Los hermanos Ramón y Benjamín Arellano eran los jefes criminales del grupo de nueve asesinos que, en 1997, intentaron privar de la vida a J. Jesús Blancornelas, cofundador y director de ZETA.
En los cuatro años siguientes, investigaciones revelaron que la dupla habría ofrecido a sus matones 250 mil dólares en una ocasión y 5 millones de dólares la última vez, para que dispararan una bala en la cabeza del periodista, para entonces escoltado con una guardia militar.
A Ramón Arellano lo asesinaron en 2002, cinco años después del atentado contra Blancornelas, sin que alguna de las procuradurías lo acusara de ordenar y organizar el operativo homicida contra Blancornelas.
Aunque lleva más de dos décadas preso, con la misma impunidad han favorecido a su hermano Benjamín Arellano, cabeza del cártel, sentenciado en México a 22 años de prisión, de los cuales sólo cumplió nueve antes de su extradición a Estados Unidos.
Entre 2027 y 2032, cuando concluya la sentencia en el extranjero, las autoridades deberán retornarlo a México para cumplir los 13 años de prisión que le restan y enfrentar los cargos pendientes por un cargamento de cocaína de 1999, y el homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y otras seis personas en 1993.
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A pocos años de ser liberado por los estadounidenses, en México, siguen sin fincarle responsabilidad por el ataque armado contra el cofundador de esta casa editorial, en el cual su escolta, Luis Valero, fue asesinado.
Blancornelas fue periodista por 51 años -entre 1955 y 2006-, incisivo con el poder cuando la mayoría de los reporteros se rendían a los gobiernos, enfocado en el periodismo de investigación y la problemática social, mientras otros se convertían en voceros del régimen. Él se ocupó en darle voz a los menos favorecidos frente a los poderosos.
Por evidenciar la corrupción de la clase política y los abusos del erario, fue despedido de cinco periódicos diferentes antes de 1980, cuando junto con Héctor Félix Miranda y un grupo de jóvenes reporteros, cofundaron ZETA, semanario donde hizo escuela y por 44 años se ha hecho periodismo de análisis e investigación, crítico y frontal.
Blancornelas cumplió con creces como periodista y como ciudadano, sin embargo, durante 27 años, seis presidentes y siete gobernadores de Baja California, junto a todos los fiscales designados por esas administraciones, han quebrantado su derecho a la justicia.
Ninguno de estos funcionarios ni sus subordinados, han tenido el valor de luchar por la verdad, ni la capacidad para hacer su trabajo, como sí las tuvo el periodista. Un gobierno tras otro ha solapado a los hermanos Arellano Félix como autores intelectuales, y a los nueve matones que participaron en el intento homicida en su contra aquel 27 de noviembre de 1997 en Tijuana.
El jueves del atentado, don Jesús avisó por radio que les habían disparado a unas cuadras de distancia de la oficina. Reporteros y personal de ZETA llegaron a la escena al mismo tiempo que los servicios médicos y la Policía. Habían asesinado a Luis Valero, escolta del codirector, y el periodista fue llevado grave al hospital, donde después de varias semanas le salvaron la vida.
En el lugar del crimen, muerto por el rebote de la esquirla de una bala, había quedado el cadáver de David Corona Barrón alias El CH, identificado como cabecilla de sicarios del Barrio Logan de San Diego, California, quien servía a los Arellano Félix. Los errores cometidos por el grupo de sicarios y el apoyo de fuentes de información en ambos lados de la frontera, permitieron el avance de la investigación realizada por este semanario.
Los mismos datos empujaron las indagatorias de la fiscalía titulada por el procurador José Luis Anaya Bautista, quien días antes del ataque, al conocer del posible atentado, había ordenado el retiro de la guardia de agentes que a Blancornelas le habían asignado previamente, situación que jamás se investigó ni sancionó.
De la lista de nueve sicarios identificados como atacantes, José Alberto Márquez alias El Bat fue extraditado a Estados Unidos en 2007, donde purga cadena perpetua.
Tampoco hubo cargos contra Alberto González Ortega, asesinado en 1998; Fabián Martínez alias El Tiburón, cabecilla criminal en Tijuana, quien se suicidó en Jalisco también en 1998; al igual que Michael Anthony Jarboe y Alejandro Weber Barrera, cuyo paradero ha sido desconocido durante décadas.
En cuanto a Isaac Guevara, Alfredo Araujo alias El Popeye y Antonio Peña Huerta, también ubicados como sicarios en 1997, los aprehendieron años después por otros delitos, liberándoles posteriormente sin fincar cargos por la muerte de Valero o el intento de homicidio del periodista.
Al único que la fiscalía procesó por la muerte del escolta y el atentado contra Blancornelas fue a Marco Antonio Quiñones alias El Pato, pero lo exoneraron en 2013. De acuerdo a lo expuesto por el juez -la entonces Procuraduría General de la República no hizo su trabajo-, no fundamentó las acusaciones ni defendió el caso y suma ocho años viviendo en libertad.
Con un pulmón perforado durante el ataque, Jesús Blancornelas sobrevivió nueve años, hasta que el cáncer invadió al segundo de sus órganos respiratorios y falleció el 23 de noviembre de 2006.
Como se ha hecho en diferentes momentos a lo largo de 27 años, el reclamo en esta ocasión es para la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la mandataria bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila Olmeda, quienes presumen encabezar gobiernos sensibles, incluidos el fiscal federal Alejandro Gertz Manero y la fiscal estatal María Elena Andrade: hagan su trabajo, investiguen, encuentren elementos y juzguen a Benjamín Arellano y a sus empleados criminales por el intento de homicidio cometido contra Blancornelas y la muerte de Luis Valero. Garanticen el acceso a la justicia, aunque en este caso ya no es ni rápida, ni expedita.
