Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, presentó, el 7 de octubre de 2024, una controversia constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF)m misma que fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Unión (SCJN), siendo turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Según la lista de notificaciones del máximo tribunal constitucional, se trata de la controversia 286/2024, que fue presentada por el Gobierno de Guanajuato contra el Congreso de la Unión y las legislaturas locales que aprobaron la reforma judicial.
El mismo día, con 8 votos en contra y 3 sufragios a favor, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron no desechar la consulta de la reforma judicial, proyectos que habían sido propuestas por Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, pero que fueron desechados al estar declarados sin materia, al versar sobre aplicación de medidas cautelares.
Durante la sesión del 7 de octubre de 2024 fueron discutidos los 3 proyectos de Esquivel Mossa (5/2024, 6/2024 y 7/2024), los cuales propusieron desechar las solicitudes de consulta, para analizar las controversias presentadas contra la reforma al PJF y que establecían que la consulta era procedente, pero no las solicitudes para analizar la constitucionalidad de la reforma.
Sin embargo, González Alcántara Carrancá señaló que las peticiones de los juzgadores debían ser procesadas y tramitadas, ya que la ministra señaló que había antecedentes en el que la SCJN había sometido a escrutinio reformas al texto constitucional: “el tribunal constitucional no puede rehuir a su papel de guardián último del texto supremo”.
Loretta Ortiz Ahlf aseguró que estaba a favor del proyecto, pero porque consideraba que la SCJN no podía revisar el fondo de la reforma, ya que, según la ministra, se estaba actuando de forma discrecional, mientras que Batres Guadarrama señaló que no tenía el alcance para someter a escrutinio el nivel constitucional.
Finalmente, al ser proyectos similares, los proyectos de Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf fueron desechados con 8 votos en contra y 3 sufragios a favor, por lo que un ministro de la mayoría debería realizar un nuevo proyecto.
Por su parte, la ministra Batres Guadarrama presentó tres proyectos (2/2024, 1/2024 y 3/2024), en donde propuso que no se podía aplicar medidas cautelares a controversias por la reforma al Poder Judicial de la Federación.
Dicha ministra aseguró que la aplicación de medidas cautelares sólo podrían actuar de acuerdo a la normatividad y que, según ella, no había en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de la SCJN, algo que facultara a la Presidencia del máximo tribunal constitucional, tomar medidas cautelares derivado de controversias, ni permitía aplicar figura de suspensión en la Ley de Amparo.
Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó al ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, la controversia en la que determinaría si podría revisar la reforma judicial y, en su caso, matizarla o anularla, en base al artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, mismo que la facultaba para resolver conflictos al interior del PJF y velar por su autonomía e independencia.
