Entre 38 y 40 auxiliares viales en Tijuana podrían regresar con uniforme nuevo al filtro fronterizo del cruce a los Estados Unidos por San Ysidro u Otay para finales de enero, toda vez que son la mitad que el gobierno decidió que conservaría su trabajo tras el escándalo en redes sociales que detonó un video grabado con dron, en el que se expone un caso de presunta extorsión que exigían los servidores públicos para permitir el paso de automovilistas a la fila y así ahorrarse dos horas de espera (a cambio de más de 60 dólares).
Apolinar Fernández Álvarez, secretario de Movilidad municipal, aseguró que los despedidos -cerca de 38 agentes auxiliares- estaban implicados en actos de corrupción en la garita; pero al ser cuestionado, decidió responsabilizar a Sindicatura, en donde sólo hay ocho denuncias y una policía bajo investigación.
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“Ya fueron dados de baja todos los que participaron en estos actos, y los que quedaron están en aulas de capacitación”, dijo el secretario Fernández Álvarez. “Los que quedaron ya se asignaron a la Secretaría de Movilidad, los cuales a partir del día de hoy iniciaron cursos de capacitación. Vamos a estar en capacitación permanente para que se conviertan en agentes de movilidad y esta institución”, explicó.
De las ocho denuncias contra auxiliares que hay en Sindicatura, tres se siguieron por oficio y hay un caso en contra de la agente Alejandra Ruiz Santiago, ex jefa de asistentes viales en garita de San Ysidro, que podría ser el único caso con posibilidades de terminar con una sanción administrativa.
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“Bueno, recordemos que estos asistentes, aunque forman parte administrativa de Oficialía Mayor, tienen un jefe inmediato, que era precisamente esta funcionaria que se desempeñaba en esta área. Nosotros, al momento en el que hacemos este impulso procesal, es lo que nos va a determinar a qué sanción es acreedora, dependiendo de la responsabilidad administrativa que le vaya generando”, explicó Teresita Balderas, síndica procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana.
Pese a que había denuncias contra los auxiliares viales desde la administración de Morena de Montserrat Caballero, tuvieron que pasar más de 100 días de gobierno de Ismael Burgueño para que se tomaran decisiones ante el problema de las garitas.
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Tanto el alcalde Burgueño como el secretario Fernández amenazaron con multar a automovilistas y remolcar autos que se metan a la fila, pese a que no supieron contestar durante la mañanera ante la pregunta explícita de cuál artículo del reglamento indica que es una infracción.
“Está en el artículo 84, el cual indica que aquel ciudadano que sea sorprendido invadiendo carril será acreedor a una infracción. El 11 de enero de 2019 se le hizo una adición a este reglamento, que especifica claramente que todo aquel ciudadano que sea sorprendido invadiendo un carril que sea designado para una garita internacional será acreedor a una infracción”, precisó la síndica.
