Yonkeros, carroceros y dueños de talleres reclaman ser extorsionados por elementos de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la FGE
En los últimos tres años, en Baja California se han denunciado un promedio de 970 autos robados por mes, uno de los delitos de mayor incidencia en la entidad, con 12 mil 353 unidades sustraídas en 2022; 11 mil 563 durante 2023 y 7 mil 597 en los primeros ocho meses del año en curso.
A finales de septiembre, la Policía de Tijuana informó la recuperación de 7 mil 673 autos robados en tres años, aproximadamente 2 mil 560 por año. En el mismo periodo, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) reportó que entre enero y septiembre del presente año, recobraron otros 580 vehículos. Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró a través de un comunicado que se recupera el 60 por ciento de los vehículos con reporte de robo, ellos han encontrado 620 en el año, y han realizado alrededor de 70 cateos.
Orgulloso, un integrante de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California comentó con ZETA la incorporación de las Unidades de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la FGE. El proyecto trata de reducir la incidencia delictiva, particularmente la homicida, con énfasis en Tijuana, que acumula casi el 80% de las muertes violentas.
A partir de que prácticamente el 100% de los operativos homicidas son perpetrados por sicarios en autos robados que atraviesan impunemente las ciudades, incluso transportando armas, drogas y cadáveres, completos o fraccionados, alrededor de los meses de julio y agosto aumentaron operativos, presumiendo el funcionario muy buenos resultados.
Al respecto, yonkeros, carroceros, dueños de talleres de pintura, talleres mecánicos y recicladoras, también se contactaron con ZETA para denunciar abusos, extorsiones y la fabricación de cargos criminales, incluso mostraron videos para probarlo.
El modus operandi es sencillo: efectúan operativos en diferentes delegaciones, alrededor de tres por zona. Llegan a los lugares a veces con órdenes de cateo, pero también sin ellas, allanan los inmuebles y buscar carros robados, si no descubren alguno, lo inventan, y ese el problema; a veces se roban las grabaciones de las cámaras de seguridad y al final ponen engomados, asegurando los locales y cerrando los negocios.
Después informan a los propietarios que deben pagar una cantidad mensual para reabrir y mantenerse funcionando., sin importar si encontraron o no autos robados en el interior.
Si hay detenidos, usualmente son los empleados, nunca los dueños, porque con ellos negocian.
Sin embargo, los afectados se niegan a presentar denuncias ante Fiscalía de Contraloría y Visitaduría con el licenciado José Antonio Lozano Blancas, bajo el argumento de que “son los mismos y ya sabemos que se tapan”, además, “tratamos de resolver y nos dimos cuenta que no es un tema de los agentes investigadores, las extorsiones salen de los jefes en las oficinas”. Mencionan a una mujer que es coordinadora y encabeza las extorsiones.
Dijeron estar acostumbrados a la corrupción, que el conflicto lo tienen con el aumento en el importe del cobro de extorsiones: “No hay una cuota fija, la establecen según las ganancias que le calculen al negocio” (…) pero se pasan, porque los cobros han pasado de mil a 2 mil, 5 mil, 8 mil y hasta 10 mil dólares mensuales (…) El año pasado también cobraban, pero ahora andan desatados”.
Al final, usualmente deciden pagar para reabrir su fuente de ingresos, y quienes se acercaron al Semanario, refieren que en su caso no encontraron autos robados, y en los que sí, el argumento fue: “Si me traen un auto a reparar, yo no puedo saber si es o no robado”.
Durante años, negocios como esos que hoy están siendo cateados, han sido señalados de colaborar con células delictivas. Instalaciones, empleados y hasta propietarios, han sido baleados.
Efectivamente, a lo largo del tiempo cientos de autos robados han sido localizados en yonkes, recicladoras, talleres, en servicios de auto lavado y detallado, pero esto también ha sido aprovechado para que los funcionarios extorsionen.
En fechas recientes, ZETA cuestionó en la fiscalía, respecto a casos de yonkes clausurados en varias ocasiones a los cuales se les permitía reabrir: ¿Por qué no fincan cargos a los propietarios? Un fiscal aseguró que se les investiga como responsables por la “obtención y custodia del auto”, pero cuando se le cuestionó si en este gobierno alguno ha sido procesado, admitió que ninguno. Mientras del lado de los presuntos investigados, la versión es que sólo están siendo extorsionados, compren o no robado.
Pero como en la mayoría de los delitos de extorsión -con el agravante de que en esta ocasión los presuntos responsables señalados son agentes investigadores-, como las víctimas tienen miedo de denunciar, la fiscalía evade su responsabilidad de investigar.
