Vecinos que habitan en la zona de Cerro Colorado en San José del Cabo llevan poco más de un año luchando para retirar a dos cementeras que fueron instaladas con la venia del Ayuntamiento de Los Cabos; afirman que, de forma arbitraria, operan y están generando estragos en la salud.
Hace un tiempo se inició el desarrollo denominado Armonía, pero éste fracasó y se canceló: según, la primera concretera se colocó para suministrar a ese conjunto habitacional, pero con el paso del tiempo tronó y las oficina de ventas quedaron en total abandono; sin embargo, la concretera siguió allí y se le sumó una más. Desde entonces los habitantes han presentado varios oficios que no han sido atendidos.
Angélica Rojas, quien vive en San José del Cabo en Vista Colorada, uno de tantos conjuntos habitacionales en la zona de Cerro Colorado, aseguró que son muchos los problemas que está generando la industria minera instalada a escasos 500 metros de sus casas.
“Esa concretera es de ‘Con K Mex’, ya estamos seguros porque vemos los camiones que pasan y pasan; la única ruta para salir de ahí, hacia la Transpeninsular, cruza Ladera, Vista Colorada, Antigua Dorado Hills, Edificio Trigo, y uno nuevo que están construyendo, es pura zona residencial de familias. Nos afecta porque ahora los camiones pasan, los trompos como locos, y a veces desde las 5:30 a 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche y casi 10 bajando un trompo; o sea, no hay ningún respeto con horarios, ningún respeto con las vialidades, cuando pasa un trompo deja los chorros de cemento a lo largo”, señaló Angélica, que también representa a los colonos de las diferentes asociaciones de vecinos.
El principal reclamo de los habitantes es que las dos concreteras fueron instaladas en una zona catalogada como RT0 (zona Residencial Turística) en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU); así está estipulado y no lo respetó ni la administración saliente del Ayuntamiento de Los Cabos.
Así como las autoridades no reconocen el impacto que está generando a las familias que habitan en Cerro Colorado, refieren que también hay un impacto ambiental y que no ha sido tomado en cuenta por las autoridades de los tres niveles de gobierno.
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“Lo que es la flora y la fauna ya se le echaron; el ruido, pues lógico va a espantar todas las clases de vida animal que vive por ahí. Indagando con el Ayuntamiento ya tenemos un grupo de un comité, que son los que nos estamos moviendo representando a los diferentes fraccionamientos, y fuimos con el señor Campas y le dimos un oficio; fuimos con el señor Leggs presentamos otro oficio; fuimos con el señor Higuera en Secretaría General presentamos el otro oficio, al Cabildo, y después presentamos otro adicional con 180 firmas y no hemos tenido acercamiento de parte de ellos”, explicó Angélica Rojas.
Lo peor es que los mismos responsables de vigilar y controlar las construcciones en el municipio de Los Cabos sólo reconocen que hay un problema, pero a la hora de hacer verificaciones e inspecciones, ignoran lo que está escrito en la Ley y otorgan los permisos.
“Fui a Planeación Urbana y tuve la suerte de encontrarme en el estacionamiento Campas, sí, señora, le comenté del uso de suelo, RT0, residencial turístico; esos terrenos no tienen un fin industrial, y me dijo él, palabras textuales: ‘Sí señora, es verdad, esa zona no es de uso industrial, es residencial turística; vamos a ver eso, voy a mandar un inspector’… eso fue hace como 12 días y total todavía nada”, lanzó Rojas.
Las asociaciones de vecinos que representan a por lo menos cinco conjuntos habitacionales, y también del Centro Escolar Picacho McGregor, están en la búsqueda de entablar una reunión con la síndica municipal, Nélida Dolores de Martina Alfaro para hacer una revisión legal de la documentación.
Indicaron que primero hay que conocer al arrendador del terreno y también a los encargados de las cementeras que están operando, sin embargo, lo más importante es quién autorizó su operación en la zona residencial turística.
“De acuerdo al uso de suelo, es totalmente incorrecto que hayan permitido eso; ahora me recomendó el señor de Ecología, me dijo: ‘¿Por qué no habla con el Síndico nuevo?, porque cualquier permiso, autorización o cambio de uso de suelo, debió haber pasado por el Síndico, entonces él es el encargado de ver si hubo legalidad en esos permisos o hubo ilegalidad’. Ese es uno de nuestros objetivos: ir con los nuevos y entre ellos el Síndico, porque él es la Ley; el Síndico es por quien pasó todo esto y él debe indagar si hubo ilegalidad de parte del Cabildo o de parte de licencias o por desarrollo urbano, o por donde haya habido”, detalló la representante de los colonos de Cerro Colorado.
CON K MEX LA AMENAZA DE CERRO COLORADO
La empresa que se ha instalado en el Cerro Colorado y que según vecinos representa una amenaza a su tranquilidad, al medio ambiente y la salud, se trata de Con K Mex, S. de R.L. de C.V. Una sociedad comercial que fue constituida el 3 de marzo del 2016 en Los Cabos para la fabricación y venta de concreto premezclado, la adquisición, enajenación, producción, elaboración, transformación, acabado, importación, exportación, distribución, fabricación y el comercio en general de toda clase de materiales para la construcción, entre otros.
En un inicio la empresa fue conformada por Cuauhtémoc Edgar Velázquez Fierro, Jorge Antonio Aragón Karamanus (que también es el gerente general) y Ramón Humberto Acosta Durán.
Pero desde el 28 de julio del 2022 estos accionistas participan a través de empresas, quedando conformada la sociedad con la integración de las empresas: Concretos y Triturados del Pacifico S. de R.L. de C.V.; Colocadores Peninsulares de Concreto S. de R.L. de C.V.; SISAE Desarrollos S. de R.L. de C.V.; y Operadora Legacy S. de R.L. de C.V.
Al respecto, el Gobernador Víctor Castro Cosío hizo un llamado al Alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, para que intervenga de inmediato.
“Que sea una intervención inmediata, miren: si dejamos crecer, nos va a pasar lo que ha pasado, de que se dan concesiones y se van haciendo más grandes. Creo que es importante ya hacer un alto y ver con Conagua, con Semarnat, hacer una revisión; incluso que acudan ustedes y veamos dónde y quién está violentando la Ley, por qué no se actúa. En el arroyo que sea, en cualquier parte, cuidemos nuestro medio ambiente categóricamente”, expresó Víctor Castro.
El mandatario estatal sostuvo que nadie puede estar por encima de la Ley, y si existen instrumentos legales de desarrollo urbano, a esos son los que se tienen que ajustar todos los Ayuntamientos y sus Cabildos; y en caso de permisos malintencionados, serán los ciudadanos quienes decidan qué hacer.
Mientras tanto, hizo el llamado a las autoridades cabeñas para que revisen a detalle las solicitudes de los habitantes de Cerro Colorado y dar un veredicto final.
“Declaré que nadie podía estar por encima del patrimonio ambiental; que pueden ser legítimos propietarios de la tierra, pero no son propietarios del destino de ustedes, de los más jóvenes, de nuestra patria chica. Y no podemos permitir megadesarrollos, dije, inmobiliario, minero, etcétera, que no se ajusten al imperio de la Ley. Pero que se hagan bien las cosas”.
José Manuel Larumbe Pineda, primer regidor del Ayuntamiento de Los Cabos, externó su preocupación por ésta y muchas otras autorizaciones que hicieron sus antecesores, pero reiteró que habrán de revisar cada una de las solicitudes, y de encontrar permisos otorgados por encima de la Ley, tendrán que actuar en contra de los funcionarios involucrados.
Sobre todo, hay que ver es si las autorizaciones pasaron primeramente por el Cabildo, quién o quiénes lo autorizaron y tratar de revertir los permisos, ya que los particulares podrían ampararse, como ya ha ocurrido con autorizaciones brindadas por otras administraciones y que han dilatado la acción de la justicia.
“Ya lo comentó nuestro amigo alcalde, que el tema del PDU lo vamos a revisar; ya nos comprometimos a hacer un trabajo en equipo y que no pasen otros tres años y que no se pueda actualizar. Sí lo vamos a trabajar y lo vamos a hacer muy bien, pero necesitamos revisar los temas primero, antes de poder emitir una opinión, tenemos que revisar el tema. Y dependiendo de la revisión, pues ahí se tiene que emitir lo que se tenga que hacer, pero se va a hacer siempre consenso, y sobre todo por el bien de Los Cabos”, indicó el regidor municipal.
LOS DAÑOS
En los diferentes documentos entregados al Ayuntamiento, al Cabildo y diferentes encargados del desarrollo municipal, los asociados de diferentes colonias expresaron su malestar y el temor por los riesgos que estas empresas de extracción mineral y conformadoras de concreto generan para el ambiente, la salud y la tranquilidad de por lo menos 600 familias.
“Tengo sinusitis y rinitis, y aparte alergia, que sí la he visto incrementada. Casi 600 familias son las afectadas más o menos; de la concretera al Colegio McGregor, son 400 metros, operando una concretera con 600 alumnos a 500 metros, y aparte el hospital”, explicó Angélica Rojas.
Además enumeraron lo que ellos consideran lo más importante que debe despertar la inquietud de las autoridades, así como ellos lo han plasmado:
1.- Impacto Ambiental: Las concreteras y cementeras están causando un aumento en el nivel de polvo, ruido y contaminación en la zona, afectando la calidad del aire y la salud de los residentes.
2.- Problemas de Tránsito: La entrada y salida de camiones pesados y maquinaria para las actividades industriales están congestionando las vías de la zona, que no están diseñadas para soportar este tipo de tráfico.
3.- Valor de Propiedad: La presencia de estas instalaciones industriales puede reducir el valor de las propiedades residenciales y comerciales en la zona, afectando negativamente a los propietarios e inversionistas locales.
4.- Cumplimiento de la Normativa: La instalación de estas concreteras y cementeras en una zona restringida para actividades industriales representa una violación a la normativa de uso de suelo, lo cual debe ser corregido para garantizar el respeto a la zonificación establecida.
Dijeron que la información ya ha sido entregada al propio Christian Agúndez Gómez, y esperan que pronto se retomen las reuniones para seguir en la lucha por desterrar a estas concreteras, y que el Ayuntamiento no tome partida abriendo la puerta a proyectos industriales que lastiman a los colonos.
“El oficio que presentamos, lo tenía copia dirigida al señor Agúndez; todo lo que presentamos le pusimos copia para él para cuando llegara, sin embargo, también Ecología ya vino de parte de la señora Rosario, que ya salió, pero nos hizo el favor de mandar un inspector, un licenciado muy amable. Y también nos dieron un número de reporte, porque van a mandar también una inspección para ver el impacto ambiental que están teniendo, porque la concretera de abajo está a 500 metros de nuestras ventanas; o sea, estuve investigando y el impacto que tiene en la salud y en la calidad del aire de una concretera y es muy alto: los polvos que emite son dañinos para la salud, y eso se lo mencioné al señor de Ecología y Medio Ambiente”, reiteró la denunciante.
La asociación de colonos revelaron que cuentan con los planos de uso de suelo de la zona, y con esto nadie puede desarrollar de manera distinta a lo ya establecido; si no, sería algo ilegal, y con un instrumento de esta naturaleza, cualquier actividad fuera de lo establecido es violatorio de las leyes que rigen al municipio de Los Cabos y se debe actuar.
“Tenemos todos los planos del uso de suelo, y perfectamente está definido que toda esta zona es residencial turístico y no industrial. Apelamos a que las autoridades hagan su trabajo y que analicen este asunto, y que quiten las dos concreteras lo antes posible”, finalizó la Asociación de Vecinos de Vista Colorada Residencial
