Desde la gobernadora, pasando por los alcaldes y algunos funcionarios, aceptan donaciones o regalos para sus proyectos, pero están violando la ley sistemáticamente
Pareciera que la nueva estrategia para sostener “la honestidad y de la austeridad” es que el gobierno reciba donaciones de trabajo o en especie; o bien regalos para los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel; o para sus proyectos, actividades y festividades, y no dádivas al margen de la Ley.
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A través de supuestas aportaciones voluntarias, los gobiernos morenistas intentan borrar huellas de acuerdos políticos y de negocios, sin comprender que, con ello, también están violando la ley.
Uno de los primeros cuestionamientos que recibió la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda cuando asumió el cargo, fue el nombramiento de su esposo Carlos Torres Torres al frente de lo que calificaron como una Dirección de Proyectos Administrativos, la cual presumió que asumiría de manera “honoraria” y sin cobrar un peso. Aunque básicamente le estaba entregando una charola para representar al Gobierno de Baja California en los proyectos de interés.
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Esto mismo ocurrió tres años después, cuando Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana, hizo lo propio nombrando al ex panista en el mismo cargo, pero ahora en el municipio que gobierna, de igual manera, sin pagarle a Torres por su trabajo, que, resulta, lo dona tanto a Estado como a Ayuntamiento.
Es evidente que, con la entrega de un cargo honorario -es decir, sin pagarle un sueldo-, tanto Ávila como Burgueño y Torres creyeron podrían saltarse la Ley, y permitirle al ex diputado representar a ambos gobiernos para los proyectos de su agenda; sin embargo, la Ley contempla y obliga a los gobernantes y funcionarios a informar sobre ello.
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La Ley General de Acceso a la Información Pública de 2014, deja claro que la “donación” de Torres Torres de su tiempo y dinero, es medible y fiscalizable, lo cual -también por Ley- debe quedar asentado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), e informar si usa algún recurso público para desarrollar su “trabajo”, desde oficinas -que sí las tiene- hasta personal, o recurso público.
El artículo 81 establece que los órganos garantes “determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente, o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos, o en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad”.
El sujeto se vuelve obligado por tener una representación de la autoridad y se obliga a informar a los órganos garantes al respecto.
“Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, los Organismos garantes tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación”, continúa la Ley.
Bajo esta lógica, el esposo de la gobernadora debe informar desde su agenda vinculada a los proyectos estratégicos, sus reuniones y cualquier recurso público utilizado como vehículo, oficina, energía eléctrica, papel… en fin, todo lo que use para su función.
En el mismo sentido, tanto funcionarios como políticos y alcaldes, han utilizado la “donación” para ocultar contratos extraños, turbios y con posibles actos de corrupción; como el emblemático Cocinero Chino, en el cual el secretario de Sidurt, Arturo Espinoza Jaramillo, aseguró que las donaciones de las empresas Cadena y Valle Dorado, no dejaron evidencia porque fueron donaciones, cuando la Ley obliga a que las donaciones queden asentadas.
De lo que sí se tiene certeza es que ambos donantes, Cadena y Valle Dorado, son de las constructoras más beneficiadas de Baja California con obra pública del Gobierno Estatal, al grado que la primera ha recibido más de mil 500 millones de pesos en contratos.
El artículo 7, fracción II y el 40 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señala que todo servidor público tiene prohibido solicitar o recibir obsequios por lleva a cabo su función, pero en caso de hacerlo debe notificar al órgano interno de control para definir, dependiendo de los criterios de la institución, lo que procede.
La Ley es tan clara que hasta en los apartados de la PNT se ubica un rubro específico para informar sobre todo tipo de donaciones que se realicen a la persona o dependencia.
Esto mismo aplicaría para los contratos realizados por Armando Ayala Robles para los paquetes de obra donados por Sempra en beneficio del Ayuntamiento de Ensenada.
O las donaciones que en época decembrina solicitaron, con cartas membretadas, corporaciones policiacas de Tijuana y Tecate, por lo menos, para festejar a sus elementos. En el caso del Pueblo Mágico, hasta un terreno fue donado para rifarlo entre los policías, por cierto, relevados de su función desde el 7 de enero de 2025.
Pero, al parecer no hay autoridad alguna que obligue a los gobiernos de Baja California a registrar las donaciones que reciben, y rendir cuentas de manera transparente sobre las mismas, para evitar conflictos de intereses. O corrupción.
