Gobernadora no ha articulado un discurso claro para justificar el recaudatorio asunto que la tiene en un brete que, como en el pasado panista, ha debido recular
Verdades a medias, incongruencias y modificaciones de discurso, son parte de lo que ha envuelto al Poder Ejecutivo durante las últimas semanas en torno a un tema que les parecía políticamente intrascendente, pero ha desencadenado una crisis al interior de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda: el reemplacamiento vehicular.
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La gestión de la morenista ya conoce lo que son los episodios de crisis, como lo fue en su primer año en Mexicali, cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el bar Shots, donde semanas atrás habían desaparecido cinco jóvenes, desplazó a la autoridad entonces presente que llevaba a cabo un cateo, e incendió parte del inmueble como una medida desesperada de las familias contra de la incertidumbre del paradero de los jóvenes.
Aquella crisis era una bomba que le estalló a su gobierno, pero en el caso del reemplacamiento, es un error totalmente propio de su gestión, de sus asesores que intentaron justificar lo indefendible y ahora nadie quiere hacerse responsable.
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El primer discurso fue el del secretario estatal de Hacienda, Marco Moreno Mexía, quien durante una comparecencia ante el Congreso del Estado, fue cuestionado por la diputada Daylín García Ruvalcaba respecto a la necesidad del reemplacamiento.
El experimentado funcionario dijo que la motivación no era recaudatoria, sino porque las placas otorgadas en pasados gobiernos eran de mala calidad y los números de identificación ya se habían borrado. Su comentario no vino acompañado de estudio alguno, sólo fue una justificación al aire que terminó apropiando la gobernadora días después.
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Pese al reiterado discurso de que no se trataba de algo recaudatorio, mexicalenses comenzaron a organizarse para protestar, por lo que el domingo 12 de enero, un grupo de más de 500 personas acudieron a las oficinas de Recaudación de Rentas para protestar en contra del reemplacamiento establecido por el Poder Ejecutivo contra los propietarios de automóviles con placas previas a 2021, por lo que pagarían mil 800 pesos más a la tarjeta de circulación.
La protesta provocó que la mandataria Marina del Pilar Ávila, quien se encontraba en Ciudad de México acompañando a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su Informe de 100 días de gobierno, emitiera un decreto de último momento, anunciando condonaciones de hasta el 80 por ciento en el cambio de láminas y un 100% en beneficio de personas con discapacidad.
Posteriormente, el diputado Juan Manuel Molina García fue cuestionado sobre el tema y aseguró que no era un planteamiento dentro de la Ley de Ingresos del Estado, lo que enturbió aún más el tema.
Ávila volvió a hacer referencia a ello, y en la mañanera del 15 de enero, aseguró que autoridades de CBP le sugirieron esta modificación, debido a que generaba complicaciones para los conductores que cruzaban a Estados Unidos, pues no era visible el número de placa.
El hecho resulta curioso porque si hay una entidad en la Unión Americana que no tiene cultura del reemplacamiento, es nada menos que el Estado de California, donde el diseño blanco lleva décadas. Lo que no mencionó es que para los usuarios con vehículos registrados con SENTRI, el reemplacamiento ocasionaría un trámite engorroso con autoridades estadounidenses, pues tendrían que registrar nuevamente sus láminas.
Por si fuera poco, la gobernadora prometió que a los cerca de mil 500 usuarios que ya habían realizado el canje de placas, les daría un reembolso por los costos, lo que evidentemente no contemplaron.
El mismo miércoles, ciudadanos acudieron con la intención de recibir su dinero de vuelta, topándose con la sorpresa que los trabajadores de Recaudación de Rentas no estaban preparados y no podían hacer el reembolso porque no había un decreto al respecto, lo cual provocó molestia en los ciudadanos que en vano dieron la vuelta a las oficinas gubernamentales.
Otra de las versiones a medias -una forma de decir mentiras- es que el decreto permanecería durante todo el año, cuando la realidad es que el documento establece que solo sería hasta el mes de julio y, después de esa fecha, se realizará el pago normal de mil 800 pesos.
Los discursos y la reacción de la gente recuerdan el episodio que vivió Francisco Vega de Lamadrid en 2017, cuando en una serie de manifestaciones contra del aumento a la tarifa de agua, una Ley privatizadora del recurso hídrico y del combustible, culminó con medidas que dieron marcha atrás al reemplacamiento del ex gobernador panista, quien dobló las manos, pero, aun así, llevó a la debacle a su administración en el último tramo.
Escenario similar al que vive Marina del Pilar en la actualidad, pues hoy viernes 17 de enero, se tiene prevista una nueva marcha, y con ello, quizá, una nueva reacción de la gobernadora u otro discurso para justificar…
