Al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le restan menos de dos meses de actividad. El 20 de marzo, a más tardar, el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación secundaria con la que operará el nuevo modelo en la materia, luego de que el 20 de diciembre se decretara la desaparición del organismo. Las funciones del INAI quedarán desconcentradas, de tal suerte que distintas instancias habrán de ejercer su labor.
El 27 de enero los cuatro comisionados del INAI, Julieta del Río Venegas, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara y Adrián Alcalá Méndez, sostuvieron un encuentro con la titular de esquema de coordinación, puesto que la dependencia federal habrá de absorber parte de las funciones del organismo.
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La Secretaría “será la autoridad encargada de garantizar la información que entregan todos los entes públicos de la administración pública federal, la secretarías de Estado, los organismos descentralizados como el IMSS, los desconcentrados como el SAT, las paraestatales como Pemex o CFE, la Banca de Desarrollo; es decir, todos esos más de 250 entes públicos que dependen del Poder Ejecutivo, será la responsable de garantizar la transparencia y el acceso a la información y la información personal que obre en sus archivos”, refirió a ZETA el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá.
Expuso que, aunado a ello, la dependencia se responsabilizará de garantizar el uso adecuado de los datos personales que obren en poder de empresas privadas.
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Actualmente, en el cometido de garantizar el acceso a la información pública, el INAI debe asegurar que, a nivel federal, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, así como personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, le entreguen al ciudadano la información pública que solicite.
De acuerdo con Alcalá Méndez, para velar por la transparencia en el Congreso de la Unión lo mismo que en el Poder Judicial, se creará un órgano interno, respectivamente, como parte del nuevo modelo; tratándose de las fuerzas políticas, el Instituto Nacional Electoral se encargará de observar, así como de proveer la información a los ciudadanos, por lo que respecta a los sindicatos que reciban recursos públicos federales, estará a cargo el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
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“Es decir, estamos regresando al modelo de la primera generación de leyes, entre el 2002 y el 2007, cuando se promulga la Ley Federal gubernamental y se hablaba precisamente de esta segmentación que posteriormente nos llevó a la unificación; pero estamos regresando a ese nivel, a ese modelo, y habrá de establecer esa legislación secundaria esos parámetros, con la salvedad que respecto a los datos personales en el ámbito privado la única autoridad responsable será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, estableció el comisionado.
— ¿No implica esto un desacierto o un retroceso, tomando en cuenta que ya todo estaba unificado en el Instituto Nacional de Transparencia?
“Bueno, los tiempos políticos han cambiado. Estamos viendo un cambio en la transformación de todo el modelo del Estado mexicano. Vemos el tema con el Poder Judicial, vemos también con el tema de competencia, de la regulación, Telecomunicaciones. Esperemos que sea un cambio para bien, para el bien de la República; recordar que teníamos un estándar, hoy tendremos otro modelo”, antepuso.
Se pronunció por “seguir precisamente insistiendo” en que es necesario que los servidores públicos rindan cuentas a la ciudadanía, de los mandatos que esta les da al igual que de los recursos públicos que ejercen.
En lo respectivo a la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que los entes públicos deben publicar determinados contendidos (aparte de responder a las solicitudes de información), el entrevistado acentuó que la Ley General en la materia “establecerá las bases de quién será el responsable y en qué términos será la responsabilidad del manejo y la operación” de esa herramienta.
“Hasta donde sabemos”, indicó, la PNT “será administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.
A decir del exconsejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, la legislación secundaria deberá contemplar un sistema de vigilancia para que la información que se provea “esté adecuada, esté completa” y “actualizada”.
La consabida Ley, además, “habrá de obligar a todos los entes públicos, igual que ahorita, a que los estados y los municipios y sus dependencias y entidades paraestatales, municipales, etcétera, publiquen la información; es decir, que se mantenga el mismo esquema, de tal manera que el Gobierno del Estado de Baja California publique su información, el Ayuntamiento de Tijuana, la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, los fideicomisos como el FIARUM sigan publicando su información en la sección respectiva en la Plataforma Nacional de Transparencia”.
De la permanencia de la PNT, Alcalá Méndez mencionó que “queda garantizada” y comentó: “La secretaria (Raquel Buenrostro) manifestó que la infraestructura se habrá de operar con la misma; reconoció que es una herramienta de gran trascendencia y de gran valía y que habría que trabajar sobre de ella”.
De cualquier modo, señaló, “tenemos que esperar obviamente a la legislación secundaria, que diga lo que se comentó” en el encuentro con Buenrostro.
“Habrá que esperar la decisión que se tome en la Cámara de Diputados y eventualmente en la colegisladora, que será la Cámara de Senadores, pero ese es ahorita el panorama y nosotros; aún sin legislación secundaria y sin iniciativa siquiera, nos sentamos precisamente porque las instituciones de Estado mexicano tienen que dialogar y trabajar el ámbito de su competencia, respetando las atribuciones”, abundó.
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó vía telefónica que la legislación secundaria se discutirá en un período extraordinario.
“Debemos esperar la propuesta más acabada, más completa sobre ese tema para poderla difundir y garantizar con responsabilidad”, expuso el ex dirigente nacional de Morena.
“Estamos a la espera de la propuesta del Ejecutivo y de organizaciones de la sociedad civil para encontrar la mejor forma”, enfatizó.
En cuanto a los ajustes a discutir, el legislador oficialista refirió: “Tenemos una Ley de Transparencia y de Datos Personales, entonces esa sigue siendo al guía que vamos a contemplar”.
INSTITUCIONES DE SALUD; CON MAYORES REQUERIMIENTOS
En noviembre de 2024 integrantes de organizaciones de la sociedad civil pretendieron manifestarse al exterior de Palacio Nacional contra la reforma relativa a la extinción del INAI, con la consigna de que no confiaban en que el gobierno pudiera auto vigilarse (a la hora de proveer información pública). Sin embargo, personal del Gobierno de la Ciudad de México impidió que la protesta se efectuara, bajo el argumento de que estaba prohibido utilizar plantas de luz en las inmediaciones del recinto, recurso material del que los activistas pretendían valerse para hacer uso de un proyector.
“Cuando se vayan a discutir estas leyes (la legislación secundaria), ahí es donde tenemos que también incidir como sociedad a través de nuestros legisladores respectivos para garantizar en la mejor medida esta independencia, esta autonomía, pero sobre todo esta obligación a cargo de los entes públicos para evitar precisamente que incurran en estas prácticas opacas”, dijo el comisionado presidente del INAI a propósito de la presunción de que el gobierno fallara en su responsabilidad de auto supervisarse.
Alcalá se abstuvo de hablar de sujetos obligados que incurran en opacidad. De cualquier forma, se refirió a las instituciones de salud pública como los entes públicos que históricamente han sido blanco de mayores requerimientos de información.
“Empezando por el IMSS; le sigue el ISSSTE y otros hospitales públicos; y también a nivel local sucede lo mismo”, detalló.
“¿Por qué? Porque ellos tienen u ostentan nuestros expedientes clínicos, se piden muchísimas ocasiones la rectificación de ciertos datos. Recordar que el Instituto Mexicano del Seguro Social también tiene un tema relativo a la pensión, por jubilación, por cesantía, por vejez. Entonces el sujeto obligado más recurrido siempre es el Instituto Mexicano del Seguro Social. No significa que sea el más opaco, pero es el que con mayor frecuencia se le pregunta, en la parte histórica, desde el 2002 hasta la fecha”, explicó.
No obstante, el Informe del Labores que el Instituto Nacional de Transparencia presentó al Senado de la República esta semana arrojó que de octubre de 2023 a septiembre de 2024 el sujeto obligado al que se le hicieron mayores cuestionamientos fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En los mismos términos le siguieron a la SCJN el IMSS, el Consejo de la Judicatura, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional Electoral, Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional del Agua.
“Son los diez sujetos obligados con mayores solicitudes de información en el período”, remarcó Alcalá Méndez.
Tanto en lo respectivo al acceso a la información como a la protección de datos personales, el esquema actual está diseñado para que la ciudadanía interponga medios de impugnación.
En el consabido período (octubre de 2023 a septiembre de 2024) “se ingresaron 18 mil 625 medios de impugnación” y fueron resueltos “18 mil 339”, en lo concerniente al acceso a la información. Tratándose de la protección de datos personales, se interpusieron “tres mil 737” impugnaciones ante el INAI y se resolvieron “tres mil 616”, precisó el comisionado.
“Ejercieron sus derechos y por alguna razón consideraron que el sujeto obligado o no los atendía o no corregía o no les daba acceso a los datos personales”, dijo.
Alcalá refirió que con todo y que en los casi dos meses que le quedan al INAI de actividad los comisionados se concentrarán en el proceso de entrega-recepción, es sistema seguirá operando.
“Nosotros seguiremos funcionando hasta el último día. Hasta el último día que nos permita”, aludió.
Para la sesión ordinaria del 29 de enero, el Pleno del INAI tenía previsto someter a consideración 201 recursos de revisión en materia de acceso a la información y 49 en términos de protección de datos personales.
Al 22 de enero habían ingresado 846 medios de impugnación, interpuestos ante el INAI durante 2025, y se encontraban en sustanciación mil 163, toda vez que había recursos presentados desde diciembre de 2024.
A propósito del número de comisionados, adscritos a un organismo configurado para que operara con siete, Alcalá Méndez opinó: “Fue una decisión del Senado de la República no continuar con los nombramientos, con las designaciones. Nosotros operamos con cuatro comisionados desde el primero de abril del año 2023. Es una decisión que residió en Cámara de Senadores, como lo establece la propia Constitución”.
De los señalamientos procedentes de la Federación Mexicana de Fútbol, referentes a que personal del INAI habría incurrido en prácticas de extorsión, Alcalá Méndez sostuvo: “Nosotros somos respetuosos de los trabajos y la investigación que realiza en Órgano Interno de Control del INAI. Esa situación se dice en medios nacionales que se presentó una queja. Nosotros no somos parte de la investigación y el presidente del INAI no pregunta qué investigaciones tiene el Órgano Interno de Control”.
Alcalá Méndez dijo apostar por un uso responsable de las tecnologías de la información, en el ánimo de seguir preguntado, participando, cuestionando. “Una sociedad que cuestiona, una sociedad que se informa es una sociedad mucho más democrática. Los tiempos, como lo dije, han cambiado. Deseamos que le vaya bien al país, y, en consecuencia, nos irá bien a todas las mexicanas y los mexicanos”, remató.
