Pese a las discordancias numéricas, sin haber revisado ni analizado el informe, diputados se dedicaron a felicitar y alabar a María Elena Andrade
El 5 de noviembre, la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, compareció ante el Congreso del Estado, en el marco de la Glosa a rendir su informe bajo protesta de decir verdad.
En medio de una permanente percepción de inseguridad de que Baja California permanece en los primeros lugares de violencia homicida y que los ciudadanos no denuncian las extorsiones y cobros de piso, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) habló de grandes avances. Señaló que “se obtuvieron 2 mil 363 sentencias condenatorias, mil 386 acuerdos reparatorios; se generó la judicialización de 30 mil 662, de los cuales fueron vinculadas, mediante datos de prueba sólidos, 13 mil 294 personas.
“La aplicación de 15 mil 319 medidas cautelares, 4 mil 271 de ellas consistentes en prisión preventiva. Se ordenó la aplicación de 31 mil 607 medidas de protección, ejecutaron 5 mil 344 órdenes de aprehensión a igual número de imputados, un 14 por ciento más que la gestión anterior (…) autorización judicial para la realización de mil 797 cateos (…) dieron cumplimiento a 71 mil 827 órdenes de investigación; ejecutaron 5 mil 344 órdenes de aprehensión a igual número de imputados, un 14 por ciento más que la gestión anterior…” números y números por poco más de una hora.
Recordó que “se creó la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares”, la cual, por cierto, Andrade había asegurado, tendría fiscal nombrado en el primer trimestre del año en curso, y el día de la Glosa declaró: “Ya tiene un titular aquí presente”.
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Pero el área de Desaparecidos sigue funcionando con una coordinadora recién nombrada, Dulce Carrillo, porque el anterior, Fidel Corvera Gutiérrez, fue designado titular de la Fiscalía de Unidades Especializadas tras solicitar la renuncia de su antecesor, Alejandro López, el 29 de octubre.
La fiscal Andrade tomó posesión de la FGE en agosto de 2023, sin embargo, de acuerdo a los manifestado por legisladores que tuvieron el informe general a la mano, al momento de presentar algunos de sus logros, comparó cifras de 2017 con 2024, o de 2022 con 2024, por lo que sería necesario que los diputados hicieran -como están obligados-, un análisis minucioso de los avances concretos y específicos en la administración de la fiscal y verificar si esos resultados corresponden a la inversión presupuestaria.
Antes de empezar a felicitarla, hubiera sido bueno cumplir con su obligación fiscalizadora, pero no fue así.
Pese a las discordancias numéricas, sin haber revisado ni analizado el material que recibieron, la mayoría de los integrantes del Congreso, los responsables de hacer valer las demandas sociales y supervisar el correcto manejo de recursos, decidieron desbordarse en agradecimientos y alabanzas a la fiscal:
“Quiero empezar reconociendo el trabajo”, dijo Alejandro Arregui, agradeciéndole por lo que está haciendo en Ensenada. Y siguió floreándola, manifestando que para su labor se requiere “valentía, arrojo, personalidad y carácter”.
Ramón Vázquez la felicitó en lo personal: “Esa dedicación que me consta”, y al equipo, que es fácil señalar en vez de preguntar cómo podemos ayudar, proponer y apoyar en resolver;
Diego Echavarría comentó: “No es fácil el encargo y, de acuerdo a la exposición, es una buena ruta”. Uno a uno, se siguieron entregando a la jornada de lisonjas.
Evelyn Sánchez agradeció el avance de tener mujeres intérpretes en San Quintín; Humberto Valle declaró que el número de resoluciones condenatorias denotan un gran trabajo y aprovecho el espacio para felicitar; al igual que Teresita Ruiz, Dunia Murillo y Michel Tejeda.
“Fiscala, quiero felicitarte por cómo nos pones el ejemplo de que una mujer puede lograr grandes cosas, creo completamente en tu capacidad de desempeñar este encargo”, expuso la diputada Angélica Peñaloza, a lo que la legisladora Adriana Padilla agregaría: “Es un gusto y un placer contar con una mujer de su trayectoria, estoy feliz”.
Mientras Aracely Geraldo dio las gracias a Andrade y al fiscal de Tijuana por todas sus atenciones, “porque todo el tiempo que lo he necesitado, atiende inmediatamente estos temas”.
Pocos se limitaron a preguntar temas no incluidos en el informe verbal. Las diputadas Daylín García y Yolanda Gaona fueron las únicas en pedir claridad en los números, porque en una revisión superficial realizada en ese momento, de los números que les estaban presentando, se apreciaba que la efectividad en el tema de feminicidio era del 8.35 por ciento, y del homicidio -delito en el que BC ocupa el segundo lugar nacional- del 2%, a lo que la fiscal respondió con más números, asegurando que las detenciones habían aumentado un 400% en comparación del año pasado.
En estos antecedentes, en medio de tantas alabanzas, resulta difícil ver al Congreso bajacaliforniano de mayoría morenista, cumpliendo con la responsabilidad de auditar los resultados presentados por la fiscal para “representar las demandas sociales del pueblo, a fin de lograr su oportuna solución”, como ordena la Ley.
Conforme a la Ley, tiene los próximos 30 días para solicitar más información y aclaraciones, cuestión de esperar para saber si se aplican, porque son corresponsables. Y de nuevo, corresponderá a los organismos ciudadanos presionar a sus legisladores para que “revisen, analicen los resultados y las cuentas” antes de aprobar, aplaudir y felicitar a funcionarios.
