Las reformas promovidas por Claudia Sheinbaum Pardo, relativas al rechazo a la reelección y al nepotismo electoral, fueron también un mensaje para los actuales gobernadores de todo el país, los cuales buscan perpetuarse en el poder a través de sus ligas familiares
Uno de los golpes de realidad más importantes que ha recibido la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se dio hace apenas unas semanas en el Congreso de la Unión, donde partidos “aliados” y algunos morenistas gandallas modificaron dos iniciativas particularmente importantes para la mandataria federal, relativas a la restricción del nepotismo electoral y a la no reelección.
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Entendiendo tanto a nivel federal como en los gobiernos locales, es frecuente que existan acciones de nepotismo y reelección que, más allá de un reconocimiento a la labor de los servidores públicos, han generado cacicazgos, como el caso de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, quien pretende competir en 2027 por la gubernatura de su Estado, cuando su hija es la actual mandataria local; o bien, la familia Monreal, que lleva varios años dirigiendo Zacatecas.
La reforma se aprobó, pero se condicionó a que tuviera vigencia a partir de 2030, lo que permite a muchos políticos aprovecharse para competir en cinco años de posibles elecciones.
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En Baja California hemos visto la urgencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por mantenerse en ritmo con las acciones emprendidas por el Gobierno de México, pues cada vez que un proyecto federal se aprueba, mueve todo lo necesario para ser de los primeros estados en aprobarlo.
En la mañanera del viernes 7 de marzo, Ávila Olmeda anunció que, siguiendo con el planteamiento de Sheinbaum, en próximos días enviaría una iniciativa al Poder Legislativo para restringir el nepotismo electoral y la no reelección en Baja California, con el objetivo de que no se puedan utilizar estas prácticas para crear cacicazgos.
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El ejemplo más reciente en BC es el del regidor Sergio Tamai, de Mexicali, que luego de ocupar dos veces el puesto de edil, en el mandato de Marina del Pilar como alcaldesa y posteriormente en el primer gobierno de Norma Bustamante, su madre, Beatriz García, ocupó el puesto en la lista, también como edil. Es decir, luego de seis años de ser regidor, su madre ocupó el mismo cargo.
Si bien, cualquier acusación de esta índole podría recaer en violencia de género, la realidad es que, con la nueva ley, su progenitora no habría podido ocupar el mismo cargo, pues estaría constitucionalmente impedida.
Una de las versiones más frecuentes tras la afiliación a Morena de Carlos Torres Torres, es que existe una intención del esposo de la mandataria bajacaliforniana de ocupar un cargo de elección popular en el próximo ejercicio electoral en 2027, luego de que se confirmara que el nepotismo electoral sólo aplica para la sucesión del mismo cargo. Es decir, Torres Torres no podría competir por la gubernatura de Baja California, pero sí por la alcaldía de Tijuana.
Aunque sólo son rumores y no existe certeza en ello, la realidad es que un verdadero compromiso contra el nepotismo electoral sería que las familias guarden distancia de los cargos públicos cuando se trata de espacios de poder, pues como es sabido, Morena se fundó en Baja California a través de familiares y amistades, de las cuales algunas ya cuentan con cargos públicos, como la diputada Alejandra Ang, quien está casada con el regidor César Castro Ponce; o bien, que funcionarios no coloquen a sus familiares en puestos de poder, lo cual ocurría también en la administración de Jaime Bonilla Valdez.
Habrá que ver cuándo envía Ávila Olmeda la propuesta, cuánto tardan en aprobarla y cuál será el compromiso por cumplir lo constitucional y estatutariamente dentro de Morena, pues es común evadir sus propios compromisos a través de sus aliados como el PVEM, quienes aceptan cualquier cosa con tal de permanecer en el poder.
