La tortura en México persiste y es un delito vigente que goza de un índice muy elevado de impunidad, asegura el investigador Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura, de la organización Documenta, AC, ya que se cuenta con cifras elevadas de actos de maltrato oficial contra una tasa muy baja de sanción y reparación del daño en favor de las víctimas. Estos tratos crueles o degradantes no sólo aplican a los sectores operativos de seguridad y justicia, sino a aquellos contextos a los que la sociedad voltea poco, como los de la salud, educación y otros no tan visibles.
De acuerdo con datos del Observatorio contra la Tortura, en el último informe denominado “Hallazgos 2023”, publicado en septiembre de 2024, durante el último de los años en mención se tuvo un registro de al menos 4 mil 592 investigaciones iniciadas por tortura a nivel nacional, de las cuales sólo 18 fueron judicializadas, lo que contrasta con los mensajes de autoridades federales y de organismos públicos de Derechos Humanos, respecto a que en México ya no se violan derechos humanos y no se comete tortura. En esas pesquisas se identificó a 5 mil 786 víctimas de este delito.
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Vale mencionar que no existe una información certera de los casos de tortura, pues las denuncias ante las fiscalías estatales y la general del país son escasas, sino que se trata de cálculos del Observatorio basados en esas pocas denuncias, las vistas que hacen los juzgadores al Ministerio Público (que son mayoría) y las que se investigan de oficio cuando un servidor público tiene conocimiento de un hecho y lo denuncia inmediatamente a la Fiscalía Especializada de Tortura.
A pesar de la falta de denuncia, algunos de esos asuntos que se siguen de oficio proceden de casos expuestos a través de medios de comunicación y redes sociales, de las quejas y recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos y otros asuntos que trascienden a la opinión pública, y que ahora, ante la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el esfuerzo por obtener cifras cercanas a la realidad será más complejo.
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Del último informe se desprende que las autoridades mayormente identificadas como “torturadoras” pertenecen a las fiscalías generales estatales, con 44.4 por ciento de los señalamientos, los cuales recaen principalmente en agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y personal administrativo, entre otros; el 27.9% son de secretarías estatales de Seguridad Pública; tres de sistemas penitenciarios, uno del Tribunal Superior de Justicia y el resto no se ha determinado la dependencia a la que pertenecen.
De los apenas 18 casos de tortura judicializados, aquellos que fueron puestos a disposición de un juez, durante el periodo analizado, en sólo diez se identificó a la autoridad acusada. En siete de los asuntos, policías municipales fueron señalados dentro de carpetas de investigación; en dos, agentes de los sistemas penitenciarios de las entidades federativas; y en uno, miembros de las secretarías estatales de Seguridad Pública. En 2023 se dictaron ocho sentencias condenatorias y una absolutoria por ese delito.
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Para el investigador Ángel Salvador Ferrer, muchos casos de tortura van a la cifra negra, porque “como es un delito de autoridad, digamos que en la pugna por la justicia hay un desequilibrio, un desequilibrio, de inicio”, dijo.
“No es lo mismo que dos particulares breguen por un asunto en concreto donde la igualdad de armas de algún modo es mayor. Cuando hablamos de que hay una autoridad, que es quien generalmente tiene las escenas controladas, las escenas delictivas, los delitos de tortura se suelen producir en espacios controlados por una autoridad, digamos que tiene una posición muy dominante. ¿Y esto a qué lleva? A que las víctimas muchas veces carezcan de incentivos para poder denunciar, sean amenazadas, tengan miedo, desconozcan los procesos o tengan que acudir a pedir justicia a las autoridades que muchas veces son las mismas que han producido el delito”, agregaría Ferrer.
“PERLA” PENITENCIARIA
Uno de los asuntos judicializados en el lapso del informe correspondió a una agresión verificada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 13 CPS Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde se realizó un operativo revisión en las instalaciones del dormitorio C, módulo 7, a cargo de algunos comandantes y diversos oficiales de seguridad y custodia.
La orden del oficial Francois Larrainza Gutiérrez a los internos fue “No me vean, agachen la mirada, adopten la posición de revisión”. En la Estancia 8 insultó a los internos: “Pinches chilangos pasados de verga, ya se los cargó la chingada, están en un centro federal, adopten la posición de revisión”.
Uno de los reclusos, identificado con las iniciales VHLH, fue golpeado en los tobillos pese a acatar la indicación del custodio, pues Larrainza pretendía que abriera más el compás de las piernas y extendiera los brazos, para después azotarle la cabeza contra la pared, provocándole una lesión en la frente. “Aquí amanecen colgados, camina hacia atrás, no me veas, cierra los ojos, rápido salte de la celda, te caes y te paro a vergazos”, gritaba el oficial sacando al reo violentamente de la celda con empujones y torciéndole el brazo, para después conducirlo al patio.
En el área del patio, los malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes continuaron, pues el servidor público pateaba los tobillos de la víctima, quien era obligada a estirar el compás hasta chocar su cabeza contra el muro. El oficial Christian Andrés Carballido fue señalado de participar con golpes y arrojar gas contra el rostro del preso, que no podía abrir los ojos y sólo sentía puñetazos en su cuerpo y cómo azotaba su cabeza contra la pared, recibiendo más patadas en los tobillos, que fueron muy lastimados con las duelas de las botas policiales. El suplicio duró más de dos horas 15 minutos, según la carpeta de investigación.
Conducido nuevamente a su estancia, VHLH fue cuestionado por el subdirector de Guardia y Custodia, Daniel Hernández González, sobre una piedra localizada en el lugar, a lo que la víctima respondió que la ocupaba para limpiar la taza de baño; sin embargo, el referido comandante lo agredió físicamente, azotando su cabeza contra la pared, lo insultó al reiterar lo que los otros oficiales rezaban: “Pinches chilangos pasados de verga, aquí amanecen colgados”. El oficial Larrainza tiró las pertenencias del interno al piso, tales como artículos de uso personal, productos de tienda, cartas, fotografías de su familia, ordenándole levantar todas las cosas y ponerlas en una bolsa de basura para tirarlas.
Todavía, el custodio vació el garrafón con agua sobre el colchón de la víctima, sus pertenencias y sus cobijas. Por todo lo anterior, el caso fue judicializado por el proceder de los servidores públicos, quienes ocasionaron dolores y sufrimientos que menoscabaron la dignidad humana de la persona privada de la libertad, dañaron su integridad física al obligarlo a realizar una posición forzada, la cual se encuentra prohibida a nivel internacional. Al menos se sabe que a Carballido le fue ejecutada una orden de aprehensión por el delito previsto y sancionado en el Artículo 29 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes, por el que se le dictó auto de vinculación a proceso en la carpeta judicial OAX/000575/2023, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca.
NO SÓLO POLICÍAS
El investigador Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura, de la organización Documenta, AC, explica a ZETA que el delito de tortura “es una conducta que implica cuatro elementos principalmente: Que exista un dolor o sufrimiento de notable magnitud, que este dolor o sufrimiento sea infligido de manera intencional por alguien, que sea producido con una finalidad -que persiga algo- y además que participe en este dolor o sufrimiento directa o indirectamente una figura de autoridad, es decir, un funcionario público que lo produzca directamente, o sea, que agreda físicamente de una manera extrema o muy exagerada a alguien o que anime, incite, incentive, amenace, a que otra persona haga esto”.
De igual forma, citó: “Las conductas son complejas dependiendo de en qué lugar del país estemos, podemos ver técnicas y dinámicas de dominación por parte de las autoridades, que son diversas, ni siquiera coinciden siempre las mismas autoridades, ni con las mismas técnicas, ni hacia las mismas poblaciones. Aunque lo que sí es una constante, deje que le diga, delitos que afectan sobre todo a personas que tienen mayores dificultades para poder reivindicar sus derechos. Hablamos de personas que están en exclusión social, económica, que desconocen el derecho; personas que en muchos casos pertenecen a grupos con mayores dificultades”.
El entrevistado lamentó que la tortura sea empleada como técnica de investigación criminal por parte de autoridades policiales o ministeriales: “Frente a una inseguridad palpable en el país, a veces incapacidad, a veces decisiones políticas, a veces desatinos, se decide combatir con lo que se denomina ‘mano dura la delincuencia’, pero a veces esta mano dura lo que implica también es realizar fraudes de ley, y esto significa en muchas ocasiones, fabricar o forzar confesiones e inculpaciones de delitos. En esos primeros momentos de las detenciones, se ven como táctica muy recurrente la impartición de tortura como una manera de intentar obtener información o confesiones, muchas veces, la mayoría, falsas y sesgadas”.
Aunque los más visibles torturadores pueden ser policías, militares y custodios, “pocas veces pensamos, por ejemplo, en -y digo ejemplos- trabajadores o trabajadoras sociales, médicos, enfermeros, jueces, personas que también son autoridad, que también pueden tener bajo su custodia a personas en otros ámbitos y que en muchas ocasiones también ejercen una violencia desmedida; pero como son delitos o contextos hacia los que volteamos menos, se denuncian menos, y por lo tanto, se invisibilizan mucho más estas prácticas”, expresó.
“Dentro del sistema de justicia o de seguridad, los señalamientos principales se dirigen a las fiscalías, no siempre, no en todos los estados y no es la misma incidencia, pero prácticamente la mitad de las denuncias que se producen por tortura señalan agentes del Ministerio Público, policías de investigación o personas adscritas a las fiscalías o procuradurías”, detalló Ferrer.
El investigador y activista se muestra preocupado ante la dificultad de los mecanismos de denuncia, porque “si quienes más torturan son quienes inician las investigaciones y quienes tienen que llevar los casos ante los jueces, vemos claramente una incompatibilidad con el acceso a la justicia; una víctima rara vez acudirá a denunciar la tortura a quien lo ha torturado”.
Lo más importante, dice, es no desacreditar a las víctimas, no minimizar sus dolores y sufrimientos porque son muy subjetivos y cada persona vive un episodio de violencia de forma distinta, pues hay personas que tienen heridas muy profundas “y el tener el rechazo, el descrédito de su comunidad, de sus personas cercanas, de una manera tremenda, desanima a las personas a denunciar, entonces yo creo que como sociedad no tenemos que orillar, no tenemos que desacreditar, no tenemos que ignorar a las personas”.
Ángel María Salvador se mostró optimista ante el fallo de un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México que reconoció la omisión de la Fiscalía General de la República y ordena la expedición del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura (PNT), tras una lucha jurídica entablada desde hace varios años por organizaciones de la sociedad civil: “Bueno, el programa todavía no se tiene. Existe una obligación de expedirlo, que en verdad esta obligación existe en la ley y debió haberse cumplido en diciembre de 2017, pero no se aprobó el programa.
“Esta sentencia reafirma lo que taxativamente y muy claramente dice la ley, que es, la Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República: debe coordinar la expedición, la preparación del programa para que se expida y es la autoridad responsable de que este programa se publique y es una figura fundamental para la lucha contra la tortura, porque su ausencia es uno de los motivos que vitalizan la práctica de la tortura. Es muy evidente que la falta de políticas coordinadas entre las distintas autoridades, entre las distintas instituciones de justicia en delitos que son complejos, transestatales en muchas ocasiones, que vinculan a distintas autoridades, que no existan programas realmente con objetivos, con líneas, con intervenciones, con un seguimiento y que se les exija a las autoridades que cumplan, nos lleva a un marco muy proclive y realmente fértil para la producción de este delito”, agregó el experto.
Ferrer aseveró que un programa de esta magnitud es muy complejo, “es un programa de política pública nacional, por lo tanto, estamos expectantes de qué programa se va a publicar, y desde luego, desde organizaciones, instituciones académicas, instituciones independientes e internacionales; contamos, confiamos, esperamos, que se retome un trabajo que hicimos colaborativamente durante 2019, entonces, esperemos que el programa que se publique sea una actualización de aquello, que así sea”.
Por último, el activista lanzó un mensaje contundente: “Mientras se torture y socialmente no exista un rechazo, la tortura seguirá siendo un delito bastante redituable”.
