La CEDH, dirigida por Jorge Ochoa, oficializó: el feminicidio de Daryela Valdez Rocha, pudo evitarse si autoridades hubieran asumido su responsabilidad. Ahora, hasta la disculpa pública les genera escozor
Daryela Valdez Rocha debería estar aquí. Debería estar terminando o ejerciendo la carrera de Derecho que cursaba en una escuela privada de Mexicali. Debería tener la capacidad de trabajar y estudiar como lo hacía hasta el mes de enero del 2023, cuando fue asesinada sin siquiera estar cerca de los 30 años de edad.
A Daryela la mató -presuntamente- su ex pareja sentimental de nombre Onorio, que le triplicaba la edad y que supuestamente se dedicaba a la actividad ilícita del tráfico de personas.
Onorio tuvo cómplices materiales, pero también gubernamentales, pues Daryela cumplió con todas las exigencias de la autoridad para presentar una denuncia de violencia en la pareja. Pero nadie la escuchó, nadie le brindó una eficiente medida cautelar y mucho menos la protegió aquella tarde de fin de semana cuando fue acuchillada hasta morir.
Su familia quedó destrozada por la pérdida y hasta la fecha continúan con el proceso judicial en contra del agresor, quien pide clemencia y arresto domiciliario por su edad, misma que no la ha sido otorgada.
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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se armó de valor este pasado martes 15 de octubre, y de la mano de la visitadora Liliana Fonseca, conformaron materialmente lo que siempre se presumió: La Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, cometieron errores garrafales y desatendieron sus obligaciones, mismas que culminaron en el desenlace letal.
La Policía Municipal de Mexicali ha llegado a atender hasta tres mil reportes de medidas cautelares al año para proteger a mujeres víctimas de violencia, con una capacidad operativa de mil 700 elementos, aproximadamente. Esto vuelve materialmente imposible poder dar una cobertura eficiente de los casos de violencia familiar.
Pese a ello, es responsabilidad del Estado encontrar la forma para brindar protección, pero también sancionar de una forma ejemplar a los agresores, pues el caso de Daryela no es el primero en el que una mujer denuncia reiteradamente la agresión y no es atendida hasta que es asesinada. ¿Tienes que estar muerta para que alguien te haga caso y que tu investigación llegue a las últimas consecuencias?
Conversando con Isaac, hermano de Daryela, comentó que la recomendación de la CEDH no les sorprende, pues se asienta en papel todo lo que ellos denunciaron anteriormente. Ya saben que nada de esto devolverá la vida a Daryela, pero al menos quieren cumplir tres deseos.
La justicia directa, para que Onorio -en caso de resultar culpable- pague con prisión el crimen; la justicia institucional, que se dará a través de la no repetición de los actos y la estructuración de la Ley Daryela -que pretende obligar a todos los servidores públicos a recibir capacitación constante de violencia de género y atención a casos de violencia-; y finalmente, una disculpa pública por parte de las autoridades.
En esto último, tanto el director de Seguridad de Mexicali, Luis Felipe Chan, como la fiscal María Elena Andrade Ramírez, tienen la obligación moral de aceptar las recomendaciones que no son más que exigir mejor atención a los casos de violencia para evitar feminicidios, pero también de públicamente reconocer que la institución que ahora dirigen, cometió errores graves que le costaron la vida a una joven.
No fue en su gestión, fue durante la administración de Ricardo Iván Carpio y Pedro Ariel Mendívil, por lo que no debería ser un gran problema, pero sentaría un gran precedente para la sociedad bajacaliforniana. Esto además de una investigación interna para determinar si debe haber sanciones en contra de los funcionarios que no actuaron cuando Daryela fue víctima de múltiples agresiones seis meses previos a su asesinato, desde persecuciones, ataques, disparos de arma de fuego en su trabajo, golpes y ataques sexuales, mismos que quedaron en impunidad.
