Irregularidades, omisiones y negligencias envuelven el descubrimiento del campo del horror en un rancho de Jalisco donde jóvenes reclutados de manera forzada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) eran convertidos en cenizas por lo menos desde hace unos tres años en el Rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, a 60 kilómetros de Guadalajara. Hecho de terror que nuevamente pone a México en la mira internacional por la severa crisis en materia de Derechos Humanos y la impunidad en cuanto a seguridad pública y justicia.
Centenares de prendas de vestir, pares de zapatos y huaraches, mochilas, carteras, colguijes y pulseras, así como seis lotes de restos óseos con fragmentos de cráneo y cenizas, al parecer de cuerpos humanos, son el entorno de tres crematorios localizados en esta ranchería de la delegación La Estanzuela, en la Región Valles de Jalisco. Lugar -que en teoría- se encontraba asegurado por la Fiscalía del Estado porque apenas el 18 de septiembre de 2024 se le identificó como centro de adiestramiento de la organización criminal hegemónica en la entidad, donde fueron detenidas diez personas, liberados dos jóvenes secuestrados y recuperado un cadáver envuelto con plásticos. Guardia Nacional fue la autoridad primer respondiente.
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El inmueble lucía abandonado desde entonces, sin vigilancia y sin sellos del supuesto aseguramiento. Una serie de llamadas anónimas que llegaron al seno del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco alertó la presencia de fosas clandestinas en el sitio y de numerosos indicios que podrían dar luz sobre el destino final de cientos de desaparecidos, muchos de ellos atraídos por ofertas de empleo publicadas a través de redes sociales que fueron vistos por última vez por sus familiares cuando acudían a alguna de las centrales de autobuses de la Zona Metropolitana de Guadalajara o de otras ciudades del país.
Los rastreadores comenzaron a escudriñar el lugar con mucho sigilo desde enero de 2025, encontrando con incredulidad todos los objetos antes referidos, entre éstos, decenas de casquillos percutidos por armas de fuego, enterregados y oxidados, que no fueron asegurados ni sustraídos por el Ministerio Público investigador, que incluso dejó intactos los cultos y altares a la Santa Muerte de los delincuentes que operaban el centro de exterminio. El asunto plenamente documentado por los familiares de desaparecidos fue puesto en conocimiento de autoridades municipales y estatales hasta el miércoles 5 de marzo, cuando se dio aviso del hallazgo y se propagó a los medios de comunicación el sábado siguiente.
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Una vez en el rancho, personal de la Fiscalía del Estado y de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas corroboró que en el sitio había dos áreas de adiestramiento, una para acondicionamiento físico, con llantas y pesas para hacer ejercicio, así como otra para entrenamiento táctico, donde había alguna indumentaria de tipo policial-militar. Además de las prendas y más de 50 mochilas, se localizaron analgésicos y medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas, esponjas de baño, artículos de higiene personal, sandalias de baño y artículos varios.
De acuerdo con datos proporcionados por el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, la primera búsqueda de restos humanos encabezada por esa dependencia en la pasada administración gubernamental -que cambió el 5 de diciembre de 2024- se registró el 19 de septiembre, en la que participaron más de diez personas, se utilizó una retroexcavadora, medidores de compactación del suelo y binomios caninos. Sin embargo, el fiscal justificó que el Ministerio Público no haya procesado completamente el lugar “porque es muy grande”, denotando que no se cumplieron los protocolos de investigación en materia criminalística.
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RECLUTAMIENTO DE MUERTE
Hasta el momento no se conoce el posible número de víctimas del campo de exterminio, pues la técnica de los criminales para deshacerse de los cuerpos era incinerarlos en alguno de los tres crematorios y después enterrar los restos óseos y cenizas en fosas con una losa de ladrillo encima y una capa de tierra. La fiscalía estatal informó que fueron asegurados preliminarmente 96 casquillos de diversos calibres, tres cargadores, unos aros aprehensores metálicos, tres libros, una libreta y una identificación oficial. Entre otros objetos, se incautó una carta escrita por un joven de nombre Eduardo Lerma, de Guanajuato, a su novia. Tanto el muchacho de la carta como el de la identificación regresaron con bien a sus hogares hace unos meses, según la dependencia.
Indira Navarro, vocera del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, aseguró que tuvo contacto con al menos seis jóvenes que pudieron escapar y reintegrarse a sus familias, quienes se disculparon por no haber hablado antes y le habrían expuesto que eran captados a través de falsas ofertas de trabajo y una vez reclutados eran llevados al Rancho Izaguirre para adiestrarlos para cumplir con diversas funciones para el CJNG. Eran sometidos a duros entrenamientos como saltar entre llantas y pasar por debajo de alambres de púas a ras de suelo. Quienes se atoraban o fallaban en los ejercicios, eran asesinados por sus propios compañeros que lo habían hecho bien. Esa era la orden de los sicarios.
Aunque es un fenómeno que se registra desde hace mucho tiempo, a partir de principios de 2024 fue notoria la desaparición de jóvenes en los alrededores de la Nueva Central Camionera de los límites de Tlaquepaque y Tonalá. Familiares denunciaban ante la fiscalía local que sus familiares acudían a entrevistas de presuntos empleos a esa zona y no regresaban a su domicilio. Caso a caso se iba reportando en medios de comunicación, lo que molestaba al ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien negaba que eso estuviese ocurriendo. Fueron múltiples los reportes mediáticos al respecto, que en septiembre del año pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación en forma oficiosa, sin que a la fecha haya resultado palpable de la misma.
Entre personas radicadas en Jalisco y quienes provenían de otras entidades federativas, como Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Michoacán, Hidalgo y Estado de México, colectivos llegaron a contar más de 70 desaparecidos, en el 95 por ciento de los casos hombres de entre 17 y 43 años, concentrándose en el grupo de los 20 a los 30 años. Al cambio de administración, con Pablo Lemus Navarro en la gubernatura, el 9 de diciembre de 2024 se anunciaron operativos de seguridad en las 66 centrales de autobuses de todo el Estado, con la participación de la Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.
Los resultados de los operativos fueron palpables. Menores de edad y jóvenes adultos eran detectados esperando a “alguien”, desorientados, y ante la entrevista de policías, respondían que estaban ahí por una oferta de trabajo, entonces se les rescataba ante el engaño de los criminales. Juan, de 16 años llegó a la terminal metropolitana el 30 de enero, procedente de San Juan de los Lagos con la promesa de que ganaría 40 mil pesos mensuales por un empleo del que no tenía la mínima información de las labores que desempeñaría. Igual pasó con Carmen, de la misma edad, originaria de Aguascalientes, quien traía consigo una carta de consentimiento de su madre para trabajar.
Al enterarse de la noticia de Teuchitlán, Jesús Aguirre, chofer de autobuses, se comunicó a ZETA para exponer el caso de su sobrino desaparecido hace nueve meses, de nombre Arnoldo Guadalupe Aguirre Llamas, de 26 años, quien salió de Saltillo para realizar una entrevista de trabajo en Monterrey, Nuevo León. “Estuve radicando tres años en Monterrey. Mi sobrino llega el 5 de junio a mi domicilio y el día 6 va a la entrevista. Y ya no apareció. Lo estuvimos buscando aquí por medio de redes sociales. Metimos una denuncia en Fiscalía por su desaparición y ya estamos en una asociación de personas desaparecidas de Monterrey”, dijo afligido el entrevistado.
El caso de Jalisco sorprendió a Jesús, pues “el día de hoy, mi esposa empieza a ver la página de Guerreros Buscadores de Jalisco en Facebook, donde subieron fotos de la ropa y pertenencias de las personas desaparecidas en un rancho y me llamó mucho la atención una sandalia y una maleta marca Nike como las que traía ese día mi sobrino. Ojalá y que no sea, ¿verdad? Más que sandalia es un huarache con la suela negra, y lo de arriba, es negro con blanco, en forma de caramelo. La maleta es una Nike de color rojo”, complementó.
Aunque geográficamente la zona de desaparición de Arnoldo no está ligada a Jalisco, su familia no escatima esfuerzo para buscarle en cualquier región del país.
“Mi sobrino dijo que le habían ofrecido un trabajo de chofer. Se enteró por Facebook. Sólo nos dijo que se tenía que presentar en Monterrey y no supimos más, porque mi mamá le estuvo marcando y todos le estuvimos marcando, pero ya no nos contestó el teléfono y por ningún lado apareció”, concluyó Aguirre, quien ya inició contacto con los sitios proporcionados por la Fiscalía de Jalisco para consultar el registro de indicios hallados en el rancho de la muerte, disponible para consulta pública en los sitios https://fiscalia.jalisco.gob.mx/inicio y https://fiscaliaenpersonasdesaparecidas.jalisco.gob.mx/
SE ECHAN LA BOLITA
Lo registrado en Teuchitlán no es nuevo para los gobiernos municipal, estatal y federal, ya que la Región Valles, como otras de Jalisco, es regenteada por el CJNG. Prueba de ello, el desmantelamiento de cuatro campamentos y campos de adiestramiento en 2017 en los municipios de Tala y Teuchitlán. Una célula del cártel reclutaba con engaños a nuevos sicarios, obligándolos a incorporarse a las filas de la organización bajo amenaza de muerte para ellos y sus familias, catalogada como la más sanguinaria. En los poblados de Navajas y Ahuisculco, en Tala, fueron rescatadas cuatro personas reportadas como desaparecidas y otras cuatro que tenían un mes en cautiverio. Desde entonces ya se usaban las redes sociales para enganchar a las víctimas con ofertas laborales como encuestadores, escoltas, elementos de seguridad privada o policías.
La presencia de grupos de personas armadas en convoy era muy notoria en la región, a tal grado que, el 16 de octubre de 2018, elementos de la entonces Policía Federal que circulaban a bordo de dos patrullas sobre el Kilómetro 33 de la carretera Guadalajara-Ameca, a la altura del crucero San Martín Hidalgo-Teuchitlán, fueron atacados con granadas de fragmentación y fusiles de alto calibre. Seis de los oficiales resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad y una de las unidades quedó completamente calcinada. Una semana antes, en el municipio de Tala, fue ejecutado en carretera otro agente federal.
El 16 de junio de 2022, la Policía Estatal localizó un narcolaboratorio en el predio conocido como El Tomacillo, entre las delegaciones de Santiaguito y la Reserva de los Encinos, en el municipio de Teuchitlán. En una choza, los uniformados aseguraron 45 tambos metálicos con capacidad para 200 litros sin contenido y 49 bidones de plástico para 50 litros con precursores químicos, además de 2 kilos 600 gramos de cristal, un kilo 600 gramos de marihuana empaquetada y 3 kilos del enervante en greña. Del caso se dio parte al Ministerio Público de la Federación.
El 18 de septiembre de 2024, la Fiscalía Regional inició una carpeta de investigación tras la detención de diez individuos realizada por elementos de Guardia Nacional en el Rancho Izaguirre, lugar ahora reportado como centro de exterminio. Ahí había dos personas privadas de la libertad, un cadáver envuelto en plásticos, varios vehículos, cuatro armas largas, dos pistolas, chalecos balísticos, 21 cargadores, un bote repleto de objetos pincha llantas y marihuana. Los detenidos fueron identificados como David A, Kevin P, Christopher D, Luis R, Gustavo N, Juan A, Armando G, Ricardo T, Óscar J y Erick D, quienes fueron remitidos a prisión imputados por delitos como homicidio agravado y portación de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas. No se supo más del asunto.
El 31 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR), en un operativo coordinado con Ejército y Guardia Nacional, detuvo a 38 personas que se encontraban en un campo de adiestramiento clandestino en la delegación La Vega, el municipio de Teuchitlán. Se trataba de 36 hombres y dos mujeres que recibían entrenamiento. En el sitio fueron asegurados 18 cargadores, más de mil 800 cartuchos y cuatro radios. Los detenidos fueron remitidos al penal de Puente Grande, donde un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Federal, en audiencia decretó auto de no vinculación a proceso en favor de 37 de los imputados, quienes eran víctimas de reclutamiento forzado. Sólo una persona quedó presa por la posesión de los cargadores y las balas.
Tras el redescubrimiento del centro de adiestramiento y campo de exterminio del Rancho Izaguirre, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, puso en tela de juicio que las autoridades locales no tuvieran conocimiento de lo que ocurría en el lugar “(…) Lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado”.
El funcionario afirmó que los problemas relacionados con la delincuencia organizada no surgen de la nada, sino que nacen y crecen de los problemas locales. Sin embargo, como se advierte de los antecedentes de Teuchitlán, las autoridades federales también se encuentran involucradas en el conocimiento del fenómeno.
FGR ATRAE EL CASO
El miércoles 12 de marzo, a través de un video, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que la FGR atrajo la carpeta de investigación del campo de exterminio en Teuchitlán, por lo que personal de la Comisión Nacional de Búsqueda arribaría a la entidad para iniciar trabajos conjuntos con las autoridades estatales en el Rancho Izaguirre. Lemus, que inicialmente se mostraba reacio a entregar la competencia de las pesquisas aseguró que “en Jalisco nadie se lava las manos, y aquí le vamos a entrar a resolver y a deslindar responsabilidades”.
La presión para que la fiscalía local soltara el asunto a manos de la Federación inició el lunes 10, cuando la presidenta de Morena en Jalisco, Érika Pérez, exigió que la FGR atrajera el asunto y realizara una investigación a fondo. “Si no han podido, si no han querido, es momento que el Gobierno Federal intervenga. Es urgente que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y realice una investigación seria y transparente”, refirió.
A ello, Pablo Lemus había contestado: “Si la Federación está interesada en ser parte de las investigaciones, por supuesto que nosotros recibimos con los brazos abiertos”, deslindándose de que el aseguramiento del predio no ocurrió durante su mandato.
Sin embargo, el 11 de marzo, voces de diversos sectores fueron creciendo en el sentido de que debía ser el Ministerio Público Federal quien encabezara las acciones investigativas, entre otros algunos colectivos como por Amor a Ellxs y organismos de la sociedad civil como el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). En el mismo sentido, la mañana del día 12, se pronunció la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien solicitó a la FGR atraer el caso del crematorio clandestino en Teuchitlán: “Es importante esta investigación coordinada, aparte de que obviamente se deslinden las responsabilidades que se tienen que deslindar”.
A pesar que la FGR será la encargada de llevar la voz cantante en la indagatoria, el gobernador jalisciense aseguró que su administración hará una investigación paralela a la federal y pondrá a disposición de esa instancia cualquier indicio para que el caso sea resuelto. “Vamos a seguir trabajando también con la sociedad organizada y con los colectivos que quieren que el fenómeno de la desaparición en México, se elimine por completo”, expresó Lemus, reiterando que, aunque los hechos no sucedieron en el sexenio de Sheinbaum, ni en su sexenio, el asunto habrá de aclararse.
REACCIONES
Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza, hace un llamado a las autoridades para que implementen una estrategia en el país y combatir el reclutamiento forzado, del que se tiene conocimiento añejo. Flores, que tiene a su hijo desaparecido desde mayo de 2021, asegura que ya no sólo se trata de ofertas de empleo en redes sociales o incorporaciones voluntarias, sino “porque muchos de los llamados levantones terminan en situaciones de reclutamiento ya no sólo para temas ilegales como es el sicariato, la producción y distribución de drogas”.
Para el representante del colectivo, ni la FGR ni las Fuerzas Armadas se pueden deslindar de la responsabilidad de la inacción en el Rancho Izaguirre, ni repartir culpas al gobierno estatal por no inspeccionar el campo de extermino desde septiembre de 2024, porque al tratarse de delincuencia organizada, “compete también a la Federación, y que sea el Estado sede de la organización criminal más peligrosa, temeraria, brutal del país, es increíble que tampoco tengan ellos conocimiento; muchos de estos campamentos también hay en zonas federales la verdad es que ni el gobierno Federal ni el estatal, le entraron a este tema”.
Por su parte, Anna Karolina Chimiak, codirectora del CEPAD, advirtió que el hallazgo del centro de exterminio con tres crematorios “es una evidencia muy clara tanto de la erosión institucional e incapacidad del Estado de garantizar los derechos de seguridad, a la vida, a la integridad de las personas por parte del gobierno, además, evidencia muy clara de los esquemas de alta impunidad que existen en el Estado”.
La activista criticó las declaraciones del fiscal estatal, Salvador González de los Santos, ya que no se supervisó el predio de La Estanzuela “porque el rancho era muy grande”.
Los políticos también se expresaron. Entre ellos, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, quien sostuvo que el ex gobernador Enrique Alfaro Ramírez y los líderes de Movimiento Ciudadano tienen mucho que explicar sobre Teuchitlán. “Que rinda cuentas el pasado Gobierno del Estado de Jalisco y lo repito: un crematorio clandestino, un campo de exterminio operando en las narices del gobierno de Movimiento Ciudadano a nivel local y en las narices del gobierno de Morena a nivel federal. ¿Dónde está Alfaro? ¿Dónde está (Álvarez) Máynez? ¿Dónde está Dante (Delgado)?”.
También fustigó a la administración federal anterior, que con su estrategia de “Abrazos, no balazos”, dejó más de 200 mil homicidios y alrededor de 115 mil desaparecidos.
Ricardo Anaya, coordinador de senadores del Partido Acción Nacional, manifestó que en el caso del Rancho Izaguirre hay responsabilidad en los tres niveles de gobierno, particularmente del federal, ya que la mayoría de los crímenes que se cometían en ese lugar son del fuero federal. En tanto, Laura Haro, dirigente estatal del PRI en Jalisco, exige aclarar las omisiones del asunto: “Que se investigue, caiga quien caiga, las autoridades que fueron electas, claro, por eso lo decimos: la responsabilidad de los presentes, de los pasados, claro que hay una responsabilidad. Que se asuman las responsabilidades”.
