El arribo de Marina del Pilar Ávila al gobierno de BC no ha representado éxito en políticas para la reducción de violencia familiar; 2024, el año con más denuncias por este delito
Nunca en la historia Baja California, las mujeres tuvieron una mayoría abrumadora en espacios de poder político, ni tampoco se tenía una argumentación estructurada para demostrar y justificar los motivos por los que era necesaria la implementación de la perspectiva de género en todos los ámbitos, desde la impartición de justicia, en Legislaciones y el manejo del presupuesto público.
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Un Congreso del Estado mayoritariamente de mujeres, cuatro alcaldesas en siete ayuntamientos y una posición equilibrada en los diversos cabildos del Estado, confirman tal afirmación, la cual se ve empañada por la poca participación de las féminas dentro de los equipos de trabajo en gabinetes de primer nivel y ampliados.
El discurso referente a la protección de las mujeres es recurrente por parte de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y es habitual que haga referencia a su género para demostrar que comprende la problemática.
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“Nuestro gobierno, por motivos evidentes, tiene una sensibilidad especial para abonar a construir la igualdad y combatir la violencia de género, por ello, desarrollamos el Escuadrón Violeta, que cuida, protege y acompaña a las mujeres víctimas de la violencia machista; y el Transporte Violeta, que garantiza rutas y movilidad segura para que todas lleguen sanas y libres a casa. Quiero hacer mucho énfasis en esto: si tocan a una, nos tocan a todas, también a la gobernadora de Baja California”, es una de las frases emblemáticas durante su I Informe de Labores, donde se comprometió a combatir este tipo de violencia y a estructurar un marco legal mucho más eficiente para su protección.
Rumbo al cuarto año de la mandataria estatal, la situación de violencia familiar -uno de los principales focos para medir las tendencias en la materia- no sólo no se ha reducido, sino que ha incrementado de manera sustancial, incluso presentando cifras peores que las documentadas durante la pandemia.
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Según números oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada año de la administración de Ávila Olmeda, las cifras de violencia familiar han incrementado respecto al año anterior, llegando a su nivel más alto en 2024, cuando se documentaron 14 mil 729 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), colocando a Baja California en sexto lugar a nivel nacional, por debajo de Ciudad de México (36 mil 260), Estado de México (27 mil 976), Nuevo León (19 mil 184) y Guanajuato (15 mil 958).
En 2023 se documentó una cifra similar, con 14 mil 468 querellas a nivel estatal, mientras que 2022 registró 13 mil 161, considerado el primer año completo de la administración de Ávila Olmeda.
Dicha tendencia viene desde 2021, con 12 mil 451; y 2020 con 10 mil 625, lo cual significa que, a pesar de la pandemia y del reconocimiento del Poder Ejecutivo de la Alerta de Género, la incidencia específica de la violencia familiar no ha modificado su tendencia al alza, pese a la creación de las unidades operativas Fuerza Rosa y Escuadrón Violeta a nivel local y estatal; tampoco pareciera que la construcción de los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM) han representado una tendencia diferente.
Si a ello sumamos la gran cantidad de casos de violación sexual, que anualmente registran entre 650 y 700 querellas a nivel estatal -sin contar aquellas que se documentan a menores de edad-, hablamos de que cada día se registra una denuncia por ese delito.
Los discursos son mensajes políticos que tienden a ser contundentes cuando vienen acompañados de una política y una visión gubernamental, pero se desgastan cuando la falta de resultados comienza a impactar en las palabras.
Desde los primeros tres años de gobierno estatal de Marina del Pilar Ávila Olmeda hemos visto un discurso duro cuando se trata de hablar de la agenda de mujeres, incluso ha referido que las recomendaciones de Alerta de Género ya se han cumplido en más de un 50 por ciento. Sin embargo, eso no se refleja en una reducción en la incidencia.
De hecho, la entidad que mayores avances ha realizado por parte de la agenda de género es el Congreso de Baja California, pero no por iniciativas de la mandataria, sino motivados por incidentes específicos, como el feminicidio de Daryela Rocha, cuyo asesinato concretó la Ley Daryela, que pretende obligar a funcionarios y servidores públicos a capacitarse con perspectiva de género. Por cierto, la familia sigue a la espera de recibir disculpa pública por parte de la fiscal María Elena Andrade, la cual radica en una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
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