A unas horas de que fue aprobado el dictamen 150 en el pleno del Congreso de Baja California para que en 2025 se hagan elecciones por voto popular de 170 jueves y magistrados del Poder Judicial, regidores de Morena y partidos afines de los Cabildos de Playas de Rosarito y Tijuana avalaron los cambios constitucionales convirtiéndose en los primeros dos municipios en mostrar su apoyo a la iniciativa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“No podemos los tres años estar sesionando extraordinariamente con una convocatoria media hora antes, yo creo que todos merecemos el respeto” dijo el regidor de Acción Nacional, Ricardo Martínez Cabrales. Acusó que todo se estaba haciendo a “quemarropa” y “al aventón”, siguiendo la línea estatal, por lo que pidió que las convocatorias estén apegadas al artículo 30 del Reglamento.
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“No podemos ser cómplices del desmantelamiento judicial”. Están más preocupados en ver a quiénes van a recomendar, dijo y tildó de engaño que se diga que será por medio del voto popular la elección de los integrantes del Poder Judicial, ya que será “el partido en el poder” quien decidirá la lista de los participantes”, añadió al votar en contra.
En la sesión que no duró menos de 21 minutos, la regidora Yannett Sepúlveda Carreón aseveró que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que no había tiempo suficiente para un debate profundo de una reforma que modifica “estructuralmente” al Poder Judicial. “Abramos el debate para fortalecer nuestras instituciones, no para destruirlas”.
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La alcaldesa María del Rocío Adame Muñoz defendió la iniciativa ya que dijo versa entorno de un debate que ya venía sucediendo y no se puede decir que se desconocía. “No es un elemento que llegó aquí y que no sabemos ni de qué se trata, es algo que se ha venido trabajando, madurando”, indicó sin responder sobre el incumplimiento de los tiempos de la convocatoria para sesionar.
“No podemos estar hablando de que si el partido mayoritario porque otros de ustedes estuvieron en otros partidos que también fueron mayoritarios y también tuvieron decisiones equivocadas, no podemos decir que era mucho mejor antes o que sea peor la condición de ahorita”, agregó Adame Muñoz, al expresar su voto a favor.
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En la sesión vía Zoom del Cabildo de Tijuana el alcalde Ismael Burgueño Ruiz no razonó su voto a favor y estuvo ausente la regidora de Morena Mónica Padilla. Una buena parte de la sesión vía digital, donde el debate de los cambios Constitucionales no duró más de una hora, tuvo intermitencias en el sonido que hizo inteligible los argumentos a favor y en contra de los regidores.
La panista Sandra Magaña Ríos hizo notar que el mal sonido en las intervenciones sólo ocurría con regidores de oposición en esta y la pasada sesión. Sobre el punto, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz aseguró que la falla técnica no se traba de un tema personal, que él mismo tardó 20 minutos en empezar su conferencia el lunes pasado y que se revisaría el internet.
Magaña Ríos señaló que con los cambios constitucionales aprobados este 27 de diciembre de 2024 en el Congreso “se abre la puerta a la manipulación política y al control de quienes deberían ser imparciales y ajenos a cualquier influencia externa”.
“Se nos quiere hacer creer que el Poder Judicial es responsable de liberar delincuentes cuando en realidad su función es corregir los errores de un sistema judicial que arrastra deficiencias desde sus cimientos”, en la falta de preparación de las policías, ministerios públicos y peritos que construyen los casos, indicó y se pronunció por fortalecer en capacitar a los policías y ministerios públicos.
“Esta reforma no eliminará la corrupción, pero sí facilitará la persecución política y la impunidad para quienes estén de lado correcto del poder”, añadió Magaña.
“Esta reforma es una imposición, es un proyecto político, es una reforma laboral más que judicial” y pone en riesgo el Estado de derecho, afirmó su correligionaria, Gina Arana.
El regidor de Fuerza por México, Lemuel Ramírez defendió su voto a favor al indicar que es una “falta de respeto” decir que el pueblo mexicano no puede elegir a las personas juzgadoras como se hace con el Poder Ejecutivo y Legislativo.
“Es una reforma que busca concensar con los diferentes actores sociales de nuestro país (sic)” y se pretende que los “hijos del pueblo” puedan participar en la impartición de justicia.
“Un juez que venga de la zona Este, de la Zona Centro, que venga del Mariano, de La Morita va a poder impartir justicia con la sensibilidad social, porque teníamos jueces que crecieron en el privilegio y que no tenían esa sensibilidad para impartir esa justicia pronta y expedita”, añadió.
