Lic. Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora del Estado de BAJA California.
Lic. Ma. Elena Andrade Ramírez, Fiscal General del Estado de BAJA California.
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Lic. Gricelda Vizcarra Durán, titular de Derechos Humanos.
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Referente a que el “servidor público” que resulte responsable de alguna sanción económica, que él la pague, no que la ciudadanía se la paguemos a través del os impuestos. Y a los ladrones, castigos severos y no privilegios que “son causa de molestia”. Esos no respetan ni a su madre. Y al afectado, ¿quién lo protege?
Respetuosamente me dirijo ante ustedes a través de sección “Cartaz” del Semanario ZETA, que la mayoría de ustedes ven, y se dan por enterados, para solicitarles respetuosamente: urge legislen al respecto tres peticiones para bien de la población indefensa ante las arbitrariedades que cometen algunos elementos de policía en Ensenada, quienes al verse impunes, seguirán cometiendo; como es en mis dos asuntos, que cometieron abuso de autoridad, hechos ocurrieron en mi construcción de una casa sin fines de lucro, calle Matamoros 231 colonia Independencia.
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1.- El 17 de agosto de 2023, tres policías municipales liderados por el entonces comandante Ariel Alejandro, imputado denuncia penal ante Fiscalía del Estado (expediente 13145/2023) con todas las evidencias habidas y por haber, fotografías y más. Ministerio público prolongó el tiempo para después mandar el expediente al “archivo muerto”, como se le conoce literalmente, por lo que impugné ante el juzgado penal.
Me citan el 27 de noviembre de 2024 para la audiencia, nos presentamos en tiempo y forma; a la hora señalada me avisan que la suspendieron y la trasladaron hasta 11 marzo 2025. Lo extraño es que no vi en la sala recepción a los tres imputados ni a la titular de Ministerio Publico la cual no le proporcionó al juzgado penal domicilio completo de uno de los imputados.
2.- En otro hecho que cometieron dos Oficiales de Transito el 30 de diciembre de 2023, suspendieron la descarga de 7.5 M3 de cemento previamente contratados, dejando sin trabajo seis días a cinco de mis trabajadores. Interpuse denuncia penal por abuso de autoridad (expediente 2889/2024) y en esa fecha Guadalupe de la Peña, esposa de Gonzalo, falsamente reportó al 911 “un vehículo grande obstruyendo mi entrada, ordeno que lo retiren”.
Con fotografías tomadas de una cámara de seguridad de mi propiedad demuestro la falsedad, ya que dicho vehículo estaba estacionado al límite de mi propiedad, y eso lo vieron los dos motociclistas de tránsito; el “sargento” Leopoldo, imputado, le dijo al operador de dicho vehículo “Hoy no van a colar”. Un albañil salió con mi permiso de construcción en mano y le dijo: “Señor, no nos deje sin trabajo; tenemos familia”. Prepotente, el “sargento” lo ignoró y le dijo al operador del camión: “Te retiras o vas a recoger tu vehículo al corralón y te aplico una infracción” (testigos y fotografías tomadas de mi cámara lo demuestran).
3.- Estos hechos y más se han venido dando por una familia de malos vecinos de lado de mi construcción invasores de mi propiedad, liderados por Gonzalo Guerrero Crespo, que desde que inicié mi construcción en julio de 2023, continua y falsamente llaman al teléfono 911. Me han mandado toda clase de inspectores y policías; varios “servidores públicos” se involucraron constituyéndose en juez y parte. Como constancia de lo anterior tengo en mi poder 27 copias autentificadas, firmadas por el titular del C4- hoy llamado C5, que demuestran las falsedades que han incurrido la familia de Gonzalo al utilizar un teléfono que es para emergencias, al grado que dicen al 911 en fechas diferentes.
La policía no hace nada (después de que cinco de ellos los favorecieron constituyéndose en Juez y parte). Manden a la Guardia Nacional. Manden a los soldados. Esa familia, con falsedades, ha retrasado mi construcción que debió ser en menos de seis meses, y ya tengo construyendo año y medio: primero pagué mi permiso ante el Ayuntamiento; ya van dos prórrogas, cada una me cuesta cerca de 10 mil pesos incluyendo firma del perito responsable. Ayuntamiento suspendió mi construcción por tres meses, en ese tiempo no hubo rondines policíacos, y estaba de comandante el imputado Ariel Alejandro; los ladrones ubicados y denunciados con nombres y domicilios me robaron más de 30 mil pesos en materiales y herramientas, (expedientes 434924/2024-por robo y sellos de la suspensión rotos. 4375/2024 robo. 7538/2024 robo).
4.- Independiente de las denuncias penales, presenté dos denuncias ante el Tribunal Estatal de Justicia 1193/2023, la supuesta infracción al reglamento de tránsito; el Tribunal la consideró nula. Al mencionado comandante le ordenaron la restitución de los gastos que pagué de la supuesta infracción y de la grúa, pero hizo caso omiso, entró en desacato ante un tribunal. En mayo 2024 le giró un Oficio con apercibimiento al tesorero municipal Vicente Maldonado del Toro, y a la directora de Recaudación de Rentas, Martha Eréndira Reyes Rodríguez, que de la supuesta infracción que pagué y gastos de la grúa me fueran restituidos en el acto; no lo hicieron. En diciembre 2024 el Tribunal le giró otro Oficio con mas apercibimiento al tesorero, para que en tres días cumpliera lo ordenado por el tribunal.
Al tribunal olvidé anexar un pago más que me hicieron pagar para poder recuperar del corralón mi vehículo de trabajo, un pago totalmente arbitrario que realiza el Ayuntamiento de Ensenada: pagué constancia de “no robo” de mi vehículo, por demás injusto, puesto que tiene placas del estado de B.C. tarjeta de circulación. Me hicieron pagar constancia de “no robo”, pero sí me robaron madera laminada que acababa de comprar con factura, que la grúa se llevó en el toldo de mi vehículo y que al recogerlo, esa madera no apareció. Los policías no permitieron bajarla antes de recoger mi vehículo sin justa causa.
Señores diputados, las tres peticiones para que legislen al respecto:
1.- Cuando una Autoridad Superior, en este caso el Tribunal Estatal de Justicia, ordena la restitución de gastos que por abuso de autoridad cometió este Oficial de Policía municipal, y más aún, que era comandante de estación oriente, que sea el “servidor público” responsable el que pague lo correspondiente; que no seamos los ciudadanos a través de nuestros impuestos quienes les paguemos sus arbitrariedades, para que así tal vez hagan su trabajo con ética y no abusen del poder conferido.
“Con placa pistola y poder a ver a quien nos podrá detener en arbitrariedades” se ensañaron con una persona indefensa de 71 años; pretendieron esposarme y arrestarme sin justa causa, y el Ministerio Público consideró que no se dio el abuso de autoridad, aun y cuando el expediente está debidamente fundamentado e integrado. Si al padre de la titular del ministerio público Erais Cervantes le hubiera pasado, entonces tal vez considerara que sí fue abuso de autoridad.
Ministerio Público, Ud. no es Juez para decidir; o si tal vez alguien intervino para favorecer a los imputados, Ud. tiene la obligación de denunciar tráfico de influencias; o si les tiene temor, renuncie.
2.- Referente a los ladrones, les pregunto: ¿Tenemos derechos de ofendido y afectado?
Petición: facultar a que Ministerio Publico cite a declarar a los señalados como presuntos, para no sobrecargar de trabajo a los Agentes de Investigación que las leyes los tienen limitados, para que los ladrones no se burlen de Leyes obsoletas. ¿Que si “leyes internacionales”, que si derechos de los ladrones, para que continúen robando impunemente y más? ¿Para que los robos continúen al alza? El día que le toque a Ustedes, Señores Diputados tal vez reaccionen; ya le tocó a un (hoy ex) coordinador de Robos, que en su domicilio los robaron estando con su familia.
3.- Que las casas de empeño, por ley, exijan factura de lo empeñado, copia del I.N.E. y copia de trabajo, ¿Por qué al afectado Ministerio Publico receptor sí me exigen mi identidad del I.N.E. y factura de lo robado, y hasta testigos?
El 9 de diciembre de 2024 fue cuarta vez que los mismos ladrones multidenunciados y señalados con nombre y domicilio como presuntos en los tres expedientes anteriores y en éste, a las 2 a.m. aproximadamente saquearon mi obra en construcción mencionada en herramientas y materiales; me robaron cerca de 15 mil pesos, por lo que interpuse una cuarta denuncia penal por robo (#18592-2024).
De los cuatro robos denunciados suman cantidad de 45 mil pesos, mientras que los ladrones “no duermen”, de mis denuncias penales, pero los expedientes permanecen dormidos ante la impotencia, coraje, y más, al ver que la “autoridades” no hacen nada. Fui a buscar al que al parecer es el principal ladrón, a la vecindad que reside, que se encuentra a unos 100 metros de mi propiedad; le grité que saliera que diera la cara, la que salió fue la supuesta esposa, negando que él estuviera ahí metido.
Respetuosamente les pregunto, Señora Gobernadora, Señora Fiscal General, ¿qué esperan para girar instrucciones al respecto?
Atentamente,
José de Jesús Márquez Pérez.
Ensenada, B.C.
