Los gobiernos, cualquiera que sea su ideología o color de origen, invariablemente tienden a controlar todo aquello que signifique recurso público, desde quién lo administra, quién lo asigna, a quién se lo ceden, por cuál concepto, en qué tiempo y bajo qué condiciones. De manera sistemática, esto ha quedado evidenciado, generalmente, a partir de investigaciones periodísticas, ciudadanas, de organizaciones u opositores.
Desde los últimos gobiernos priistas en la década de los noventa, al descubrir el Pemexgate cuando fondos del sindicato petrolero se utilizaron para la campaña presidencial del candidato del partido tricolor; el Toallagate en el sexenio de Vicente Fox Quesada o la edificación de las cabañas presidenciales en la misma administración; sin dejar de mencionar los casos de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, o la edificación de su carísima Estela de Luz.
Con Enrique Peña Nieto se sirvieron en abundancia, tanto gobernadores como en la Presidencia de la República, cuyos paradigmáticos casos son La Estafa Maestra, La Casa Blanca y el conflicto de intereses con Grupo Higa.
La llegada de una administración que se asume de izquierda no significó un cambio radical en materia de corrupción y manejo discrecional de recursos. Las mismas pasiones sobre los excesos que caracterizaron a los gobiernos que le precedieron, significaron a la administración de Andrés Manuel López Obrador: el fraude en Segalmex, las casas de Manuel Bartlett, el conflicto de intereses en que se vio inmiscuido no uno, sino varios de sus hijos con señalamientos de favoritismos al momento de entregar concesiones a amigos y familiares; el diezmo de Delfina Gómez en el Estado de México, el enriquecimiento inexplicable de Rocío Nahle, Mario Delgado, los Monreal, entre otros.
En el incipiente gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo todavía no se develan casos de excesos ni corrupción, pero sí se han establecido las bases para ocultarlos, para minimizarlos, para que impere la palabra presidencial por encima de la razón y la responsabilidad.
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Con las limitaciones al Poder Judicial primero, y la eliminación de los órganos autónomos después, se han puesto candados a dos importantes acciones de gobierno que pueden resultar en corruptelas: las ahora incontrovertidas reformas a la Constitución, realizadas de manera unilateral, sin consenso y ponderando el bloque oficialista legislativo como una masa amorfa que consumió el pensamiento individual y acabó con aquella máxima de “El Presidente propone y el Congreso dispone” y se ha vulnerado el acceso a la información con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En México se avistan tiempos de oscuridad, dado que ahora quien estará a cargo de proveer la información que la sociedad y cualquiera de sus sectores solicite en aras de la transparencia y rendición de cuentas, será el propio gobierno. Como López Obrador, Sheinbaum se erige como juez y parte, con la premisa de que la corrupción ya no existe sólo porque tal concepto oficialista persiste en su narrativa.
Con el INAI, los sujetos obligados a la rendición de cuentas, no únicamente el Gobierno de la República, sino, además los sindicatos, partidos políticos y otros poderes del Estado, tenían periodos establecidos para entregar la información solicitada por los ciudadanos y debían cumplir con el establecimiento de áreas de transparencia y acceso a la información disponibles para todos, especializadas.
Eso ya no sucederá. Ahora el acceso a la información estará a cargo del gobierno, sobre el cual se tiene la duda; en una secretaría Anticorrupción supeditada a la voluntad de la titularidad del Gobierno de la República, y, por ende, de toda secretaría o dependencia que lo integre.
El bloque oficialista en el Poder Legislativo decidió votar por la eliminación de órganos autónomos porque así se los solicitó la Presidencia de la República, y sin escuchar, sin consultar ni sondear o ponderar razones en otro sentido, le dieron gusto a la Presidenta de México, y los ciudadanos se quedaron sin el órgano garante de acceso a la información.
La Presidenta, que no ha atravesado por su propia transformación individual para sellar la personalidad de su gobierno en una copia calca de su maestro, gurú y antecesor, esgrimió que la desaparición del INAI es debido a los excesos, actos de corrupción internos y el oneroso gasto que representan, sin dar lugar a acciones correctivas para preservar el acceso a la información en un tercero interesado y sin ligas con el gobierno.
En la conferencia mañanera que también copió en tono, formato y ambiente a su antecesor, Sheinbaum comentó: “Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción; entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo, lo que hace es acabar con esto (corrupción y excesos en el Instituto). Pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar, vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías, donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el Gobierno de México. Pero me llama la atención, y hay que decirlo, porque toda la comentocracia hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país, la transparencia ahí tiene que estar, y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos: la rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales, pero lo que ya no va a haber, es mil millones de pesos que se destinaban para esto (corrupción y excesos en el Instituto)”.
La realidad es que la corrupción no se erradica con retórica, aunque esta venga desde Palacio Nacional. Ahí están los excesos cometidos en la Presidencia inmediata anterior. También es cierto que aquel gobierno, como los anteriores, negó sistemáticamente información para rendir cuentas ante la petición ciudadana, reservaron información hasta por cinco años -adjudicándole la etiqueta de seguridad nacional- y han hecho cuanto han podido por cerrar las puertas de la rendición de cuentas.
Lo que viene para el país es una lucha ciudadana, otra para exigir información a gobiernos que ni siquiera conceden entrevistas, que no responden preguntas públicas y accionan en lo oscuro con el recurso público, la concesión de obras, la entrega de programas, la ejecución de proyectos y otras tantas acciones que controlan para sí, su partido y los suyos.
Lo que viene para el país es un gravísimo tiempo de oscuridad, con un gobierno que se aprecia cada vez más autoritario y omiso con el crimen en todas sus modalidades.
