Con antecedentes que quedaron plasmados como los primeros desafueros de la historia política de Baja California Sur, el Sistema Anticorrupción ha remarcado la necesidad de que la protección que recibe un sinfín de funcionarios y funcionarias sudcalifornianos sea eliminada de una vez por todas.
Y es que no sólo se trata de los cargos de alto nivel los que cuentan con este escudo que impide que sean llevados ante el juez sin un juicio de desafuero previo en el Poder Legislativo, sino también de aquellos que asumen responsabilidades básicas del servicio público en Baja California Sur.
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El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Lenin Ortiz Amao, es quien dio fe de lo anterior, calificando el fuero como un exceso y un privilegio que aletarga el trabajo de llevar ante la justicia a quienes han delinquido durante la labor de la administración del erario sudcaliforniano.
En la media península gozan del fuero: el gobernador, secretarios, directores generales, legisladores, jueces, magistrados, consejeros de la judicatura, procurador, subprocuradores, fiscales, presidentes municipales, regidores, síndicos y hasta delegados municipales.
“Prácticamente podríamos decir que un porcentaje muy alto tiene fuero; ya ni siquiera totalmente los de arriba, sino un director general tiene fuero. En lo personal, consideramos que ningún servidor público debería de tener fuero”, expuso.
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En estos momentos ya hay 17 entidades federativas que eliminaron esta protección de sus constituciones locales, sin embargo, Baja California Sur continúa en la lista de las excepciones.
Lenin Ortiz enfatizó que, si esta barrera dejara de existir, habría un retiro de privilegios que da un contexto social importante.
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Para la cuestión técnica, el hecho de que nadie tenga fuero permitiría a la Fiscalía Anticorrupción poder judicializar los asuntos sin acudir a pedir el juicio de procedencia ante el Congreso del Estado.
En pocas palabras, agilizaría el proceso que debe seguir la instancia para poder presentar a un funcionario imputado ante el juez.
“El desafuero obedece, hasta cierto punto, a la decisión de un Congreso del Estado en el que obviamente los intereses que hay tienen que ver con los proyectos políticos de quienes lo integran”, declaró.
En este escenario, el fiscal explicó que, con la entrada del sistema acusatorio en México como régimen de enjuiciamiento penal, las garantías de todos los intervinientes, incluyendo las y los diputados, son distintas a cómo eran en el sistema tradicional, conocido como “sistema inquisitorio”.
En el sistema tradicional todos los delitos que tenían una pena de prisión eran llevados directamente ante el juez y su resultado era un auto de formal prisión, lo que significaba que todos los delitos tenían la cárcel como medida cautelar.
“Que podían salir bajo caución o algún otro tipo de garantía, pero todos los delitos automáticamente significaban prisión. Ahora el sistema ya no es así, los delitos para poder estar en prisión se requiere justificar esta medida cautelar que, digamos, por el desarrollo y la jurisprudencia mexicana e interamericana, es de carácter excepcional”, detalló.
“Entonces ya no es necesario el fuero, máxime lo que ahora se traduce en un obstáculo para una debida investigación en tiempo real”, agregó.
De igual manera precisó que, incluso pudiera ser el sistema acusatorio compatible con que un servidor público, aun siendo procesado con su presunción de inocencia, mantuviera su estatus como funcionario.
Ahora la prisión preventiva es sólo una posibilidad y, de ser necesaria como medida cautelar, tendría que estar autorizada por un juzgador.
“Ahora, si le sumas que en Baja California Sur hay un sinnúmero de servidores públicos que tienen fuero, se convierte en un manto protector innecesario”, sostuvo.
MORENA Y ALIADOS FRENAN ELIMINACIÓN DEL FUERO
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción ha presionado por la eliminación del fuero en Baja California Sur, esto a través de una iniciativa que ha sido enviada a la congeladora por Morena y sus aliados, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.
Para que esto sea una realidad se requiere una reforma al artículo 159 de la Constitución Política del Estado, en donde se derogue o modifique esta disposición.
Durante el primer periodo ordinario de la XVII Legislatura del Congreso del Estado, se incluyó en el Orden del Día la iniciativa con proyecto de decreto que eliminaría esta protección, sin embargo, los diputados decidieron de último momento sacar la reforma de la lista de temas a discutir.
Sergio Villarreal Nogales, integrante del CPC, expuso que la propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, quien subió la iniciativa luego de acercamientos con integrantes del Sistema Anticorrupción.
“La diputada lo subió, ahí estuvimos nosotros; estaba en el Orden del Día, nosotros contamos la exposición de motivos… lo bajaron”, recordó.
“Estuvimos sentados representantes de la Red Ciudadana Anticorrupción, empieza la lectura, se lleva a cabo la ceremonia; el último punto era eso y nomás dijeron: ‘se clausura y muchas gracias’. Lo retiraron desde el principio”, añadió.
Al cuestionar a Vázquez Jacinto sobre el motivo de esta decisión, Sergio Villarreal asegura que respondió que no se contaba con el consenso, a pesar de que Morena y sus aliados representan una mayoría definitiva en el Congreso de Baja California Sur.
“Fuimos a platicar con la diputada y preguntamos cuál era el motivo. El motivo a grandes rasgos, ahí nos manifestó que era precisamente porque no se tenía el consenso de su fracción parlamentaria que era la mayoría para lograr el voto”, reiteró.
La legisladora les comunicó que decidieron que mejor consensarán la iniciativa y que se harían mesas de trabajo con el CPC, con la Red Ciudadana Anticorrupción y con los sectores involucrados; desde octubre hasta la fecha esperan que esto inicie, sin embargo, nada se ha concretado.
“Hay 17 estados del país que ya lo eliminaron totalmente, otros de manera parcial y hasta nivel federal el presidente o presidenta no tiene fuero para detener un delito. Aquí en Baja California Sur”, subrayó.
El escenario en el que se desecha la eliminación del fuero resulta conveniente, puesto que Sergio Villarreal recordó que hay dos servidores públicos que cuentan con la protección y que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción: la diputada del PT, Andrea Torres, y el subsecretario de Enlace Legislativo, Ariel Castro.
Ambos funcionarios están imputados en el caso de la contratación de una empresa de servicios de intermediación financiera para que el Ayuntamiento de Los Cabos lograra un crédito. Se pagó más de 14 millones de pesos a dicha compañía a pesar de que nunca realizó ningún trámite a favor del Gobierno Municipal, esto en octubre de 2022.
“Tenemos a una persona que puede estar vinculada con un caso de Los Cabos, que hoy es diputada, y tenemos a un subsecretario que estuvo relacionado con ese caso que hoy la Fiscalía tiene por lo menos dos autos de vinculación a proceso, pero que no puede seguir la persecución penal porque una diputada tiene fuero y un subsecretario tiene fuero”, remarcó.
La Fiscalía Anticorrupción logró ya la vinculación a proceso del exalcalde y extesorero de Los Cabos, Óscar Leggs y Martín Talamantes, sin embargo, Ariel Castro y Andrea Torres no han podido ser presentados ante el juez para audiencia inicial porque gozan de la protección constitucional.
“Esos son los vivos ejemplos que tenemos que plasmarlos en la nueva iniciativa”, recalcó Sergio Villarreal.
Por su parte, Virginia Eunice Rivera, presidenta del CPC, recalcó que el órgano que representa siempre ha promovido y exigido la eliminación del fuero de servidores públicos, ya que obstaculiza investigaciones penales.
Lo anterior como parte de la responsabilidad que tiene el CPC de apoyar a la Fiscalía Anticorrupción, ya que ambas instancias forman parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal.
También confirmó lo dicho por Sergio Villarreal: la propuesta no ha avanzado por el argumento de que es por falta de consenso entre las fracciones parlamentarias, lo que califica como lamentable.
“Nosotros hemos intensificado los esfuerzos para la eliminación del fuero constitucional de servidores públicos y eliminar este privilegio legal que dificulta y fomenta la impunidad porque ya perdió la razón justificable de aquellos tiempos de su origen para proteger a la fracción parlamentaria del Poder Ejecutivo”, declaró.
“Por eso convocamos al Congreso del Estado, que los diputados sepan que están respaldados por la ciudadanía que estamos atentos, no suelten estos temas; por favor, denles continuidad, son necesarios para permitirnos abatir la corrupción”, insistió.
OPOSICIÓN A FAVOR DE LA ELIMINACIÓN
El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares Aguilar, señaló que están a favor de que desaparezca esta figura, sin embargo, aclaró que es importante garantizar que no se violen las garantías de legisladores o representantes populares por emitir opiniones.
“Estamos a favor de la eliminación del fuero constitucional, nos parece que ninguna persona por ostentar un cargo público debiera tener privilegios sobre cualquier otro ciudadano, sobre todo cuando se trate de afrontar una responsabilidad por la falta de cumplimiento de alguna norma, alguna ley o de claramente el cometimiento de algún ilícito”, reiteró.
“Nadie debería de contar con esta circunstancia de tener fuero; por supuesto, debe de cuidarse, debe de atenderse la inviolabilidad de la opinión de un legislador, por ejemplo”, afirmó.
El dirigente subrayó que un representante popular debe tener la oportunidad de expresarse libremente sin que eso tenga repercusiones, pero hay una distancia entre eso y lo que se ha convertido el fuero constitucional que, coincide, ha terminado siendo escudo para la obstrucción de la justicia.
“Nuestro llamado, sin duda, es para que se atienda este tema y que haya igualdad entre todos los ciudadanos, independientemente si se es ciudadano o no”, finalizó.
