Durante los últimos seis años, el número de centros carcelarios en el país se redujo en un 12 por ciento, mientras que la población de personas privadas de la libertad aumentó en casi un 20%, de acuerdo a datos comparativos de los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024, con lo que los fenómenos de sobrepoblación y autogobierno se agravaron en las prisiones mexicanas donde diversas mafias controlan los penales y sus actividades.
Sólo en 2024 se registraron hechos graves en cárceles de Baja California, San Luis Potosí, Morelos, Hidalgo, Tabasco y Jalisco, entre otras, desde denuncias de corrupción contra autoridades de los establecimientos penales, introducción y venta de drogas, homicidios dolosos y muerte de presos por sobredosis, hasta motines y fugas de reos. En la mayoría de los casos se advirtió que personas privadas de la libertad ostentan el poder y tienen el control de lo que ocurre al interior, y que trasciende también al exterior de los centros.
Publicidad
Mientras que en diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, había 197 mil 988 personas procesadas y sentenciadas en un total de 308 centros penitenciarios; para el último de noviembre de 2024 la población carcelaria se incrementó hasta 236 mil 003 reclusos, pero el número de cárceles disminuyó a 275 con una capacidad para albergar a 225 mil 006 reos, por lo que existe una sobrepoblación de casi 11 mil presidiarios y 121 de esos recintos están sobrepoblados. El 94% de las personas privadas de la libertad son del sexo masculino y el 6% restante corresponde al femenino.
De acuerdo con los indicadores oficiales, el 63% de los reclusos tienen la calidad de sentenciados, en tanto, el 37% aún son procesados por el Poder Judicial. Las entidades federativas que tienen más hombres y mujeres encarcelados son Estado de México, con 35 mil 687 reos; Ciudad de México, 25 mil 608; Jalisco, 13 mil 202; Baja California, cuarto lugar con 12 mil 890; Sonora, 11 mil 739; Nuevo León, 10 mil 478: Chihuahua, 9 mil 036; Veracruz, 8 mil 505; Puebla, 7 mil 444; y Michoacán, 6 mil 637.
Publicidad
De todos esos estados, sólo tres repiten en la lista de los primeros lugares de sobrepoblación carcelaria, que ahora es encabezada por Nayarit, con más del 153% de sobrecupo en sus reclusorios; Edomex, 147.53%; Durango, 89.24%; Morelos, 83.93%; Sonora, 46.96%; Quintana Roo, 42.53%; Tabasco, 33.31%; Hidalgo, 30.84%; Veracruz, 22.44%; y Chiapas, 21.43%. Campeche, Yucatán, Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas y BC tienen los penales con menos sobrepoblación.
Entre los centros penitenciarios más sobrepoblados destacan los del Estado de México, ubicados en Chalco, Zumpango, El Oro, Jilotepec, Tlalnepantla de Baz y Ecatepec. También existe grave hacinamiento en las prisiones morelenses de Jojutla y Cuautla. En la misma órbita se encuentran los Centros de Reinserción Social (Cereso) de Playas de Catazajá, Chiapas y el de Bucerías, Nayarit. Por su parte, las cárceles bajacalifornianas con sobrepoblación son las de Tijuana, con 14%, y la de Mexicali, con 15.84% de presos extra. El CRS de Ensenada, El Hongo y El Hongo II, tiene aún espacios desocupados para nuevos internos, sobre todo el último en mención, que apenas tiene ocupación del 39%.
Publicidad
CORRUPCIÓN
Aunque durante 2024 no se reportaron motines o riñas continuas como en años anteriores en BC, el 20 de enero se dio cuenta pública de actos de presunta corrupción, que a la fecha son sostenidos por familiares de reclusos en El Hongo. En una lona muy visible sobre la Carretera Libre Tecate-Tijuana, a la altura de la delegación Luis Echeverría, se advertía de anomalías al interior del penal. Junto al mensaje, los inconformes dejaron una corona de flores. Entre otras cosas, se quejaron de que se permitía a la facción de Los Chapitos -del Cártel de Sinaloa- introducir y vender drogas, además de malos tratos hacia los reclusos y familiares por parte de custodios.
En San Luis Potosí Capital, el 14 de marzo se registró un motín en el penal conocido como La Pila, que tuvo como saldo tres personas muertas, dos de ellas elementos de seguridad y un interno. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPPC), la inconformidad de los reos se debió al traslado de un grupo de 51 reclusos hacia otros centros penitenciarios durante la madrugada, desencadenándose la violencia que inició con el incendio de dos palmeras en el patio central y acabó con la vida de los oficiales Andrés González Sánchez y Francisco Saavedra Hernández. El penal contaba con una población de mil 900 internos.
El 2 de mayo, nuevamente en el penal de La Pila, se reportó otro motín luego que las autoridades carcelarias realizaran un operativo de inspección para asegurar aparatos de comunicación satelital. Un grupo de personas privadas de la libertad alteraron el orden al generar disturbios al exterior de los dormitorios 1 y 3, expresando su inconformidad por la medida que los dejó sin sus teléfonos celulares. Tanto el secretario de Seguridad Pública como el director del penal dialogaron con los rijosos para restablecer el orden, al igual que lo hicieron con los familiares que en el exterior del centro también se manifestaban, explicándoseles que la posesión y uso de celulares está prohibida por reglamento.
En el Cereso El Hongo, el 11 de mayo un interno fue localizado sin vida al interior de su celda por sobredosis de droga. El reo, de nombre José Ramsés Ríos Lerma, de 39 años de edad, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio secundario a probable abuso de sustancias ilícitas, de acuerdo con información que arrojó la necropsia. Según custodios, Ramsés presentaba huellas en sus brazos de haber introducido agujas probablemente de jeringa. Se encontraba procesado en la causa penal 44/2019, refiere un documento oficial del penal.
En el mismo mes, pero el jueves 23, trascendió la evasión de un preso de El Hongo II, de nombre Humberto Castro, quien no se fugó de presidio, sino de las instalaciones del Hospital General de Tecate, donde permanecía bajo custodia penitenciaria tras haber programado una intervención quirúrgica por una hernia que se le tenía diagnosticada. Según versiones del hecho, el interno en calidad de paciente habría solicitado permiso para ir al baño, por lo que uno de sus custodios le abrió el candado que le encadenaba a la cama hospitalaria. Como era de madrugada, al vigilante le dio flojera acompañar al reo al baño y al paso de los minutos se percató de que no regresaba y al buscarlo ya no fue localizado. El evadido es presunto roba-autos.
CIERRE DE AÑO
El 5 de octubre de 2024 se registró una riña al interior del Cereso de Atlacholoaya en Morelos, donde cuatro internos resultaron lesionados y fue necesario trasladar a tres de ellos a un hospital. Después trascendería que la riña no fue entre reclusos, sino que éstos fueron agredidos por custodios en el dormitorio B, por haberles señalado de actos de corrupción en la administración anterior. Entre otros señalamientos se dijo que algunos de los servidores públicos extorsionaban a los presos con cobros diversos para no trasladarlos a otros penales. Al día siguiente, el Gobierno de Morelos anunció que todos los mandos penitenciarios del Estado fueron destituidos.
En Mixquiahuala, Hidalgo, el 5 de noviembre un vehículo oficial que realizaba el traslado de tres reclusos fue interceptado por un comando armado que rescató a dos de los presuntos delincuentes, identificados como Luis Fernando Ugalde y Juan Pablo Sánchez Mendoza, acusados por el delito de secuestro, dejando en el lugar a dos de los custodios y al tercero de los presos. La investigación de la evasión de presos arrojó como resultado el presunto involucramiento de la directora del Cereso de Mixquiahuala, Analía FP y del jefe de custodios, Luis CM, quienes fueron detenidos en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un juez del Sistema Penal Acusatorio de Pachuca.
Al cambio de administración estatal, autoridades de Seguridad Pública realizaron el 17 de diciembre un operativo de inspección en los tres penales para varones del complejo penitenciario de Puente Grande, que arrojó como resultado el aseguramiento de objetos ilícitos, entre éstos 21 puntas metálicas, una segueta, once teléfonos celulares, dosis de drogas como cristal, cocaína, marihuana y pastillas psicotrópicas, así como dos armas de fuego y hasta un equipo de aire acondicionado. Las armas son un revólver bull dog calibre 38 especial marca Smith Wesson y un tipo escuadra calibre 380. El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, destacó que desde por lo menos 12 años no se realizaba un operativo de revisión general en los centros penitenciarios de Jalisco.
La madrugada del 19 de diciembre ocurrió un motín en el Cereso del Estado de Tabasco, con un saldo de siete prisioneros fallecidos y varios heridos. A las 05:00 horas, elementos de seguridad ingresaron al penal para trasladar a dos reclusos generadores de violencia, pero fueron recibidos a balazos, iniciando una serie de actos vandálicos como la quema de muebles y basura en los patios. La reyerta fue controlada más tarde, siendo aseguradas cinco pistolas calibre 9 milímetros, un fusil AR-15, una granada de fragmentación, cargadores y balas de diversos calibres, cinco radios, siete teléfonos celulares, 23 machetes, 14 cuchillos, 23 objetos punzocortantes, 541 dosis de droga (un kilo con 440 gramos), 81 dosis de cocaína en piedra y 460 dosis de marihuana.
En pleno día de Navidad escapó por la puerta principal del Reclusorio Metropolitano, penal de máxima seguridad estatal de Jalisco, el reo César Fabián de Anda Navarro alias El Ceviche y/o El Orejón, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien aprovechó los movimientos de la visita y contó con la complicidad de algunos custodios que ahora son procesados penalmente. Las autoridades aún no aclaran públicamente como ocurrió la evasión del preso que ya se había fugado en 2001 del Centro de Reinserción Social ubicado en el complejo penitenciario de Puente Grande. El Ceviche fue recapturado en 2021 y, después de deambular por diversos penales, recuperó su libertad, siendo detenido nuevamente en 2020, acusado de pertenecer al CJNG y participar en los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada. Cuatro custodios están vinculados a proceso por esta fuga.
Para cerrar el año, en el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta, conocido como el Penal de Ixtapa, autoridades civiles y militares realizaron un operativo de revisión y traslado de cinco reos generadores de violencia al interior del centro, donde tenían aterrorizados a los custodios, algunos de los cuales eran obligados a renunciar. En el sitio fueron aseguradas un arma 9 milímetros con cargador abastecido, más de un kilo de marihuana, 400 gramos de droga sintética, 20 pantallas planas, 20 puntas y cuchillos. La Marina, el Ejército y Guardia Nacional trasladaron a los cinco reclusos a penales de Puente Grande. Fueron identificados como Juan Diego, sentenciado a 27 años por parricidio; Sergio, sentenciado a 27 años por robo calificado; Jonathan, sentencia a 24 años por homicidio calificado; José, con sentencia de 90 años por homicidio; y Francisco, con sentencia de 30 años por el delito de desaparición.
