José Antonio Serratos García, presidente del Grupo Unidos por Tijuana, llamó a trabajadores del Poder Judicial a concluir el paro de labores en protesta por la reforma judicial, para evitar más afectaciones a la ciudadanía y que se genere un rezago que colapse la impartición de justicia.
“El paro es licitó, pero ya basta, hay que poder un alto al paro, porque la colectividad de la mayoría de los ciudadanos que tienen un trámite, un juicio, una resolución están afectados por el paro”, señaló este 10 de octubre de 2024.
En el Poder Judicial laboran 53 mil personas, pero están siendo afectada la ciudadanía, y particularmente un millón que está esperando una resolución. En tanto sólo 15% de los juzgadores han trabajado en la resolución de sus asuntos con antelación a que termine el paro, por lo que tardará tiempo para que se recuperen los plazos, previó.
“Los mismos juzgadores federales tienen una regla que está prevista en la Constitución que cuando se va a beneficiar una persona, pero ese beneficio afecta a una colectividad mayor entonces no se otorgan suspensiones”, arguyó Serratos García.
No obstante, conminó a que sigan los medios de defensa legales para revertir la reforma judicial, ya que el siguiente año se están cambiando a la mitad de juzgadores, magistrados y ministros y “ahí si se nos avecina un problema de quienes van a impartir justicia”.
“No dudamos que lleguen grandes talentos, pero también tenemos temores de que llegue gente por temas políticos, por temas partidistas, gente que no sepa”, dijo en atención a medios, luego de suscribir un convenio de colaboración con la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Alfredo Álvarez Cárdenas y la asociación civil.
Por otro lado, el presidente del Grupo Unidos por Tijuana comentó que hace falta un enlace entre Catastro municipal y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California, ya que es “muy común” que haya discrepancia en la información entre ambas instituciones generándose una “gran invasión” y “pérdida” de la propiedad privada en Tijuana.
“Es común que se llegue a Catastro con algún contrato privado y se solicite el cambio del recibo y Catastro no verifica, no cuestiona ni informa al Registro Público de la Propiedad si hay una concordancia”
Aseguró que se han detectado casos de corrupción. “La administración pasada hubo una fase de un desliz donde personas que trabajan ahí permitieron la celebración de contratos sin verificar o sin que fuera realmente la persona que quería vender, nunca fue ahí, y con credenciales vencidas o copias de credenciales permitieron una enajenación y eso llegó a inscribirse al RPPC”.
