La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que “la próxima semana” se sentará con la burocracia a revisar el tema de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali). Si bien recalcó que “muchos” trabajadores están de acuerdo con la modificación impulsada por la administración estatal, el secretario general del Sindicato de Burócratas, Guillermo Aldrete Casarín, asegura no conocer a un solo trabajador que la avale.
“Eso que la gente le dice que sí quiere reforma, la verdad, en lo personal, con la gente que yo he hablado -y he hablado con mucha en todo Baja California-, nadie me ha dicho que está de acuerdo con la reforma. He visitado los municipios de Baja California, los nuevos municipios, San Felipe y San Quintín, y todos dicen no a la reforma”, refirió a ZETA Aldrete Casarín.
El 16 de octubre, el secretario estatal de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, mencionó que “el sistema de pensiones” está “colapsado” y el Issstecali “debió haber sufrido una transformación, una reforma real, hace 20, 30 años”, lo que a su modo de ver, “no se hizo”.
En conferencia de prensa, el funcionario manifestó: “Los participantes del sistema de seguridad social del Estado (burocracia y magisterio) realizan aportaciones muy reducidas en función de lo que reciben al momento de jubilarse”, pronunciándose por “un sistema que sea sostenible en el tiempo”, de tal forma que “los jubilados actuales” y quienes estén en vías de acceder a la jubilación, “tengan la seguridad de que habrá permanencia en el flujo de recursos para atender los derechos que están recibiendo”.
También señaló que las tasas para medir “el monto con el que se jubilan los empleados en relación a su último sueldo” son “del orden del 150%” en México, cuando en “los países miembros de la OCDE, los países más desarrollados del mundo tienen tasas de reemplazo en su sistema de pensiones del orden del 60, 65%”.
Tal cual lo dice la gobernadora, “no vamos a afectar aquellos derechos ya obtenidos por los jubilados que están en este momento en esa condición”, subrayó el titular de la Hacienda estatal.
Sostuvo que la administración estatal debe trabajar con los burócratas y los docentes “entendiendo que para poder darle permanencia y seguridad a la prestación de servicios médicos de las futuras pensiones” deberán hacerse “cambios donde lógicamente el estado va a ser el que aporte de manera superior en relación a los empleados para que esto pueda tener viabilidad financiera”.
En su conferencia del miércoles 16 de octubre, Ávila Olmeda expresó que cada mes la Secretaría de Hacienda debe enviar recurso al Issstecali, a efecto de “cumplir con los compromisos incluidos los municipios”.
“NECESITAMOS UNA REINGENIERÍA FINANCIERA”: SECRETARIO GENERAL
Guillermo Aldrete Casarín indicó que en Zacatecas y Tabasco ya se reformó el esquema de seguridad y servicios sociales de los trabajadores y que tales reformas no redundaron en beneficios para los derechohabientes. En alusión a enmiendas como tales, se declaró preocupado de que en BC se incremente la edad para acceder a la jubilación.
“En las reformas que se están dando ahorita en aquellos estados, están incrementando todavía más la edad para jubilarse. Entonces, la verdad nos están dejando poco tiempo para convivir con la familia”, observó el secretario general del Sindicato de Burócratas.
Estimó que no tendría caso jubilarse a una edad superior a los 65 años, a la que el jubilado tendría que atender problemas propios de la senectud, si no se cuenta con “un Issstecali con las prioridades de medicamento ni de atención”.
También advirtió que, según se comenta, en otras entidades se pretende topar la pensión. “Burocracia terminamos nuestros 30 años de servicio con 65 años de edad, pedimos la jubilación y salimos, no sé, 40 mil pesos cobrando. Al toparlos quiere decir que a través del tiempo ya no vamos a recibir los beneficios de incrementos”, explicó.
En cuanto a las aportaciones de los trabajadores activos para el sistema de pensiones y jubilaciones, se limitó a decir que antes de proyectar un aumento se requiere auditar el Issstecali.
“Hay estudios actuariales que dicen que está disparejo la población activa, que son los que aportamos al Issstecali contra la población de jubilados. Quiere decir que los que estamos activos aportando a pensiones y jubilaciones no alcanza a soportar la nómina de los jubilados. Entonces, antes de acelerar esto, tenemos que ver la auditoría qué resultados nos arroja”, estableció.
En opinión del dirigente sindical, en lugar de que el Gobierno del Estado envíe la iniciativa (al Congreso de Baja California), se debe socializar con burocracia y magisterio la tentativa de sacar adelante el Instituto.
“Lejos de una reforma a la Ley, necesitamos hacer una reingeniería financiera porque Issstecali tiene muchas fugas derivado de una pésima administración a través de la historia, inclusive se dice que Issstecali siempre ha sido la caja chica del Gobierno del Estado, donde la han saqueado, la han lastimado y hemos llegado al punto donde estamos”, remarcó el entrevistado.
Agregó que el Gobierno de Baja California accedió a que se revisen y verifiquen las cuentas del Instituto.
“Se dice que inicia ahora en noviembre esta auditoría externa, que se va a llevar a cabo por una empresa reconocida a nivel nacional, dentro de las cinco mejores, y que está avalada por la Secretaría de la Función Pública”, detalló.
Habló de los adeudos al Issstecali, dijo, superiores a “6 mil millones” de pesos.
Información solicitada por este medio al Sindicato de Burócratas de Baja California dio cuenta de que el Ayuntamiento de Ensenada adeuda 3 mil 531 millones 380 mil pesos; el de Tecate, mil 425 millones 060 mil pesos; en tanto que la Comisión del Agua de Ensenada, 742 millones 060 mil pesos.
“Yo recibo mi sueldo cada catorcena, y antes de recibir mi pago, el patrón retiene lo que es el servicio médico y pensiones y jubilaciones, y se los debería entregar a Issstecali. Sin embargo, a través de los años nunca lo hizo”, deploró Aldrete Casarín.
De cubrirse los adeudos, el monto no resolvería la situación financiera del Instituto. De cualquier modo, representa un abono, atajó.
Por su parte, Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, diputada por el Partido del Trabajo, acusó en sesión del Congreso del Estado que Ensenada debe “67.30% en estos temas”, y cuestionó: “Qué pasó con el presidente municipal de Morena, qué pasó con él, ex presidente municipal (Armando Ayala Robles). Lo premiaron con una senaduría. Entonces, cómo podemos creer resolver una deuda si la misma administración presente sigue acumulando esa deuda y luego van y le dicen a la gobernadora: ‘Gobernadora, vaya y pague’. A la gobernadora le avientan la bronca, ¿de qué? De los servidores públicos que se dicen de la 4T, que supuestamente piensan en la población”.
Opinó que el dinero no canalizado al Issstecali representó un desvío de recursos “al amparo de la Ley”.
Mientras que Aldrete Casarín denunció que todo el recurso que va a dar al Instituto se concentra en una sola cuenta: lo que el patrón retiene a los trabajadores por servicio médico, por pensiones y jubilaciones, tanto en el caso de quienes forman parte de la burocracia, como del magisterio.
“Partiendo de ahí tenemos que separar las cuentas para que sea más transparente la forma en que se va a aplicar el recurso”, propuso.
Recalcó que el mes pasado, para otorgar un estímulo económico que le toca jubilado cada año, se dejó de pagar a proveedores de medicinas.
“Cómo tomas del servicio médico para pensiones y jubilaciones, ¿por qué? Porque es de una sola cuenta”, y agregó que “la semana pasada” derechohabientes con cáncer no recibieron quimioterapia en el hospital del Mirador (en Tijuana), “porque no se compraron los tratamientos”.
Criticó que el Estado imponga directivo en la institución, cuando son los burócratas y el magisterio quienes con sus aportaciones sostienen el Issstecali.
“Por qué el director, que gana más que la gobernadora, no hace nada por aplicar bien los recursos y asegurar los medicamentos. El problema es interno. El problema es finanzas de Issstecali, ese es todo el problema. No ocupamos una reforma”, estableció. “Se hace una reingeniería financiera y se aprueba ante la Junta Directiva de Issstecali. No ocupamos al Congreso para nada”, planteó.
El 30 de octubre, al término de su conferencia matutina celebrada en Parque Esperanto de Tijuana, Marina del Pilar Ávila Olmeda ofreció una actualización en materia de la iniciativa, a consulta expresa de ZETA.
“Ese es un tema que vamos a ver con las partes involucradas. Evidentemente estén tranquilos, todavía no hay reforma, hay mucha especulación. Yo veo que hay demasiada incertidumbre y es normal, pero no vamos a presentar una reforma sin las mesas de trabajo y sin que estén de acuerdo. Los propios involucrados admiten que hay una situación en el Issstecali, eso lo reconocemos todos, eso lo sabemos todos”, afirmó.
“El Issstecali requiere una atención importante no vamos a afectar derechos”, antepuso.
Recomendó a los trabajadores de Gobierno y Municipios estar tranquilos: “Vamos a sentarnos a revisar la situación del Issstecali, de manera conjunta, con mesas de trabajo, incluso ahorita estaba platicando con Alfredo Álvarez (secretario general de Gobierno), la próxima semana nos vamos a sentar, lo estamos haciendo ordenadamente, no se preocupen, nadie se va a presentar una reforma sin haberla visto antes, previamente con las instancias involucradas y no vamos a afectar a nadie”.
Atender la situación del Instituto equivaldrá a mejorar los derechos y prestaciones de magisterio y burócratas, incluidos quienes ya se jubilaron.
— Usted dijo que hay voces entre los trabajadores que están a favor de la reforma, se le inquirió.
“Sí, muchos, ¿eh?”.
— Hay otras voces que no. ¿Ustedes estarían en la actitud de llevar a cabo la reforma o estarían dispuestos a resolver el sistema con una reingeniería?
“Vamos a ajustar, una reingeniería. O sea, cuando hablamos de reforma, no estamos hablando de que vamos a transformar completamente el Issstecali, sino a hacer a lo mejor una reingeniería, revisar en qué aspectos podemos mejorar las condiciones del Issstecali sin afectar a los jubilados y a los activos”, remató.
Alrededor de la tentativa de reformar la Ley del Instituto, burocracia y magisterio se han manifestado en distintas ocasiones. El 26 de octubre se hicieron presentes durante la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Rosarito. El lunes 28, burócratas hicieron lo propio en Mexicali con una exigencia a la dirigente en la Capital bajacaliforniana, Selene Cota, de que los respalde en su renuencia a que se reforme la disposición bajo un esquema oficialista.
En entrevista con ZETA, Victoria Bentley Duarte, coordinadora de burocracia de Unidos en Defensa del Issstecali, reveló que la organización se ha dado a la tarea de recolectar firmas en respaldo de una iniciativa propia, de carácter ciudadano, en la que uno de los planteamientos consiste en eliminar el penúltimo párrafo del Artículo 22 de la Ley del Issstecali (cuya última reforma tuvo lugar en 2015).
El consabido párrafo “claramente dice que se le da facultad a la Junta Directiva para que condone el 99% de los recargos y los intereses de todos los deudores incumplido, entonces, no podemos estar solapando que no paguen y que después los premien condonándoles los cargos”, aseveró.
Por otro lado, la ex diputada local cuestionó que al frente de la institución se desempeñe un médico: “La Ley dice que para ser director tienes que tener conocimientos contables y financieros, y el doctor Dagoberto (Valdez Juárez) no tiene conocimientos ni contables ni financieros. Entonces estamos exigiendo la salida del director Dagoberto y que entre un fiscalista para que dé transparencia y rendición de cuentas”.
A propósito, Carmen López Segura, quien pertenece a la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, propuso vía telefónica que “a esos que adeudan e hicieron quebrar al Issstecali, se llamen a cuentas, porque hay nombres y apellidos”.
Dijo que en las unidades médicas del Instituto “no hay medicamentos, no hay exámenes clínicos, no hay aparatos modernos”. De ahí que se preguntara “en dónde está el dinero que nosotros aportamos”.
La ex diputada federal, quien se identificó como fundadora de Issstecali, se dijo temerosa de que en diciembre (mes en el que, según expuso, el Gobierno del Estado tiene contemplado enviar la iniciativa), el Congreso del Estado proceda con “un albazo”, de forma tal, que “pueden aprobar la Ley y nosotros nos quedamos igual que en 2015, nada más mirando todo lo que nos han perjudicado”, reflexionó.
Tanto Bentley como López Segura propusieron por separado que antes que pensar en una reforma, se audite el Issstecali.
Victoria Bentley advirtió que en caso de que el Gobierno del Estado no tome en cuenta las demandas de trabajadores inconformes, procederán en consecuencia.
“Como jubilados no nos vamos a dejar. Si tenemos que ir a México, si tenemos que cerrar carreteras, si tenemos que hacer acciones más fuertes, las vamos a hacer, porque estamos organizados”, concluyó.
