El 30 de diciembre del 2022 se publicaron en el portal Compranet los contratos mediante licitación pública nacional LO-015000999-E1465-2022 y LO-015000999-E1466-2022, obras emblema del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de La Paz, y también señaladas por estar plagadas de corrupción, lo que ahora se confirma por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Este conjunto de obras están relacionadas con la construcción del “Parque Deportivo Libramiento Norte de La Paz” y/o “Parque El Piojillo” y de un puente multimodal con ciclovía en libramiento y carretera transpeninsular, un andador y ciclovía en el Libramiento Daniel Roldán, mediante el Programa de Mejoramiento Urbano 2023 que financia el Gobierno Federal.
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La inversión fue erogada a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y se estima supera los 210 millones 766 mil pesos para la construcción del Parque y de 224 millones 811 mil del puente multimodal; además, estuvo a cargo de la empresa Grupo Zhomex, S.A. de C. V., y que los socios son María Rocío Bastidas Barraza, Cindy Danae Martínez Salinas; y como Comisario fue ubicado Narciso Agúndez Gómez, actual director de la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur.
Recién fue dada a conocer la Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas con número 2023-0-15100-22-0289-2024, practicada por la ASF a Obras de Infraestructura en el Estado de Baja California Sur, correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano mediante un procedimiento de fiscalización a la Cuenta Pública 2023.
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El ente fiscalizador revisó la aplicación de recursos federales de dicho programa, con el fin de comprobar que se hayan ejecutado las obras en físico, que hayan tenido la debida planeación, presupuesto, contrato y que se hayan pagado cumpliendo la legislación y normativa correspondiente, tomando en cuenta un universo de ejecución en la entidad por 275 millones 760 mil pesos, auditando el 81 por ciento del recurso, es decir, 223 millones 769 mil pesos.
Encontraron pagos en exceso, duplicados, obras de mala calidad y confirmaron que había conflicto de interés al contratar a una empresa relacionada con un servidor público, en este caso el director del API de Baja California Sur, aunque el propio Víctor Castro Cosío, gobernador del Estado defendió en que no era un conflicto de interés y mucho menos una ilegalidad.
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Según el gobernador, Narciso Agúndez Gómez puede participar en cualquier licitación pública, siempre y cuando no sea en el API, mientras sean otras instancias “no pasa nada, tiene derecho”.
“En el API no, porque ya eso es conflicto de interés, aunque tenga otra representación y le cambien de nombre a la empresa y todo lo que quieran, porque eso no, no; no es mi empresa, ese es otro nombre. No, yo certifico y que no me hagan trampa nadie, que hay esa persona, esa empresa particularmente del compañero, ese es conflicto de interés y yo no lo voy a permitir; que concurse su empresa, no en el API, que concurse libremente porque no les puedo negar el derecho”, sostuvo Víctor Castro Cosío.
Sin embargo, la Federación respondió, y dijo que sí hay conflicto de interés.
En la revisión de los contratos de obra pública a precio alzado números SEDATU-OP008-512-2023 y SEDATU-OP-009-512-2023, expresaron que “se constató que una persona servidora pública, adscrita a una entidad del Gobierno del estado de Baja California Sur, participó como Comisario en la última modificación al Acta Constitutiva de fecha 22 de abril de 2022 de la empresa a la que se le adjudicaron dichos contratos”, en este caso se refieren al Director del API, Narciso Agúndez.
Además, se detectaron pagos en exceso por dos millones 446 mil 625.64 pesos por concepto de obra pagada no ejecutada en cuatro partidas relativas a terracerías y cisternas, enlista la auditoría número 002/CP2023 del 5 de julio de 2024, violando el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción I, y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V y XI.
También, la Auditoría Superior de la Federación señaló un importe superior a los 14 millones de pesos de conceptos duplicados en la ejecución con daño a la hacienda pública.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 14 millones 157 mil 871.71 pesos, por pagos en exceso, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los intereses financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación o reintegro, debido a la duplicidad de diversos conceptos para la ejecución de la superestructura del edificio de usos mixtos por ocho millones 202 mil 009.85 pesos y para la iluminación deportiva por cinco millones 955 mil 861.86 pesos”, señaló el ente fiscalizador.
En total se determinó que quedaron pendientes de aclarar 16 millones 604 mil 497.35 pesos, así también durante la auditoría se encontró lo que era un secreto a voces, que la obra no cumplía con los estándares de calidad, por lo que Grupo Zhomex tuvo que volver a reconstruir 86 puntos que estaban defectuosos en puntos principales que no pasaron la inspección en compactaciones, concreto hidráulico, resistencia a la compresión y líquidos penetrantes en la zona.
LA RELACIÓN DE AGÚNDEZ GÓMEZ Y ZHOMEX
La ASF del dictamen del 14 de octubre de 2024, revelaron que además del impacto en recursos públicos en materia de obra pagada y no ejecutada, mala calidad y costos duplicados en exceso; también, existe conflicto de interés por la presencia de un servidor público del Gobierno del Estado con una relación sólida con la empresa ejecutora denominada Grupo Zhomex, S.A. de C. V., y que era sabido desde un inicio y negado por el propio Gobernador, quien actuó en complicidad y omisión.
La Auditoría señaló en el documento de fiscalización, que hay una clara violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su Artículo 51 y 78, que a la letra dice:
Artículo 51: Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:
- Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;
- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública.
- Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por si o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación.
Artículo 78: La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
- Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;
Confirmando lo que este Semanario ZETA reveló desde un inicio, la ASF lo detectó de inmediato.
“Se constató que una persona servidora pública de una entidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur participó como Comisario en la última modificación al Acta Constitutiva de la empresa a la cual se le adjudicaron los contratos de obra pública núms. SEDATU-OP-008-512-2023 y SEDATU-OP-009-512-2023”, señala.
ZETA buscó al director del API, Narciso Agúndez Gómez para conocer su versión sobre dicha auditoría y su involucramiento en la empresa, y tajantemente expresó: “Yo ya no tengo nada que ver con la empresa desde el 2022”.
Pero las pruebas indican que Narciso Agúndez pagó con su cuenta personal un recibo de Teléfonos de México (TELMEX), esto el 22 de enero del 2023, pasadas las 19:39 horas, cuando pagó la línea telefónica y solicitó facturación, con folio fiscal 6D89BA29-B56D-4CFB-B586- 73622875790E, donde aparece como beneficiario HEMASE S.A. de C.V., empresa de José Haro Rochín, esposo de la socia mayoritaria de Grupo Zhomex. HEMASE es una de las empresas que relacionan al director del API como suya y que tiene prestanombres para no aparecer directamente en los concursos de licitación.
La empresa Grupo Zhomex, S.A. de C.V., originaria del estado de San Luis Potosí, tiene como apoderadas y socias a María Rocío Bastidas Barraza con el 51 por ciento de las acciones y Cindy Danae Martínez Salinas con el 49 por ciento; también a Alan Haro Bastidas como residente de obra y desde el 14 de junio del 2016 nombraron como Comisario a Narciso Agúndez Gómez, actual director del API en Baja California Sur, y a la fecha no hay un documento que confirme su revocación en el cargo de Comisario de dicha empresa proveedora de la Sedatu.
LA OBRA EN EL PIOJILLO SIGUE INCOMPLETA
Hasta esta fecha de 2025 el Parque El Piojillo y puente multimodal están incompletos; al menos así se muestra en la obra, pese a que aseguraron que quedaría listo para finales de mayo del 2024.
“Este espacio podría quedar finalizado al concluir el mes de mayo, ya que en las siguientes semanas se enfocarán en la cimbra de áreas, como es la instalación de gradas, además del vertido de concreto en los andadores y ciclovía”, expresó Víctor Castro Cosío ante funcionarios de la Sedatu en una visita en 2024.
Desde que inició su construcción, el plazo de ejecución original -según el contrato- debió ser por 300 días naturales, contados a partir del 7 de febrero de 2023, y que se debió entregar el 3 de diciembre de 2023; sin embargo ya lleva más de 702 días naturales y la obra sigue inconclusa.
La empresa encargada de la supervisión de obra mediante contrato EDATU-SOP-004-512-2023, fue SISA HERMES Construcción y Supervisión, S.A. de C.V., de quien es administrador único el originario de Perú. Hirohito José Reategui Ramírez, y que cobró 22 millones 242 mil 800, fue señalada por la ASF por una mala supervisión, tras llegar al veredicto de Causa Raíz Probable de la Irregularidad por la “falta de supervisión en la ejecución de los trabajos”.
Unos días antes de la publicación, ZETA revisó el puente multimodal y el andador y ciclovía en el Libramiento Daniel Roldán, y seguían colocando la malla para colado de algunos tramos, tal y como se muestran en las fotografías de esta edición, lo que demuestra que hay partes sin concreto hidráulico.
En lo que refiere al Parque El Piojillo, el pasado 30 de enero arrancó oficialmente la etapa estatal de los Juegos Nacionales CONADE en Baja California Sur, donde tuvieron actividades deportivas los cinco municipios, y en el campo de béisbol de la unidad deportiva, se notó mucho la falta de las bancas para los equipos que se enfrentan, en su lugar se colocó una carpa y sillas de plástico de color blanco.
“El día 30 a las siete de la tarde en la Unidad Deportiva del Piojillo estaremos llevando a cabo el arranque de estas actividades por medio de la inauguración del evento. Iniciamos ya recibiendo a los deportistas, donde estarán participando en este primer fin de semana en los deportes de béisbol, que se estará desarrollando ahí en la Unidad Deportiva del Piojillo”, confirmó Noé Fiol, director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE).
