Entre escombros y edificios con grietas y probables complicaciones estructurales en el predio de La Encantada es donde se instalará la Universidad Rosario Castellanos en la ciudad de Tijuana, Baja California. Es un proyecto anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un modelo similar al que se aplicó en la Ciudad de México (CDMX) durante su gestión como Jefa de Gobierno.
En Tijuana, el complejo de edificios fue donado por el gobierno del Estado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, edificios construidos durante la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid y abandonado por Jaime Bonilla Valdez, argumentando la carencia de recursos para migrar las operaciones del Poder Judicial Estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el bulevar 2000 en la que se invirtieron mil millones de pesos desde 2014.
La Universidad Rosario Castellanos en Tijuana abrirá la convocatoria para aceptar estudiantes y contratación de profesores y administrativos desde el próximo mes de noviembre empezará en marzo de 2025 con la licenciatura en Ciencias Ambientales, pero se ofrecerán las licenciaturas presenciales y semi presenciales en Ciencias de datos, Contaduría y Finanzas, Derecho y Criminología, Filosofía e Historia, Piscología, Turismo, Ingeniería en Control y Automatización.
El complejo de Tijuana se podría rehabilitar estructuralmente con una inversión de 10 millones pesos, pero se invertirán 30 millones para contar con 90 aulas.
“Son instalaciones de edificios que están abandonados y para febrero y marzo haya las primeras generaciones”, explicó la presidenta Sheinbaum.
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El 28 de mayo de 2024, la periodista Julieta Aragón publicó en el Semanario ZETA el reportaje Ciudad Judicial de Tijuana: obra millonaria en ruinas, en el que se explica que la obra abandonada presenta hundimientos y daños estructurales en un proyecto financiado con deuda que se sigue pagando.
A continuación, parte de lo que se puede consultar en el reportaje.
Aunque los hundimientos son provocados por una falla de origen en la construcción, ya que “al parecer la cimentación de los edificios se hizo en zonas no tan rígidas, o no habiendo hecho el tratamiento suficiente para el desplante de la cimentación”, no podrían ser sancionadas las empresas que los edificaron, ya que los contratos datan de finales de la administración de Vega de Lamadrid y después de un año quedan fuera de garantías.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo López, consideró que el proyecto no se ha concretado, porque al principio faltó coordinación entre las dependencias que los utilizarían y ahorita “un poco de inversión” más que en la infraestructura en personal. Sólo para poblar el edificio del Poder Judicial harían falta 80 personas, lo que implicaría incrementar la nómina.
Fragozo López rechazó que la inoperatividad de la Ciudad Judicial de Tijuana sea un síntoma de que haya fracasado el sistema penal. Atribuyó el colapso en las fechas de audiencias a que éstas se difieren por argucias legales de las partes y a que se está judicializando el 35% de los casos cuando el sistema está proyectado para que se judicialice del 3 al 5%, al haber diversas salidas procesales alternas que requieren negociación.
