclusiones que denotan alguna debilidad, irregularidad o deficiencia.
Cabe mencionar que Baja California Sur se coloca en estos momentos como la cuarta entidad con mayor monto sin comprobación en el país, quedando sólo por debajo de Estado de México con cuatro mil 27 millones de pesos, Veracruz con tres mil 598 millones de pesos y Nuevo León con tres mil 331 MDP.
MONTO MILLONARIO EN PARTICIPACIONES FEDERALES
Las participaciones federales, definidas por la Cámara de Diputados como recursos que la Federación transfiere a las entidades, y que las autoridades estatales los ejercen libremente en la producción de bienes y servicios que consideren necesarios, son uno de los dos rubros en los que el Gobierno del Estado salió peor evaluado.
Con el título de la auditoría “Participaciones federales a Entidades Federativas”, se tomó un 89.28 por ciento de un total de siete mil 563 millones 899 mil pesos que la Federación envió para ejercicio en 2023.
Es decir, seis mil millones 753 millones 381 mil pesos que fueron sometidos a fiscalización. Los resultados de la revisión indicaron 25 observaciones, 20 de ellas aún pendientes y cinco ya solventadas, dando un monto por aclarar de mil 769 millones 46 mil pesos.
En este mismo rubro, bajo el título de auditoría “Participaciones federales a municipios”, los gobiernos de Comondú (Morena) La Paz (Morena) y Mulegé (PAN) resaltaron por un monto de más de ocho millones de pesos sin comprobación.
En el caso del Ayuntamiento de Comondú, en ese momento encabezado por la hoy exalcaldesa, Iliana Talamantes, la ASF auditó un millón 626 mil pesos dejando una observación pendiente que dio un total de un millón 92 mil pesos; es decir, que este gobierno municipal no justificó el uso del 67 por ciento de las participaciones federales.
El Ayuntamiento de La Paz, encabezado por la hoy alcaldesa reelecta, Milena Quiroga Romero, tuvo observaciones por tres millones 255 mil pesos. Cabe mencionar que este gobierno municipal ejerció 193 millones 368 mil pesos en 2023.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Mulegé, que estaba dirigido por la hoy alcaldesa reelecta, Edith Aguilar Villevicencio, no comprobó nada del 100 por ciento de las participaciones federales en ese año, que ascendieron a tres millones 822 mil pesos.
DESASEO EN EL SANEAMIENTO FINANCIERO
El rubro Saneamiento Financiero, que se observa en el título de la auditoría “Cumplimiento de las disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, fue el segundo espacio en el que el Gobierno de Baja California Sur salió peor evaluado.
Aunque en esta área la ASF reportó tres observaciones, una solventada y dos pendientes, bastó para arrojar un montó sin aclaración por mil millones 377 millones 902 mil pesos.
En esta fiscalización en específico, el Gobierno de Baja California Sur sobresale a nivel nacional puesto que en todo el país se sumó un total de dos mil 36 millones 964 mil pesos sin comprobación en este ramo.
Por lo anterior, el gobierno estatal de la Media Península acumuló el 67.7 por ciento del recurso del “Cumplimiento de las disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios” que no cuenta con documentación obligatoria para comprobar su uso en toda la República Mexicana.
SIN ESCLARECER CASI 60 MDP EN INFRAESTRUCTURA
Otros aspectos que también fueron evaluados fue el convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Estado de Baja California Sur para la ampliación de la carretera Transpeninsular en el tramo Guerrero Negro-Vizcaíno de 6 a 9 metros de sección en una longitud de 11 kilómetros.
La Federación envió 148 millones 500 mil pesos para esta obra carretera en el municipio de Mulegé, en la fiscalización se precisaron 13 observaciones, 10 ya solventadas y tres pendientes, con un monto por aclarar de 134 mil pesos.
Los diversos aspectos del recurso que se etiquetó para infraestructura física en todas sus modalidades reportan casi 60 millones de pesos aún pendientes de esclarecer en toda la entidad.
En la auditoría con título “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”, se establece que la Federación evaluó el uso de 217 millones 699 mil, aplicando al Gobierno del Estado 10 observaciones, cuatro solventadas y seis pendientes, con un monto sin comprobación de 33 millones 56 mil pesos.
Aunado a esto, específicamente en la auditoría con nombre “Fondo de Infraestructura Social para las Entidades”, las autoridades estatales también tienen que despejar cualquier duda con la documentación correspondiente sobre nueve millones 560 mil pesos.
Se reporta en el documento de la ASF que el Programa de Agua y Drenaje es uno de los peor evaluados, ya que de 10 millones 146 mil pesos que enviaron al Gobierno del Estado dejaron sin aclaración ocho millones 514 mil pesos, es decir el 84 por ciento.
Entre los gobiernos municipales de Comondú (Morena), Los Cabos (Morena), Mulegé (PAN) y Loreto (PAN) acumularon más de 17 millones de pesos, que no verificaron su destino con la evidencia obligatoria, esto según la fiscalización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Los ayuntamientos finalizaron esta evaluación con los siguientes montos pendientes de comprobación: Comondú con cinco millones 98 mil pesos; Loreto, en ese momento dirigido por la exalcaldesa, Paola Cota, con 216 mil pesos; Los Cabos, en ese año encabezado por el hoy exalcalde, Óscar Leggs, seis millones 625 mil pesos; y Mulegé con cinco millones 167 mil pesos.
TECS, ENTRE LOS PEOR EVALUADOS DEL PAÍS
Las universidades de Baja California Sur no estuvieron exentas de la exhaustiva revisión que hizo la ASF con la primera, segunda y tercera entrega de la Fiscalización, clasificando los Institutos Tecnológicos de Los Cabos y Comondú entre los peor evaluados de todo el país.
Al examinar los institutos de Educación Superior, el órgano descentralizado federal calculó un total de 217.8 millones de pesos en todo el país, con lo que procedió a hacer una lista de las 43 universidades más opacas, destacando que el “Tec” de Los Cabos se posicionó en el lugar 35 y el “Tec” de Comondú en el número 20.
Se aclara que la Federación envía este recurso con la etiqueta de “Subsidios federales para Organismos Descentralizados Estatales”.
En el caso del Instituto Tecnológico de Los Cabos, en 2023 recibió 41 millones 285 mil pesos de los cuales sólo se auditaron 36 millones 970 mil pesos, es decir, un 89.55 por ciento.
Los directivos de la instancia tienen aún siete observaciones que no han sido aclaradas, que suman 744 mil pesos sin explicación.
En contraste, se revisó el ejercicio de 34 millones 416 mil pesos del 94.99 por ciento del recurso federal que obtuvo el Instituto Tecnológico de Ciudad Constitución
La ASF plasmó en el último documento ocho observaciones: seis solventadas y dos pendientes, que dan dos millones 746 mil pesos que debe demostrar su uso ante la Federación.
En contraste, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) salió limpia en todos los aspectos: de 795 millones 940 mil pesos la ASF tomó una muestra de 642 millones 560 mil pesos (80.73 por ciento).
Arrojó 11 observaciones, ocho solventadas y tres pendientes, sin embargo, no hay monto por aclarar.
En este mismo esquema de revisión del rubro educativo, el Gobierno del Estado también presenta 2.6 millones de pesos pendientes en los títulos “Fondo de Aportaciones Múltiples” y “Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”.
Mientras que, en Salud, hay observaciones por casi 2.8 millones de pesos en las auditorías del “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” y “Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”.
NO HAY DESVÍOS; SON ERRORES ADMINISTRATIVOS: CASTRO
El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, se manifestó ante medios de comunicación tras los resultados de la auditoría, reconociendo que estas observaciones no deben darse por lo que, aseguró, buscará que la Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur explique y resuelva esta problemática.
No obstante, en sus declaraciones el mandatario negó que estos más de tres mil millones de pesos que marca la ASF como recurso sin comprobación, se deban a que hubo malversación o peculado, negando que la falta de aclaración sea por robo.
En este escenario, Castro Cosío insistió que las observaciones que arroja el órgano federal son por errores administrativos.
Sostuvo que es un pendiente con el que carga su administración y que la Secretaría de Finanzas ya trabaja para solventar, sin embargo, justifica que se han encontrado con “procesos administrativos muy complicados”.
“Por fortuna no es de desvío, de peculado y de cosas de estas; son cuestiones administrativas. No hemos estado saliendo bien calificados en las auditorías, no ha habido ningún tipo de corrupción y sanción”, reiteró.
“De todas maneras le he pedido a Finanzas que corrijan administrativamente lo que tenga que ver y tienen tiempo para solventar las deficiencias que está marcándole la Auditoría Superior de la Federación”, añadió.
Víctor Castro señaló que esta situación se presta para que sea usada por aquellos que buscan confundir a la ciudadanía, por lo que aseguró que presionará para que todo sea solventado este año para evitar malas interpretaciones.
Aunque reconoce que se debe mejorar todo administrativamente, defendió el trabajo de la Secretaría de Finanzas argumentando que la instancia no contaba con ciertos mecanismos en el sistema contable.
A esto agregó que no tenían soportes, como tabuladores o la forma exacta en la que tienen que entregar una administración estatal.
“Realmente estamos rehaciendo el sistema financiero y una reingeniería interna, no de malversación de fondos, de eso no hay acusación; son cuestiones de carácter técnico administrativo que no teníamos nosotros soporte. Se está creando todo un sistema para evitar y darle respuesta correcta a la auditoría”, compartió.
Por último, comentó que es el segundo año en el que su gobierno obtiene estos resultados negativos por parte de la ASF, afirmando que la Secretaría de Finanzas del Estado no puede seguir así por “errores administrativos”.
Sobre esta situación, la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, destacó que no hubo observaciones por daño patrimonial o faltas graves en el uso del recurso público en 2023.
Sus declaraciones coincidieron con el gobernador, señalando que la problemática deriva en aspectos de carácter administrativos.
Por lo anterior, negó que haya desvíos de recursos en la instancia que dirige desde 2021, recalcando que tienen un plazo de 30 días hábiles para solventar las más de 80 observaciones pendientes ante la ASF.
“Lo que sí es cierto es que, hasta ahorita, hasta donde van todas las revisiones, no ha habido un daño patrimonial, no hay una falta grave”, reiteró.
“En todo caso son situaciones de tipo administrativo que estaremos solventando en los plazos que nos establece la propia Auditoría Superior”, agregó.
Asimismo, expuso que con la última entrega que se publicó el 20 de febrero se concluye una primera etapa en la auditoría, no obstante, la realidad es que en este tercer reporte la ASF sólo sumó observaciones y más de mil 600 millones de pesos sin aclaración.
El Gobierno del Estado, entre el segundo y tercer reporte, sólo solventó poco más de seis millones de pesos cuando en octubre de 2024 ya advertían que más de mil 400 millones de pesos estaban pendientes de aclaración.
“Ahora hay que solventar lo que ellos nos están pidiendo, lo cual empezaremos a hacer de inmediato. Hay plazos que la propia auditoría establece para eso, entonces estaremos solventando la información que nos pida adicional”, finalizó la secretaria.
