Fue el 8 de enero cuando un grupo de extrabajadores y consejeros tomaron las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS), bajo el argumento de un paro motivado por supuestas agresiones laborales por parte de la titular del órgano, Charlene Ramos Hernández.
Ocho meses después, reforzados por una determinación del Tribunal Laboral que indicó que el paro era inexistente, la resolución de una jueza otorgó la razón a la ombudsperson sudcaliforniana, ordenando la restitución de las oficinas que permanecieron bloqueadas casi todo el año.
“Nunca hubo huelga, nunca hubo paro; lo que hubo fue la toma ilegal de las instalaciones en esta evidente concertación de estas personas que realizan este acto el 8 de enero para tomar de manera ilegal las instalaciones” dijo la presidenta de la CEDHBCS en entrevista para ZETA.
Ramos Hernández enfatizó que este conflicto fue un atentado contra el órgano autónomo, dirigido por consejeros que buscaban hacerse con el poder de la Comisión, lacerando el derecho de la ciudadanía a la defensión e investigación de sus quejas.
“Evidentemente, confirmando y reiterando lo que hemos estado diciendo durante estos meses: que la toma de las instalaciones se hizo sin ninguna razón y fundamento legal, completamente fuera del marco normativo; no existe ninguna huelga, ningún paro”, reiteró.
Acompañada por elementos de Seguridad Pública, la ombudsperson se apersonó en las instalaciones para recibirlas y comenzar las actividades de supervisión del estado de las oficinas.
“En mi calidad como presidenta, acudo a recibirla por parte del Ministerio Púbico y a iniciar la titánica labor de realizar toda esta revisión y el inventario y toda esta oportunidad para ir poco a poco reinstalando las funciones de la Comisión para la ciudadanía”, comentó.
Entre enero y junio de este año, Ramos Hernández presentó diversas denuncias por delitos como amenaza en grado de consumado, despojo con agravantes sobre instalaciones de una institución pública y usurpación de funciones.
En este escenario, explicó que la orden de restituir las oficinas es resultado de las acciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS), por los avances en las investigaciones de esas carpetas.
“Lo que existe es la simulación de distintos actos de naturaleza evidentemente delictiva que han estado dañando y afectando al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a las víctimas que solicitaron la intervención de la Comisión para las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos”, declaró.
Pide destitución de consejeros
El 24 de junio de 2024, la titular del órgano solicitó la destitución de los cuatro consejeros que encabezaron este movimiento de toma ilegal de instalaciones, esto mediante un escrito dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario del tercer año de trabajos de la XVI Legislatura, la diputada María Luisa Trejo Piñuelas.
“En mi calidad como presidenta, solicité la designación de nuevos consejeros, precisamente personas que puedan entender y no tengan estos conflictos de interés y esta visión por hacerse del poder de la Comisión, de su Presidencia por medios violentos”, expresó.
“Que puedan verdaderamente servir a la ciudadanía y dejar de violar derechos humanos y dejar de violentar al personal del órgano”, agregó.
De acuerdo con el documento, se pide la destitución de los consejeros Alejandro Maldonado, Rosa María Verdugo, María Elena Fong y Enrique Arturo Mayorquín.
“Son quienes, evidentemente, incurrieron en estas violaciones graves y directas a la Ley de la CEDHBCS en varias de las fracciones; la más obvia es la fracción primera que dice claramente que está prohibido hacerse pasar por representante de la Comisión, que fue exactamente lo que hicieron con esta simulación donde se autonombran presidentes y realizan todo este montaje”, recordó.
Uno de los actos que reforzó esta solicitud fue la simulación de destitución como presidenta que hicieron los cuatro consejeros en mayo de 2024.
Aseguraron ante medios de comunicación tener el poder para destituir a Ramos Hernández y se autonombraron presidentes interinos de la CEDHBCS, esto a pesar de que esa es una facultad exclusiva del Congreso del Estado.
Asimismo, ese mismo día los consejeros reabrieron las instalaciones que estaban bajo su resguardo. Guiaron a reporteros hacia la oficina de Presidencia y abrieron una caja que contenía hierba con las características de la marihuana, acusando que pertenecía a Ramos Hernández y que por este motivo ella se rehusaba a realizarse el antidoping.
La presidenta de la Comisión presentó otra denuncia por este tema en contra de los cuatro consejeros, señalándolos por plantar sustancias ilícitas en su oficina.
Cabe mencionar que ZETA solicitó entrevista a los consejeros señalados. En el caso de Alejandro Maldonado, expresó que no tenía nada que replicar, ya que no se le refiere puntualmente y que únicamente se generaliza.
Rosa María Verdugo mencionó que consultaría con los demás consejeros implicados, mientras que Arturo Mayorquín no respondió antes del cierre de esta edición.
