Fiscalía permite impunidad en ataques y amenazas a periodistas en Baja California
A punto de cumplirse tres años de los homicidios del fotógrafo Margarito Martínez Esquivel -17 de enero- y la periodista Lourdes Maldonado López -23 de enero-, cometidos en Tijuana bajo la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, nada ha hecho para que los autores intelectuales, que pueden seguir ordenando homicidios, sean identificados, detenidos, imputados y sentenciados.
Publicidad
Cierto es que con el primer procurador marinista, Ricardo Carpio, apoyado por el Gobierno Federal, identificaron y detuvieron a seis de los autores materiales de ambas muertes y sentenciaron a cinco en el mismo 2022, pero de la autoría intelectual, no hay avance alguno.
Previo a su salida, en repetidas ocasiones, el ex fiscal Carpio mencionó públicamente que la investigación había identificado como autor intelectual de la muerte de Margarito, a David López Jiménez alias Cabo 20, referido por autoridades de la Mesa de Seguridad como generador de violencia y operador criminal, primero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y después de la mafia Arellano, de la fracción de Pablo Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito.
Publicidad
En agosto de ese año lo detuvieron por otros delitos; no tenían elementos suficientes en el caso del periodista, buscaban declaraciones entre testigos amenazados, pero 29 meses más tarde, siguen sin reunir los elementos necesarios para imputarlo. Técnicamente la carpeta del asesinato de Margarito no ha registrado movimientos.
Caso similar el de Lourdes Maldonado, también asesinada por sicarios de la célula del Cabo 20, de acuerdo a agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), un homicidio a sueldo, y como parte de las líneas de investigación, no descartan llamar a declarar al ex gobernador y entonces senador, Jaime Bonilla, porque la reportera se había presentado en una de las conferencias mañaneras del entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pedir apoyo y decirle que temía por su vida como resultado del juicio laboral que estaba llevando con una televisora propiedad de Bonilla. Pleito que la periodista había ganado días antes de su asesinato. Maldonado también había señalado al ex gobernador de cometer irregularidades financieras y fiscales en sus empresas.
Publicidad
“No va a haber ninguna consideración en esta investigación hacia nadie, nada más en la espera de los tiempos legales y va a ser citado a comparecer quien tenga que ser citado”, expresaría en junio de 2024 la fiscal Andrade, cuestionada respecto al crimen de Maldonado.
El 12 de septiembre de ese año, Bonilla fue citado a declarar en la FGE, pero sólo compareció por permitir la firma del contrato de la planta fotovoltaica Next Energy sin tener facultades y atribuciones. Pero de la muerte de Lourdes Maldonado, casi tres años después, todavía nada.
La noche del 29 de diciembre, la FGE inició una nueva carpeta que apunta a la impunidad en tema de autores intelectuales y materiales. Lo hicieron después que delincuentes colgaran una manta en la colonia Libertad de Tijuana, cuyo mensaje contiene una ambigua y extraña amenaza a delincuentes del Cártel de Sinaloa, en la que mencionan “periódicos” y a ZETA, lo que sucedió posterior a que este Semanario publicara dos trabajos periodísticos informando que las autoridades -FESC o Secretaría de la Defensa Nacional- habrían dejado escapar a Pablo Huerta alias El Flaquito, quien de acuerdo a las autoridades, protagoniza una pugna interna con su otro cómplice, Brayan Corona alias El Apache, y se identifica por nombre a operadores criminales -antes desconocidos- de ambas células.
La FGE inició la carpeta por “terrorismo y lo que resulte, contra quien resulte” y le envió un desglose a la Fiscalía General de la República, ya que la fiscal María Elena Andrade aseguró que era un tema federal, como deslindándose de su obligación constitucional de investigar las amenazas, pero no pudo. La indagatoria de la delegación de la FGR es diferente, por “asociación delictuosa”, con la finalidad de identificar a la agrupación criminal y los delitos federales que cometen, mientras dieron vista a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
A la fecha, se sabe que únicamente la FGR solicitó y obtuvo algunos informes de autoridades y videos relacionados con la manta, sin mayores resultados. Del resto, nada.
Infortunadamente, tratándose de ataques contra periodistas en Baja California, la impunidad no es novedad.
Sólo en el caso de ZETA, el autor material del homicidio de Héctor Félix, cometido en 1988 por escoltas del dueño del Hipódromo Caliente, Jorge Hank Rhon, no ha sido investigado; no hay nadie preso por el atentado armado contra Jesús Blancornelas (1997) en el que murió su escolta, y tampoco hay detenidos por el asesinato del editor general Francisco Ortiz en 2004.
Además de las muertes de Martínez y Maldonado, durante los gobiernos morenistas de Jaime Bonilla y Marina Ávila, en BC, “funcionarios públicos, escoltas, elementos de seguridad, manifestantes y particulares no identificados” han agredido o amenazado a diversos periodistas verbal y físicamente. Difamaciones, hasta un carro quemado, sin que los presuntos responsables fueran detenidos y procesados.
La cruda realidad es que las denuncias, los análisis de riesgo, botones de pánico y patrullajes ofrecidos por el Mecanismo de Protección de Periodistas, el cual tenía Lourdes Maldonado, no salvaguardaron su vida y no resguardan la seguridad de ningún reportero.
Las amenazas a la vida y seguridad de los periodistas sólo pueden ser neutralizadas por una presidenta y una gobernadora que de verdad combatan la impunidad y presionen a sus fiscalías a dar resultados tangibles, que investiguen, identifiquen, procesen y apresen a los autores materiales y a los intelectuales, para que no sigan ordenando y ejecutando ataques.
