Vamos a denunciar por actos de lesa humanidad en contra de más de mil originarios indígenas que están sometidos al abuso, al cobro de piso, al intento de homicidio”, lanzó Rafael Ornelas Ramos, presidente del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.
Ornelas Ramos denunció luego de que Irving Castro Trujillo y sus compañeros Arnulfo Almanza Verdugo y el joven de 19 años, Aurelio Fabela, fueron víctimas de robo con violencia, privación ilegal de la libertad y presunta desaparición por supuestos miembros del crimen organizado.
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Según la denuncia LPZ/8989/2024/NUC, el pasado 18 de noviembre Irving se encontraba en la vivienda de la presidenta de la asociación de la colonia 8 de octubre en la comunidad de El Pescadero, municipio de La Paz, y una persona más, y siendo aproximadamente las 8:30 p.m. llegaron ocho sujetos portando armas de fuego.
De los delincuentes, cinco se quedaron escoltando la casa mientras otros tres ingresaron al domicilio y golpean a los tres en el interior; dijo la víctima que registraron la casa y se llevaron toda la documentación de la asociación, dinero de las cuotas y aportaciones de los asociados, siendo una cantidad de alrededor de los 100 mil pesos, laptop y teléfonos celulares.
“Me secuestraron, me llevaron a un cuarto con otros dos más compañeros, me dijeron que me saliera de la 8 de octubre, que porque ya no iban a venir a avisarme, que iban a venir de otra manera; yo con ese miedo, pues ahora sí que ni cómo hacerle. (Llegaron) armados, me golpearon, me golpearon todo atrás (la espalda) por hacer las cosas correctas para un pueblo, para que estén bien, tranquilos; nadie les provoca daños, no me está gustando de esa gente, debe de haber justicia, fue hace dos semanas y no había hablado por miedo”, denunció Irving Castro Trujillo, víctima del crimen organizado.
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Que, dicho sea de paso, Arnulfo y Aurelio Fabela siguen en calidad de desaparecidos. Ambos fueron privados de la libertad el día que golpearon a Irving: Arnulfo fue sacado con lujo de violencia de un predio más al fondo de donde golpearon al denunciante; del mismo modo el joven de 19 años. En ambos casos, los testigos describieron a las mismas personas que viajaban en un pick up Tacoma rojo y un F-150 blanco.
Los presuntos sicarios del crimen organizado se identificaron como miembros de “La Empresa”, expresando que estaban en ese punto para sacar a toda la comunidad que habita la zona conocida como colonia 8 de octubre, compuesta por diferentes pueblos originarios e indígenas, a quienes amenazaron con que si no abandonaban el lugar regresarían con medidas drásticas.
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Irving Castro Trujillo fue nombrado Jefe Supremo de la comunidad indígena en El Pescadero tras denunciar los abusos, mismos que llevan siendo atemorizados por más de tres años, sin que la autoridad haya actuado.
“Yo que quiero que haya seguridad más que nada ahí, que no nos tengan abandonados porque hay muchos niños, hay muchas familias ahí viviendo, que ya los dejen vivir tranquilos, que ya quiten a esa de aquí que están espantando mi gente, ya basta de eso, necesitamos seguridad. Ya lleva más de tres años esto, es un grupo que está usando la violencia. Es un grupo que se están metiendo y están aterrorizando a la gente, son aproximadamente como siete u ocho personas”, sostuvo Irving.
El comando armado ya fue denunciado, pues se trata de por lo menos mil personas que están siendo afectadas por amenazas, cobro de piso, robo, desaparición y secuestro. Y justo con la denuncia, fue que la Mesa de Seguridad Estatal envió a las unidades para proteger a la comunidad indígena.
Y es que aseguró que buscan desterrar a cientos de familias indígenas que adoptaron a El pescadero como su hogar.
“En el momento que entraron lo que es la Guardia (Nacional), soldados (Sedena y Marina), pues ya empezaron, ya no han entrado. Yo quiero que nos sigan cuidando, nos sigan apoyando con la seguridad más que nada, porque ahí nos tienen abandonados, nos tienen como rateros, nos tienen con problemas, ya no quiero eso; que entre la seguridad porque nos quieren despojar de las tierras. Llegan y nos amenazan a todos, somos más de mil personas afectadas”, afirmó Irving.
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
El Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanos intervino ante la omisión de parte del Gobierno de Baja California Sur para responder por los delitos a los que está expuesta la comunidad de El Pescadero.
Y en el caso del atropello por el que han atravesado por tres años los pueblos originarios, expuso que de ser necesario se irán a organismos internacionales para alzar la voz y denunciar por crimen de lesa humanidad, ya que en este caso se trata de más de mil indígenas que están siendo lacerados sus derechos a vivir en paz.
“Desde aquí le exigimos al Gobierno del Estado, le exigimos a la Marina, le exigimos a las Fuerzas de Seguridad Pública Municipal y Estatal la protección de nuestros pueblos, que se hagan responsables y que sepan que los vamos a denunciar por actos de lesa humanidad en contra de más de mil originarios indígenas que están sometidos al abuso, al cobro de piso, al intento de homicidio, tentativas de homicidio por parte del crimen organizado en el territorio de California. Y decirle también a estas personas que se dedican a dañar a seres humanos inocentes, que midan dónde están pisando”, Rafael Ornelas Ramos, presidente del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.
El representante nacional de los pueblos indígenas manifestó que es la primera vez que una comunidad tan grande en Baja California Sur esté amenazada por supuestos miembros de la delincuencia organizada, y que usando la fuerza sin la presencia de corporaciones de seguridad, impongan su Ley.
Sostuvo que es injusto lo que ocurre, mientras el pueblo entrega su vida para trabajar, si Gobierno no interviene para protegerlos.
“Hay más de mil personas amenazadas. Que se haya privado de su libertad a tres es un mensaje para más de mil originarios, o se van de aquí o hacen esto o hacen aquello, o entonces vamos a empezar a afectar familia por familia. Mis hermanos hablan amuzgo, hay algunos hermanos que hablan náhuatl, otros mixteco, apenas y entienden el español, y aunado a ello te llegan criminales con armas largas y te amenazan delante de tus hijos, delante de tus ancianos… Es un crimen”, recordó el presidente del Consejo Nacional.
Aseguró que, si el gobierno local no actúa para ayudar a la comunidad indígena, serán ellos mismos quienes luchen para salvaguardar a los suyos.
“Los pueblos originarios nos manejamos por su costumbres; no les vamos a tolerar que nos toquen a uno solo de nuestros hermanos indígenas porque iremos hasta las últimas consecuencias, y es un llamado al Gobierno del Estado para que actúe en consecuencia: lo estamos haciendo en el Poder Legislativo, lo estamos haciendo con apoyo de nuestro legislador, con el respaldo de nuestro gobernador, con el respaldo nuestro Jefe Supremo. No es posible que en México en pleno 2024, con presupuestos multimillonarios en Seguridad Pública, una comunidad originaria indígena, esté sometida y esté abandonada, como si no existiera quién nos protegiera”, lanzó Rafael Ornelas Ramos.
La exigencia fue alzada hasta la Presidencia de la República, al Gobierno del Estado, al Gobierno Municipal para que se hagan las acciones pertinentes acabar con aquello que dañe a las familias indígenas “porque ya estamos haciendo denuncias internacionales”, finalizó.
NO AL CRIMEN ÉTNICO
Frente a representantes del Congreso del Estado y del recién nombrado Gobernador Indígena del Territorio de California, Gerardo Enríquez Puentes, Irving Castro fue nombrado como vocero de la comunidad en El Pescadero, quien fungirá como cabildo de atención de las necesidades de los pueblos originarios.
Es por ello que Juan Manuel Urquidez Rangel, delegado Nacional, comentó que el gobierno de Baja California Sur se ha movilizado tras las denuncias interpuestas, pues no quieren que la amenaza del crimen organizado a los indígenas escale a organismos internacionales por la negligencia en la protección.
“Esta persona que fue violentada, se convirtió en el jefe supremo del municipio de La Paz, el señor Irving Francisco quien no solamente ha recibido el respaldo jurídico, sino que tocamos las puertas de todas las autoridades; y hace tres días llegó el Ejército, la Marina, la judicial, la policía municipal porque no quieren que les reviente en este momento: una papa caliente, como lo sería un crimen étnico; esa es la responsabilidad del Estado, que no pase nada a un ciudadano, pero mucho menos un crimen por cuestión étnica. Sí es cierto, hay mucho racismo en El Pescadero”, dijo Urquidez Rangel.
La comitiva de los pueblos originarios e indígenas afirmaron que mantendrán presencia en el estado; incluso ofrecieron crear una comandancia de Policía en El Pescadero para brindar mayor seguridad a los habitantes.
Sin embargo, informaron que la autoridad municipal se negó, que porque ya cuentan con una estación de policía en Todos Santos Pueblo Mágico, y que supuestamente desde allá estarán brindando atención.
“No se atrevan a ponerle la mano a un indígena, porque se van a meter en un problema; desde aquí vamos por ustedes y vamos a hacer cumplir la Ley: no con machetes, no con piedras, con la Ley en la mano; eso sí es un compromiso de nuestro gobierno, la representación jurídica y a todos nuestros hermanos indígenas”.
Por último, Irving Castro detalló que hace falta mayor presencia de las autoridades, pues además de las amenazas recientes, también los propietarios de los campos agrícolas mantienen abusos constantes contra la comunidad y no ha habido alguna autoridad que pueda frenarlos.
“Me presentaron como Jefe Supremo en El Pescadero, la colonia 8 de octubre; muy contento orgulloso de que el pueblo me haya puesto como Jefe Supremo, porque he visto mucha maldad en ese campo agrícola de Pescadero. Todos los ejidatarios de El Pescadero han estado abusando mucho de los indígenas, y entre ellos, mi mujer es una de ellas”, concluyó el denunciante.
