Aarón, de 14 años, fue reportado como desaparecido por sus padres el 31 de octubre en Tijuana. No era la primera ocasión que el menor de edad se perdía. Por lo menos dos veces en 2024 se habían iniciado búsquedas, pesquisas… hasta que un día ya no fue localizado.
Cinco días después del reporte de su desaparición, el cuerpo de un adolescente de aparentes 14 años fue descubierto abandonado en condiciones trágicas, francamente demenciales.
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En Tijuana, la barbarie del narcotráfico ha alcanzado a la niñez. El pequeño cuerpo de Aarón fue depositado en una carriola para pasear infantes. Estaba cercenado, no tenía cabeza ni manos. En su pierna izquierda, sus verdugos colocaron con un cuchillo clavado en su extremidad un narcomensaje para adjudicarse el crimen.
En términos generales, la diatriba establecía que el niño fue asesinado porque “andaba” en la célula delincuencial de La Rana, como se conoce a uno de los capos del Cártel de Sinaloa, de nombre René Arzate, en la Zona Costa de Baja California. Y por eso lo mataron. Arengaron, además, que iniciarían “una limpia en sus zonas” de narcomenudeo.
Esta semana, un ataque en una escuela preparatoria estatal dejó a otros dos menores de edad heridos de bala, los señalamientos de vecinos y padres de familia sobre la venta de drogas en las inmediaciones de secundarias y preparatorias no son una novedad, pero se han intensificado.
El caso no es privativo de Baja California. En ataques armados en otros estados de la República, a las listas de asesinados se suman menores de edad. En ocasiones acompañaban a sus padres, en otras los mataron al encontrarse conviviendo con un grupo de adultos que eran el objetivo de criminales.
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Recientemente, a propósito de las críticas y exigencias del Presidente Electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el manejo que el Gobierno de México debe dar a dos temas específicos, so pena de ser “castigado” el país con un incremento en los aranceles de productos nacionales de exportación, como lo son la migración y la distribución ilegal de fentanilo, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo dijo, entre otras cosas, que el fentanilo no es consumido en México como en EU, donde se detectó un alto consumo, que, efectivamente, encendió las alarmas en la Unión Americana.
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La realidad es que en México esa situación no se mide. No se sabe cuántos adictos hay en el país, porque ni la secretaría de Salud federal ni las de los estados, realizan estudios, ensayos o análisis para determinar la cantidad. Los mexicanos los observamos en las calles, identificándolos por las condiciones de carencia con las que se aprecian: un andar apaciguado, perdido, con el efecto zombi, como se le conoce a la semi pérdida de conciencia cuando se está bajo los influjos de alguna droga química, por lo general.
El Estado no maneja centros de rehabilitación ni albergues para usuarios de drogas; esa responsabilidad la ha cedido a organizaciones de la sociedad civil, pero aun así, no cuentan a los usuarios ahí recluidos sea por la voluntad de sus familiares o propia, para determinar una estadística que permita conocer cuántos adictos hay en México, cuáles son sus edades, sus condiciones sociales y otros rasgos para elaborar proyectos y políticas públicas de rescate y rehabilitación.
En los Servicios Médicos Forense de los estados de la República Mexicana, tampoco hay reactivos para determinar por el consumo de cuál droga murieron quienes llegan al Semefo producto de una sobredosis, como tampoco se aplican pruebas de identificación de sustancias y drogas en los cuerpos que son llevados por causas de muerte violentas.
No hay, pues, condiciones ni herramientas o elementos para determinar el consumo de drogas y las adicciones, ni en vivos ni en muertos. Lo que sí existen, son denuncias públicas, en redes sociales y pocas en autoridades procuradoras de justicia en las entidades federativas, de jóvenes escolapios expuestos a las drogas porque los narcomenudistas que delinquen para los cárteles de la droga, se asientan en las inmediaciones de los centros educativos para reclutarlos con uno de dos objetivos: hacerlos consumidores dependientes de sustancias ilícitas, o integrarlos a la estructura criminal de las células de las mafias en el país.
A la niñez mexicana, a los jóvenes estudiantes, los gobiernos no los están protegiendo. No es la dádiva económica la que evitará que caigan en el garlito de los cárteles de la droga y terminen como Aarón, asesinados por contribuir a una estructura criminal o por aparentar estar dentro del narcomenudeo, como ramificación de la delincuencia organizada.
No se conoce, y ahora se entiende por las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum, de que en México no hay adicciones ni consumo porque hay familias unidas, de campañas antidrogas centradas en niños, adolescentes y jóvenes mexicanos; en contraparte, los impunes cárteles de las drogas, a través de sus células en colonias, municipios y estados, sí emprenden estrategias para reclutar a los menores de edad y adherirlos al camino de la criminalidad, sea por consumo de drogas, o por cuestiones económicas.
Aun cuando el Gobierno de México y los de las entidades federativas no lleven una estadística del consumo de drogas, los estupefacientes a los que tienen acceso y el número de ciudadanos internados en centros de rehabilitación, la adicción en México es una realidad visible todos los días, y la vulnerabilidad de los menores de edad ante los grupos criminales, un hecho. Ahí está el cuerpo del niño de 14 años, cercenado, sentado en una carriola, como muestra aterradora de la presencia de los cárteles en la niñez mexicana.
Otra manifestación de la barbarie criminal desestimada por el actual Gobierno de la República, pero sufrida en carne propia por los mexicanos.
