Cada vez se torna más inoperante el funcionamiento de los cabildos en BC, y con los gobiernos que ascienden, es necesario exigir que el cuerpo colegiado sea más allá de una figura decorativa o un ejército de aviadores
Desde el arribo de los gobiernos morenistas, se ha generado un tremendo desgaste en los cuerpos edilicios encargados de fungir como contrapoderes o fiscalizadores de los titulares de los poderes ejecutivos municipales.
Como el Congreso de Baja California está convertido en una Oficialía de Partes de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, los ayuntamientos se han vuelto entes que se desvían de sus responsabilidades para servir a las aspiraciones políticas de sus titulares alcaldes o intereses externos.
En los últimos cabildos de las cinco administraciones municipales de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito, y los dos concejos fundacionales (San Quintín y San Felipe), los regidores han sido herramientas decorativas o de choque -según sea el caso- para los gobernantes en turno, pero no han trabajado para mejorar las condiciones de sus representados.
Así vimos cabildos como el de Mexicali, Ensenada y Tijuana, que no llevaron a cabo una sola sesión ordinaria para desglosar temas de interés; sólo atendieron casos en temas extraordinarios, lo cual significa que en tres años no pudieron hacer una sola sesión de Cabildo con propósito de atender temas para mejorar la vida de los ciudadanos y, por el contrario, sesionaban para avalar propuestas del Congreso o para desincorporar predios, pero no más.
Salvo en Tijuana, donde los ediles de Morena cerraron el gobierno enfrentándose con Montserrat Caballero -por un tema político más que por otra cosa-, la mayoría de los cabildos fue intrascendente, utilizada solamente para avalar proyectos cuestionables y con sospechosos tintes de corrupción como el contrato plurianual de luminarias para Ensenada.
Lo mismo ocurrió con los concejos fundacionales: en San Felipe tuvieron tres años para diseñar la estructura de un gobierno, pero no pudieron crear un sólo reglamento interior; en San Quintín, sus dos cuentas públicas fueron rechazadas en la Auditoría Superior por malos manejos, desde pagos de aguinaldos ilegales, hasta falta de comprobación de viáticos. Lo anterior, frente a los ojos de cuerpos colegiados cuya principal responsabilidad es aprobar reglamentos, presupuestos y fiscalizar el gasto público.
La falta de acción de los cabildos ha provocado también que los gobiernos no tengan rumbo definido en temas relevantes, como el otorgamiento de mejores servicios públicos o de mayores recursos para seguridad, compra de patrullas y alumbrado público.
Por ejemplo, Mexicali, que en lugar de tener cubiertos los servicios al 10 por ciento, tiene la construcción de un cocinero chino de 25 metros impulsado por el Estado, pero erogado por el gobierno municipal sin que un solo regidor levantara la mano para oponerse o cuestionar el manejo del recurso público.
Mexicali y Tijuana se encuentran en una severa crisis de seguridad, los primeros por la falta de equipamiento y recurso, además de una reducción de equipo y de policías en los últimos tres años; mientras que los segundos por el complejo problema generado por cárteles de la droga que se disputan el territorio. Pero desde los cabildos no ha salido ninguna propuesta, ningún plan, ningún proyecto.
Los nuevos gobiernos instaurados el 1 de octubre tienen la oportunidad de romper con el letargo de estos cuerpos colegiados y responder a las necesidades de la ciudadanía, aunque sin duda se encuentran en diferentes escenarios, pues mientras en Tijuana todos se desviven por ser parte del equipo de Ismael Burgueño, en Mexicali, tanto regidores de Morena como el síndico Óscar Vega Marín, son considerados servidores de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para mantener en regla a la alcaldesa Norma Bustamante; o también lo que se viene con Tecate, donde Román Cota se inventó una figura de “regidirectores”, con la que pretende inventar un ejercicio que -pareciera- resulta ilegal e incluso peligroso en la distribución del poder.
Cada municipio contempla un escenario político diferente, pero en los siguientes tres años, todos tienen la oportunidad de demostrar que de verdad están interesados y ocupados en mejorar el bienestar de las familias que los eligieron y brindarles los servicios que necesitan, incluso si representa entrar en conflicto con quienes gobiernan.
La seguridad será el principal reto y, salvo los municipios de San Felipe y San Quintín, donde la oposición votó en contra de los nuevos directores, el resto de los titulares de Seguridad tuvieron el respaldo de los ediles.
Ojalá entiendan que la responsabilidad del Cabildo en materia de seguridad va más allá de nombrar cada tres años a un mando policial. Que se dediquen a mantener limpias las ciudades, con sistemas de alumbrado eficientes, calles pavimentadas y con buen mantenimiento, policías cuyo trabajo preventivo-reactivo, y sus tiempos de respuesta permitan la reducción de la incidencia delictiva. Que controlen el ambulantaje, que hagan de los parques espacios seguros, en lugar de buscar proyectos de relumbrón con miras a nuevos puestos en el futuro.
